VALÈNCIA. Inicialmente se había planteado situarlo entre el 15% y 20%. Sin embargo, finalmente se ha decidido que será hasta un 30% el recargo que el Ayuntamiento de València impondrá en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas vacías de grandes propietarios.
El pasado lunes, la Comisión de Hacienda dio luz verde a la intoducción de este apartado en la ordenanza fiscal reguladora del IBI, que entrará en vigor en 2020 después de pasar todo el proceso de alegaciones y aprobación por el pleno municipal. Concretamente, se pretende aplicar a aquellos propietarios, tanto particulares como sociedades, que ostenten más de una decena de viviendas en esta situación. Con todo, todavía no hay ninguna estimación en la concejalía de Hacienda sobre cuántas viviendas en estos supuestos hay en la ciudad, por lo que se desconoce el impacto en los ingresos de las arcas municipales.
El pasado mandato, el gobierno municipal conformado por Compromís, PSPV y València en Comú (Podem) ya puso sobre la mesa la posibilidad de aplicar un recargo en este sentido con el propósito de forzar a los propietarios de bolsas considerables de viviendas vacías a sacarlas al mercado ante el incremento de los precios del alquiler que se estaba produciendo en la capital del Túria, como en tantas otras grandes ciudades. Así, con más oferta de vivienda en alquiler, se podría presionar el precio de mercado a la baja y proporcionar vivienda de alquiler más asequible.
No obstante, esta medida no se llegó a aplicar, ni si quiera a aprobar. Fue una de las propuestas en campaña el pasado mes de mayo. Los socialistas la incluían en su programa, no así Compromís. Eso sí, ambas fuerzas la dejaron reflejada en el acuerdo de gobierno -el Acord del Rialto-, y este mandato sí se prevé aplicar. Así, se introducirá en los presupuestos municipales de 2020, si bien su aplicación efectiva deberá esperar a un decreto de la Generalitat Valenciana, concretamente de la conselleria de Vivienda que dirige Rubén Martínez Dalmau.
La Ley de Haciendas Locales ya prevé la posibilidad de aplicar este recargo en el IBI desde 2004 "tratándose de inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente" y fija que pueda alcanzar hasta el 50% e incluso que pueda haber varios recargos dependiendo de la duración en el que dichas viviendas estén vacías.
Ahora bien, esta norma estatal era en la práctica inaplicable porque no definía el concepto de vivienda vacía -"inmueble desocupado" es el término jurídico-. Pero este mes de marzo, el Real Decreto de medidas sobre vivienda y alquiler aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez en uno de sus "viernes sociales" modificó la mencionada norma introduciendo que será una normativa estatal o autonómica de vivienda la que defina qué es un inmueble desocupado.
Es decir, como no hay ninguna normativa estatal que defina el concepto -el Gobierno socialista quería hacerlo en una Ley de Vivienda que no llegó a salir a la luz-, este recargo únicamente se podrá aplicar en aquellas comunidades autónomas que hayan abordado el asunto en sus respectivas normativas autonómicas. Y para desgracia de los gobernantes de València ciudad, la valenciana está a medio camino. Otras como Andalucía, Baleares, Canarias, Extremadura, Navarra o Cataluña ya lo han abordado.
Uno de los casos más paradigmáticos es la comunidad de Cataluña. En la ciudad condal se ha fijado el máximo, el 50%, y también se aplica este plus en otras localidades catalanas como en l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Terrassa, etcétera.
En realidad, la Ley valenciana de función social de la vivienda aprobada en 2017 sí que describe este término. Así, se considera deshabitado un inmueble que no se destine de forma efectiva al uso residencial y que generalmente esté desocupado de forma continuada durante al menos dos años. También se podrán tener en cuenta otros indicios como datos del padrón municipal, el suministro y consumo de electricidad y agua, declaraciones tributarias o declaraciones de vecinos, entre otros.
No obstante, en la conselleria de Vivienda señalan que todavía es necesaria la aprobación de un reglamento autonómico en forma de decreto que desarrolle la cuestión y en el que ya se está trabajando. Cuando éste salga adelante será el momento en el que el consistorio estará respaldado jurídicamente para aplicar el mencionado recargo. Y según apuntan en la administración autonómica, se espera que esté listo a finales de año, con lo que en 2020 podría entrar en vigor el recargo del Ayuntamiento.
Otra de las medidas que se está planteando el gobierno municipal es la aplicación de incentivos para que propietarios, en este caso todo tipo de propietarios y no sólo los grandes, movilicen sus viviendas hacia el mercado del alquiler. Uno de ellos, como publicó Levante-EMV, es la introducción de bonificaciones en el IBI así como ayudas para realizar obras con la finalidad de que estos hogares acaben en el mercado de alquiler.
Esa es la voluntad de la concejalía de Vivienda, que lidera Isabel Lozano, quien planteará la medida en las negociaciones para el diseño final de los presupuestos, pero lo cierto es que todavía este supuesto no está incluido en la ordenanza fiscal que ha aprobado ya la comisión de Hacienda. Podrá introducirse más tarde.