VIviendas en el Cabanyal. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. No todo son bondades en las restricciones que se introducirán en el Plan Especial de Protección del Cabanyal-Canyamelar (PECC). Algunas de ellas, si bien pretenden preservar el carácter genuino del barrio marítimo, tendrán contrapartidas para la ciudad y para la administración pública. Por ejemplo, en cuanto a vivienda pública, uno de los ámbitos de actuación clave en el que quiere intervenir el Ayuntamiento de València.
Así, según estimaciones de la concejalía de Urbanismo, que dirige Sandra Gómez, se podrían perder en torno a 150 viviendas de propiedad pública. Inmuebles que se verán afectados por una de las limitaciones que tras el pasado período de información pública se incluirá en las normas urbanísticas del barrio: cuando se apruebe el Plan, se limitará las alturas de los edificios de nueva planta a dos pisos y la planta baja. Por ahora, en la delegación trabajan a contrarreloj para acabar de redactar la nueva versión del Plan de cara a la aprobación en el Pleno de marzo de su segunda exposición pública
Hasta el momento, según explican fuentes municipales, el umbral máximo se fijaba en las cuatro plantas, además del bajo, pero entre las alegaciones que presentaron las asociaciones vecinales del barrio se encontraba la petición de endurecer esta restricción y así, no sólo se salvaguardaba la estética de la almendra del barrio marítimo, sino que también se impedía que los nuevos edificios pudieran actuar como una suerte de pantalla de cara el mar.
Finalmente, el Ayuntamiento de València y en concreto esta delegación, anunciaron que aceptarían rebajar las alturas máximas, medida que se pretende incluir en la versión de marzo. Con lo que a partir de su entrada en vigor, las nuevas construcciones no podrán superar las dos plantas, sin contar la planta baja. Y a menos plantas, menos viviendas posibles, con lo que a la postre, esto no sólo acabará impidiendo una mayor edificabilidad para los propietarios privados, sino que también bloqueará que en solares públicos la administración pueda desarrollar su parque de vivienda conforme a su actual potencial.
Uno de los casos más paradigmáticos, y que podría servir de ejemplo, es el de los Bloques Portuarios. Como se decidió hace ya más de un año entre el Ayuntamiento y la Generalitat Valenciana, se quiere consumar la sustitución de estas edificaciones, con más de 168 viviendas -77 de ellas, públicas-, por otras nuevas. Es decir, demoler las actuales y construir otras nuevas en un suelo cercano. Ahora bien, lo que se había acordado era que estas nuevas fincas, especialmente las que iban a ser de propiedad exclusivamente pública, tuvieran cuatro alturas y unas 120 viviendas de protección pública.
Algo que, tras introducir la modificación en las normas urbanísticas del Plan, será imposible a todas, todas. Y en este contexto, en la delegación de Gómez auguran una pérdida de vivienda que se quería destinar al mercado del alquiler y que todavía está por concretar, puesto que acabará dependiendo de si se modifica la huella planteada para estos edificios y cuántos pisos podrán albergar.
Según explicó hace medio año el gerente de la mercantil pública Plan Cabanyal -participada por las administraciones autonómica y municipal-, Vicent Gallart, se encuentran en manos de las instituciones 172 solares, de los cuales 35 ya tenían entonces proyecto. En este sentido, parte de los nuevos edificios que en ellos se quieran implantar con vistas a albergar vivienda pública se verán afectados por el nuevo umbral que limita las alturas a dos plantas, de ahí la merma en potenciales pisos de la administración.
Y mientras, por un lado, en la fachada marítima se reducen las viviendas municipales que se podrían construir, el consistorio subraya su compromiso por influir en el mercado de la vivienda, en especial en el del alquiler. Actualmente la empresa pública Aumsa tiene en propiedad 598 viviendas en toda la ciudad, de las cuales 473 están en alquiler, dos en proceso de venta y otras 123 en alquiler con opción a compra de sus inquilinos. Unas cifras del todo insuficientes en una ciudad como València si se quiere influir en los precios del alquiler, para lo que se requiere una mayor oferta pública que pueda presionar a la baja el mercado.
Por ejemplo, Aumsa tiene en marcha un Plan que pretende desarrollar este mandato para la construcción de unas 327 viviendas para alquiler asequible. Otro de los mecanismos que está llevando a cabo el consistorio es obligar a los promotores de los diferentes PAI de la ciudad a establecer un 30% de reserva del total de inmuebles para viviendas de protección pública, al que, además se suma otro 10% que pasa a ser propiedad municipal.
Y también desde la concejalía de Vivienda, dirigida por Isa Lozano, se quiere colaborar en este sentido. Es por ello que, como publicó Valencia Plaza, su delegación ya prepara los pliegos para un concurso público con el propósito de ceder ocho solares municipales a cooperativas de vivienda, que tras la construcción de los edificios, deberán sacar los inmuebles al mercado del alquiler con unos precios asequibles, previamente fijados por el Ayuntamiento. Tras un plazo también establecido, las viviendas volverían a manos del consistorio.
Y por otro lado, en Vivienda ya han empezado a trabajar en la construcción de su primera promoción de vivienda pública, después de cuatro años en el pasado mandato en el que la predecesora de Lozano, Maria Oliver, no consiguiera emprender ningún proyecto de estas características. La nueva finca se situará en pleno centro histórico, en un solar donde antiguamente se erigía un palacio gótico y donde, actualmente, se están realizando los trabajos arqueológicos previos.
