València rechaza indemnizar con 200.000 euros a las concesionarias deportivas de Malilla y Torrefiel

VALÈNCIA. Las empresas concesionarias de los complejos deportivos de Malilla y Torrefiel no cobrarán la indemnización de 200.000 euros que habían solicitado al Ayuntamiento de València. El gobierno local ha rechazado la petición de las compañías del reequilibrio económico del contrato de explotación a causa de las consecuencias de la crisis de la covid y el contexto inflacionario posterior.

Las compañía concesionaria, la UTE Trecet 10 conformada por tres empresas diferentes, había pedido al Ayuntamiento de València una indemnización de más de 232.000 euros por la reducción de abonados que había sufrido como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus. Concretamente, señalaba en su solicitud, en apenas dos años desde enero de 2020 había pasado de 6.300 abonados a 4.100 inscritos.

Una merma del 35% de usuarios que, además, se ha sumado en este tiempo al incremento progresivo de los costes a causa de la invasión rusa de Ucrania: "El sobrecoste derivado de la escalada de precios de la energía -tanto del gas como de la electricidad- ha ido mucho más allá del que se puede entender como una variación normal de precio y que tiene su origen decisiones de carácter sociopolítico a nivel mundial", explicaba la concesionaria.

A todo ello, añadía en ese sentido también que desde 2013, momento en el que se adjudicó el contrato, los precios públicos habían subido un 5,5% mientras que el IPC lo había hecho un 9,8%: "Por tanto nos hallamos ante un incumplimiento de las obligaciones del Ayuntamiento de València que da como resultado la ruptura de la ecuación financiera establecida en el momento de la contratación de la concesión del servicio", apuntaba al respecto.

Sin embargo, tras solicitar a la compañía la documentación acreditativa, el Servicio Económico Presupuestario del consistorio concluye que "no se acredita la existencia de una 'ruptura del equilibrio económico del contrato' de carácter permanente" y que el plazo concesional, en principio hasta el próximo año 2028, "es dilatado y susceptible de compensar unos resultados negativos puntuales".

Así pues, y aunque el método de cálculo de la indemnización no se considera el adecuado según los técnicos municipales, señalan que "incluso en el supuesto de la existencia de un eventual desequilibrio, la concesionaria no da diferentes alternativas para un equilibrio, limitándose a exigir una indemnización pecuniaria".

Estando el contrato vigente, concluye el Ayuntamiento, "no existe causa justificada para que proceda el reequilibrio financiero del contrato solicitado durante el año 2022, por entender que la cantidad reclamada por el concesionario entra dentro del principio de riesgo y ventura" y que quedan "más de tres años de concesión, durante los que pueden compensarse déficits puntuales". El gobierno municipal rechazó, por tanto, esta compensación hace dos semanas en la junta de gobierno local.