VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València ya prepara 6,7 millones de euros para indemnizar a la empresa Inmobiliaria Guadalmedina (Igsa) por el conocido como 'pelotazo' de Tabacalera, una operación urbanística aprobada por el gobierno municipal de Rita Barberá anulada en los tribunales y que ya empieza a costar dinero a las arcas municipales. La comisión municipal de Hacienda prevé aprobar este lunes una modificación de crédito: echará mano del fondo de contingencia para pagar la 'deuda' que mantiene con Igsa por la operación anulada.
Hay que echar la vista atrás, hasta 2005, para entender el conflicto. Entonces, el consistorio aprobó un convenio urbanístico con la promotora de manera que la empresa entregó al Ayuntamiento el edificio central de la Antigua Fábrica de Tabacos a cambio de una parcela en Plaza América para construir viviendas. Además, abonó al consistorio 14,4 millones de euros, -13,5 a cambio de la recalificación a uso residencial de dos solares posteriores a Tabacalera, resultantes del derribo de las naves posteriores del complejo industrial y 0,8 millones por la diferencia de valor entre los edificios permutados-.
Sin embargo, un recurso de la plataforma Salvem Tabacalera acabó con una sentencia del Tribunal Supremo que anuló la operación por la desprotección de las naves industriales posteriores. La sentencia llegaba cuando casi todo estaba hecho: las naves se habían derribado, el Ayuntamiento ya usaba la antigua fábrica como oficinas municipales e Igsa ya había construido y vendido los pisos sobre la parcela en Plaza América y en uno de los dos solares posteriores a Tabacalera en la calle Micer Mascó -el otro quedó sin edificar-.
En ese sentido, la madeja urbanística en la que se había convertido el 'pelotazo' ya era muy difícil de revertir. Para ello, habría que desalojar al consistorio de la antigua fábrica y a los vecinos de las fincas construidas por la empresa. Algo inasumible. Por ello, sólo queda liquidar el convenio suscrito en 2005 y que también fue anulado por la justicia.
Para ello, la solución planteada por la concejalía de Urbanismo, que en ese momento dirigía el socialista Vicent Sarriá, fracasó. Se pretendía, en lugar de indemnizar a Igsa por la parcela donde no podría edificar en Micer Mascó, trasladar la edificabilidad no consumada por la promotora en el solar baldío "a otro punto de la ciudad con valor urbanístico similar", y el sitio elegido fueron dos pastillas de suelo público ubicadas en el barrio de Penyaroja, que se recalificaron a residencial para entregárselas a la constructora en compensación.
Con ello, el Ayuntamiento de València evitaba tener que compensar a la empresa con dinero, al pagar en especie -el suelo-. Todo ello sin que se hubiera firmado ningún acuerdo en el que Igsa aceptara dicho suelo. Sin embargo, los problemas empezaron cuando la medida consistorial llegó a oídos de los vecinos de Penyaroja, que veían cómo dos pastillas calificadas como suelo educativo y de zona verde pasaban a ser suelo residencial para construir fincas
Así pues, la plataforma vecinal de Penyaroja, creada ante este conflicto, recurrió la solución del Ayuntamiento, y finalmente la juez tumbó la solución ideada por la concejalía de Urbanismo, arguyendo que si la operación de Tabacalera había sido tumbada por la justicia en 2017, no existía ninguna edificabilidad que se pudiera trasladar. Y aunque tendrá que volver a juzgar el caso por un fallo procedimental, se espera que el fallo definitivo sea en la misma dirección.
Tanto Gómez como el alcalde, Joan Ribó, ya han desechado esta solución y, por ello, optan por pagar en metálico a Igsa en lugar de en suelo tras el último fallo desfavorable. Así pues, para la liquidación del convenio, el Ayuntamiento ya prepara fondos para pagar. "Se requiere consignación presupuestaria por un importe de 6.755.760,72 euros, que es la previsión inicial que se propone abonar por el Ayuntamiento a la mercantil IGSA", explica el servicio de Asesoramiento Urbanístico en uno de los informes que acompañan a la modificación de crédito.
La actual concejala de Urbanismo, Sandra Gómez, subraya en la memoria justificativa "la imposibilidad" de demorar este gasto "a ejercicios posteriores" a la vista del "perjuicio que se derivaría" de no hacerlo. Aunque hay que recordar que el Ayuntamiento asumió el pago de 24 millones en total frente a los 50 que reclamaba la promotora.
Según explicó la edil en su momento, el consistorio no está dispuesto a asumir la totalidad de la "pretensión disparatada" de Igsa, que a su juicio estaría intentando "duplicar el pelotazo" al exigir el pago por el edificio de Tabacalera sin tener en cuenta en la ecuación el solar de Plaza América que adquirió la promotora.