València rechaza revisar las facturas del Punto de Encuentro ante los retrasos de la Generalitat 

VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València no atenderá las recomendaciones realizadas desde la Agencia Valenciana Antifraude sobre la gestión del Punto de Encuentro Familiar al considerar, entre otras cosas, que los fallos administrativos, de haberlos, se han producido debido al retraso de la Generalitat Valenciana en asumir la gestión de estos centros. La concejalía de Bienestar Social, que dirige Isa Lozano, ha elevado a la Junta de Gobierno Local una propuesta de acuerdo según la cual rechaza aplicar las recomendaciones de la Agencia, entre ellas la de revisar las facturas pagadas por reconocimiento extrajudicial.

Hasta 2016, la Generalitat, el Ayuntamiento, diversos colegios profesionales y el Consejo General del Poder Judicial habían suscrito un convenio para la prestación de diferentes servicios en estos centros con la posibilidad de prorrogar el acuerdo un año. Sin embargo, la concejalía de Bienestar Social, que dirigía entonces Consol Castillo, no hizo uso de la prórroga y a partir de 2017 estos servicios se empezaron a realizar a través de encargos a los mismos colegios excepto al de Abogados, que fue sustituido por un abogado particular. Los pagos sin contrato en estas facturas han ascendido a casi 800.000 euros.

Todo ello, en cuanto al convenio. Y por otra parte, el Ayuntamiento de València había suscrito un contrato de apoyo y atención al Punto de Encuentro Familiar de València, que complementaba los servicios prestados por los colegios y que finalizaba en septiembre de 2015, con una posible prórroga de dos ejercicios que tampoco se ejerció. De manera que desde esa fecha, este apoyo se ha venido prestando de la misma manera que los anteriores servicios y se han pagado facturas por valor de 476.000 euros.

Como la Generalitat Valenciana tiene la competencia en estos centros, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que lidera Mónica Oltra inició su propio procedimiento de contratación en febrero de 2018 para los Puntos de Encuentro Familiar de toda la Comunitat Valenciana, entre ellos el de València, y esperaba que en diciembre de ese año la licitación se hubiera resuelto. No obstante, advertía al consistorio de que si el contrato no estaba formalizado a esa fecha, no podría hacerse cargo del centro.

Pese a que faltaban 10 meses para que estuviera listo el contrato autonómico, el Ayuntamiento de València paralizó su propio proceso con la mala fortuna de que en septiembre, la Generalitat Valenciana desistió de su concurso tras anularlo el Tribunal de Recursos Contractuales por excluir a las empresas privadas del proceso. Desde entonces el Ayuntamiento había solicitado a la Generalitat en tres ocasiones saber cómo está el procedimiento, que fue reiniciado más tarde.

Ante la situación, Antifraude pedía al consistorio que revisara los encargos y las facturas y depurara las responsabilidades que procediesen, además de que elaborara un sistema organizativo de trabajo que permita identificar las competencias de cada empleado de la concejalía en cada momento para, en un futuro, si ocurre un caso similar, poder depurar las responsabilidades que correspondan ante cualquier incumplimiento.

Ahora, el Ayuntamiento rechazará hacerlo y se acoge, por ejemplo, al criterio del Consejo de Estado o del Consell Jurídic Consultiu, entre otros órganos, según el cual no cabría revisar de oficio las facturas ni los encargos realizados por "economía procesal" y porque la obligación de pago desde la administración por los servicios ya prestados y que no se pueden revocar continuaría vigente en forma de indemnización a los colegios y las asociaciones. Asimismo, el consistorio sostiene que para las facturas "se ha seguido el procedimiento previsto para supuestos como el presente". 

Al hilo, la concejalía insiste en que actuó motivada "por las razones de necesidad expuestas en las alegaciones formuladas en su día". Esto es, que era preciso continuar prestando el servicio pero que no se podía hacer una licitación ya que era la Generalitat Valenciana la encargada de asumir la gestión del centro y de hacer la correspondiente licitación. Y por ello, "se concluye que no procede iniciar expediente de exigencia de responsabilidad por los hechos y razones expuestos".

Ante toda esta situación el Ayuntamiento decidió en diciembre de 2020 finalizar la prestación del servicio del Punto de Encuentro Familiar en junio de 2021, tiempo que se considera suficiente para que la Generalitat Valenciana finalice su proceso de contratación. Además, la Conselleria también asumirá el pago de los servicios prestados entre 2019 y 2020. 

De hecho, en la respuesta que ahora da el Ayuntamiento, consta que el Consell ha pagado al Ayuntamiento cerca de 550.000 euros por la prestación del servicio entre enero de 2019 y septiembre del 2020. "El abono de las obligaciones correspondientes al periodo 1/10/2020 a 30/06/2021 se solicitará también a la Conselleria", concluye en este aspecto la concejalía.