VALÈNCIA. Comienza el mandato y el equipo de gobierno municipal de València ya se ha puesto a trabajar en la elaboración de los presupuestos municipales para el próximo ejercicio, que previsiblemente incluirá notorias novedades en cuanto a impuestos se refiere, como el incremento de la tasa de alcantarillado o la nueva tasa al alquiler de vehículos compartidos -sharing-.
Pero además, el Govern del Rialto conformado por Compromís y el PSPV-PSOE estudia incluir en las cuentas de 2020 un recargo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los grandes tenedores de viviendas vacías que ascenderá a entre un 15% y un 20%, según cálculos de la concejalía de Hacienda que dirige el edil Ramón Vilar. Concretamente, se pretende aplicar a aquellos propietarios, tanto particulares como sociedades, que ostenten más de 10 viviendas en esta situación, aunque no se podrá aplicar de forma efectiva por el momento.
Se trata de una medida que el gobierno de izquierdas del Ayuntamiento de València ya puso sobre la mesa el pasado mandato con el propósito de forzar a los propietarios de bolsas considerables de viviendas vacías a sacarlas al mercado ante el incremento de los precios del alquiler que se estaba produciendo en la capital del Túria, como en tantas otras grandes ciudades. Se quería así presionar los precios a la baja por el aumento de la oferta en el mercado.
No se llegó a realizar el pasado mandato, y fue una de las propuestas de la campaña electoral. Los socialistas la incluían en su programa, no así Compromís. Eso sí, ambas fuerzas la dejaron reflejada en el acuerdo de gobierno -el Acord del Rialto-, y este mandato sí se prevé aplicar, aunque deberá esperar a un decreto de la Generalitat Valenciana, concretamente de la conselleria de Vivienda que dirige Rubén Martínez Dalmau.
La Ley de Haciendas Locales ya prevé la posibilidad de aplicar este recargo en el IBI desde 2004 "tratándose de inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente" y fija que pueda alcanzar hasta el 50% e incluso que pueda haber varios recargos dependiendo de la duración en el que dichas viviendas estén vacías.
Ahora bien, esta norma estatal era en la práctica inaplicable porque no definía el concepto de vivienda vacía -"inmueble desocupado" es el término jurídico-. Pero este mes de marzo, el Real Decreto de medidas sobre vivienda y alquiler aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez en uno de sus "viernes sociales" modificó la Ley de Haciendas Locales introduciendo que será una normativa estatal o autonómica de vivienda la que defina qué es un inmueble desocupado.
Es decir, como no hay ninguna normativa estatal que defina el concepto -el Gobierno socialista quería hacerlo en una Ley de Vivienda que no llegó a salir a la luz-, este recargo únicamente se podrá aplicar en aquellas comunidades autónomas que hayan abordado el asunto en sus respectivas normativas autonómicas. Y para desgracia de los gobernantes de València ciudad, la valenciana está a medio camino.
En realidad, la Ley valenciana de función social de la vivienda aprobada en 2017 sí que se describe este término. Así, se considera deshabitado un inmueble que no se destine de forma efectiva al uso residencial y que generalmente esté desocupado de forma continuada durante al menos dos años. También se podrán tener en cuenta otros indicios como datos del padrón municipal, el suministro y consumo de electricidad y agua, declaraciones tributarias o declaraciones de vecinos, entre otros.
No obstante, señalan en la conselleria de Vivienda, todavía es necesaria la aprobación de un reglamento autonómico en forma de decreto que desarrolle la cuestión y en el que ya se está trabajando. Cuando éste salga adelante será el momento en el que el consistorio estará respaldado jurídicamente para aplicar el mencionado recargo. Y según apuntan en la administración autonómica, se espera que esté listo a finales de año, con lo que en 2020 podría entrar en vigor.
Es por ello que el Ayuntamiento de València dejará suspenso este recargo hasta que la administración autonómica consume el diseño de dicho reglamento. Por tanto, el recargo se incluirá en las ordenanzas fiscales de 2020, pero junto a una suerte de moratoria para retrasar su aplicación efectiva "una vez la Generalitat haya definido el concepto de piso vacío", señalan fuentes consistoriales.
Cada vez son más los municipios que penalizan fiscalmente las casas deshabitadas. En 2008 eran 175 localidades y el pasado año alcanzaban los 219 en comunidades autónomas que ya han abordado esta cuestión: Andalucía, Baleares, Canarias, Extremadura, Navarra y Cataluña. Son municipios como Barcelona, Sevilla o Córdoba.
Uno de los casos más paradigmáticos es la comunidad de Cataluña. En la ciudad condal se ha fijado el máximo, el 50%, y también se aplica este plus en otras localidades catalanas como en l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Terrassa, etcétera. Pero además de ello, Barcelona quiso introducir una tasa específica independiente del IBI para gravar las viviendas desocupadas. Una medida que la Sareb recurrió y cuya nulidad declararon primero el Tribunal Superior de Justicia catalán y después el Tribunal Supremo.
Ahora bien, el caso de València no es este, puesto que el recargo que quiere implementar el gobierno municipal se circunscribe únicamente al IBI. Eso sí, esperará al decreto autonómico.