VALÈNCIA. Todos los partidos políticos presentes en el Ayuntamiento de València mantienen su unanimidad en favor de la moratoria de licencias de hoteles y pisos turísticos aprobada el pasado mes de mayo por todos ellos. El pleno municipal rechazó este martes una veintena de escritos presentados para evitar la aplicación del veto temporal de un año. Una medida a la que se ha opuesto el sector, que no sólo ha acudido a la vía judicial contra la moratoria, sino que también ha empleado la vía administrativa para intentar paralizarla.
Así, 23 promotores habían remitido al consistorio en las últimas semanas sendos escritos pidiendo la anulación del veto temporal. Se trata de una docena de empresas y otros 11 particulares que remitieron al Ayuntamiento sus respectivos recursos de reposición, "cuyo contenido salvo alguna adición es prácticamente idéntico", tal como aseguran los técnicos municipales en su resolución.
Los escritos sostenían que el Ayuntamiento de Valencia había adoptado el acuerdo de suspensión de licencias "sin atenerse a ningún procedimiento y, sobre todo, sin respetar determinadas garantías de procedimiento administrativo reguladas en la Ley de Procedimiento Administrativo Común". En ese sentido, los recurrentes subrayaban que el acuerdo de la moratoria fue "contrario al ordenamiento jurídico" por saltarse el Ayuntamiento los trámites de audiencia e información pública, por lo que pedían que la decisión se declarase nula de pleno derecho.
Con todo, las solicitudes no se han acabado materializando, pues el pleno aprobó este martes el acuerdo de desestimar las alegaciones con el voto unánime de los concejales de todos los grupos municipales: PP, Vox, Compromís y PSPV.
Según el acuerdo redactado por los técnicos municipales, en respuesta a los recurrentes, con la moratoria "no nos encontramos ante un procedimiento administrativo al uso" sino ante "una medida cautelar de naturaleza preventiva y que tiene por objeto impedir con garantías de éxito que en poco tiempo se consoliden numerosas situaciones de derecho contrarias a la ordenación urbanística que finalmente se apruebe".
Así, el Ayuntamiento defiende que se ha seguido "escrupulosamente el régimen competencial y procedimental" fijado en la normativa y que no resulta "necesario trámite adicional alguno" más allá de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV). Y abunda en que la realización de trámites de audiencia o información pública "evidentemente provocarían un efecto llamada que privaría de toda eficacia a la medida cautelar, que de esta forma no podría cumplir la finalidad que le es propia".
Concretamente, el Ayuntamiento acordó "suspender la tramitación y el otorgamiento de licencias de edificación para la implantación de nuevos usos terciarios hoteleros". Una moratoria restringida a los sectores urbanos cuyo uso global sea el residencial -quedan fuera los terciarios e industriales- y que tampoco afecta a toda la ciudad: excluye a todas las pedanías, así como Ciutat Vella y el Cabanyal, cuyos planes especiales ya contienen limitaciones propias.
El veto se aprobó para un año, si bien la legislación permite extenderlo a los dos años. Un impás en el que la concejalía de Urbanismo, que dirige Juan Giner, debe cambiar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para definir la regulación urbanística del sector. Así, además de impedir nuevas solicitudes de permisos para convertir inmuebles del uso residencial al hotelero, también se suspenden aquellas solicitudes que se habían recibido con el efecto llamada durante dos meses antes, y que todavía estaban en plazo de contestación -unas 430-.