El alcalde de València, Joan Ribó, este martes. Foto: AYTO DE VALENCIAVALÈNCIA. La magistrada del caso Azud, que mantiene como principal acusado al abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de València Rita Barberá, como presunto autor de los delitos de blanqueo de capitales y tráfico de influencias, emitió este martes un auto desestimando la personación del Ayuntamiento de València como acusación particular "al ser prematura dicha personación" puesto que, "en la presente causa, que es secreta, no aparecen indicios de la lesión de los intereses del Ayuntamiento de València".
El fiscal Anticorrupción por su parte, también se negó a aceptar la personación como acusación del ayuntamiento. En su razonamiento, el Ministerio Fiscal explicaba que, además de las presuntas lesiones al Ayuntamiento que de momento son inexistentes, tampoco un ayuntamiento jamás podría ser acusación para "defender los intereses generales de los ciudadanos" como decía el escrito de solicitud de personación, puesto que, como se indicó en su escrito, el consistorio podría ser acusación particular si la lesión de erario fuera directa, pero nunca para una defensa general de intereses.
Por el momento, los delitos imputados a Corbin, blanqueo y tráfico de influencias, no afectan al ayuntamiento. Otra historia muy diferente sería que, finalmente, se pudiera acreditar una malversación de caudales públicos, hecho que sí que afectaría directamente al consistorio.
Pero a todo ello hay que sumar algo más grave. Si finalmente se imputa a un funcionario del ayuntamiento -de momento no hay ninguno investigado, pero no se descarta que se acabe imputando a alguien-, el consistorio podría ser declarado responsable civil subsidiario, por lo que debería afrontar las posibles responsabilidades civiles y, por tanto, sería una parte más implicada y no podría ser acusación.
Esta misma situación ya se vio en el caso Taula, donde el Ayuntamiento de València no pudo actuar después de que la Audiencia Provincial rechazara la personación con estos mismos argumentos.
Este revés judicial para el Govern de la Nau salió a la luz el mismo día que la magistrada instructora del caso Azud ordenó la puesta en libertad de José María Corbín, que llevaba preso desde el pasado día 4 de abril.
En su auto, la juez argumentó que, a día de hoy, ha disminuido de forma "tan notable" el riesgo de que el investigado pueda manipular, destruir o adulterar cualquier elemento probatorio que es necesario modificar su situación. Aunque el imputado seguirá sin pasaporte y deberá comparecer el primer y el tercer jueves de cada mes a firmar en el juzgado.
En la operación Azud, además de los contratos, la Guardia Civil también investiga diversas recalificaciones y reclasificaciones de terrenos de las que el ahora preso habría cobrado en 'especie'. Fuentes cercanas a la investigación explicaron que varios contratistas le habrían pagado, por un lado, con pisos, y por otro, con la venta de inmuebles muy por debajo de su valor real.
El dinero total que el cuñado de Rita Barberá habría obtenido con este 'negocio' paralelo habría superado los 4 millones de euros. José María Corbin, supuestamente acumuló ese dinero a base de mordidas de contratistas del Ayuntamiento de València al menos desde el año 2006, es decir, los últimos tres mandatos de Barberá al frente del Consistorio.
No es la primera vez que el nombre de Corbin rozaba, y muy de cerca, un caso de corrupción. En el caso Taula, donde ejerce de abogado de la principal imputada por la pieza del 'pitufeo', la exsecretaria del grupo municipal popular Mari Carmen García-Fuster, una de las testigos explicó que Corbin cobraba 3.000 euros al mes por asesorar a Laterne, la supuesta empresa pantalla de la financiación irregular del PP de Barberá.
