Hoy es 14 de agosto
VALÈNCIA. El gobierno del Ayuntamiento de València no llevará al pleno municipal de este mes de abril la moratoria de dos años para bloques exclusivos de pisos turísticos en 37 barrios de la ciudad, tal como se planteó a finales del mes pasado. Entre el orden del día de la sesión plenaria de este jueves, el ejecutivo local no ha introducido nada relativo a esta medida y, según fuentes internas, esta se retrasará, al menos un mes más.
La concejala de Vivienda, Isa Lozano, anunció esta medida para "paralizar movimientos especulativos de fondos buitre y grandes corporaciones que para desarrollar su actividad expulsan al vecindario de los barrios de la ciudad", a la vista de algunos casos mediatizados como la reconversión de un edificio en la calle Túria del uso residencial al turístico.
La intención de la concejalía de Lozano era llevar a aprobación al pleno del mes de abril esta herramienta transitoria para que empiece a operar cuanto antes. Sin embargo, esto no ha sido así y, al parecer, tiene que ver con las conversaciones que se mantienen con la concejalía de Urbanismo que dirige Sandra Gómez. Según apuntaron a este diario fuentes del departamento de Vivienda, ambas concejalías estarían negociando la propuesta definitiva, que "seguramente irá para mayo".
La idea planteada por Vivienda busca suspender la tramitación y el otorgamiento de las licencias y declaraciones responsables de obras y actividades para la implantación de nuevos apartamentos turísticos en régimen de explotación hotelera en edificios de uso exclusivo durante dos años.
Una medida a aplicar en las zonas de València con calificación urbanística de Ensanche y también de Centro Histórico Protegido, excepto aquellas zonas que cuenten ya con un Plan Especial aprobado, como Ciutat Vella o en los próximos meses, el Cabanyal, que contienen sus propias medidas restrictivas para las viviendas de uso turístico. Así pues, afectará a las zonas indicadas en el mapa, que se puede consultar aquí.
La intención es aprovechar este veto temporal de dos años para estudiar en profundidad a medio plazo la modificación de las normas urbanísticas recogidas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad para incluir esta disposición de manera definitiva y permanente. Esta prohibición se sumaría a la que ya recoge el propio PGOU respecto a las viviendas de uso turístico. Ahora mismo, este tipo de uso se circunscribe a las plantas bajas y primera planta y siempre por debajo de un uso residencial. De esta manera, el Ayuntamiento de València busca acotar también la compra de edificios enteros para destinarlos a este uso terciario.
Lo cierto es que, mientras está en ciernes la nueva restricción, los bloques exclusivos de pisos turísticos continúan proliferando en el Cap i Casal. El Ayuntamiento de València continúa tramitando licencias solicitadas por empresas y grupos de inversión para convertir edificios enteros en bloques para apartamentos turísticos. Un ejemplo, como publicó Valencia Plaza, se puede ver en la céntrica calle de Russafa, en una ubicación muy próxima a la calle de Colón y a la Plaza de Toros de València. Allí el servicio de Actividades del Ayuntamiento tramita, en cumplimiento de la regulación vigente, el proyecto de un edificio de apartamentos turísticos que se pretende ubicar en el número 22 de la mencionada vía, que estaría afectada por el veto temporal.
Los pisos turísticos manifestaron su rechazo ante la idea. Poco después de anunciar la medida Lozano, la Asociación Valenciana de Alquileres de Estancias Cortas (Avaec) reaccionó en un comunicado preguntando al consistorio si esta restricción se iba a aplicar también en hoteles. La edil de Vivienda respondió asegurando que "la moratoria, en principio, irá dirigida al uso de edificios enteros para apartamentos, no para hoteles".
Por ello, la mencionada asociación criticó en este sentido el "trato discriminatorio" al que, a su juicio, "una vez más, se somete a las viviendas de uso turístico (VUT), a las que se acusa de problemas de los que no son responsables". De ahí que solicitaran a Lozano datos "reales y contrastables" sobre las viviendas turísticas y "en base a qué información ha extraído estas conclusiones, de las que exime a los hoteleros".
Por ello, Avaec exigía a la concejala demostrar "en qué medida las VUT inciden en el precio de venta y alquiler de viviendas, como afirma con tanta convicción, sin tener en cuenta factores esenciales en este sentido, como la falta de vivienda pública, de la que es responsable el propio Ayuntamiento". Ante las críticas en las redes sociales, Lozano contestaba en su tweet: "Tendremos tiempo para profundizar y hablar". La asociación tiene claro que, de aprobarse la moratoria tal como se ha anunciado, presentará un recurso contra la decisión del consistorio.