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València hace números para indemnizar a sus contratas por el auge de los precios

Foto: KIKE TABERNER
18/03/2022 - 

VALÈNCIA. La escalada de los precios, y concretamente los de la energía, empieza repercutir en las contratas públicas: las concesiones de las administraciones empiezan a sufrir una subida de costes tanto energéticos como laborales y de materias primas que amenazan con alterar significativamente los contratos. Tanto es así que una compañía ya ha dejado de operar en dos piscinas gestionadas en régimen de concesión de la Fundación Deportiva Municipal de València por la subida de la luz, como publicó Valencia Plaza.

Ahora bien, no se antoja la única empresa en esta situación. Así pues, el Ayuntamiento de València se prepara para un escenario de cambios importantes en los contratos de concesiones municipales derivado del escenario inflacionista, que ampara a las compañías a solicitar al consistorio algún tipo de compensación como consecuencia del auge de los costes. Y son dos los procedimientos por los cuales se podría compensar a las empresas por estas coyunturas del mercado y para asegurar que se mantienen en funcionamiento dichos servicios municipales. 

Por un lado, se puede iniciar un procedimiento de revisión de precios, que en muchos casos está fijado en las cláusulas de los contratos y a partir del cual se actualizaría al alza los pagos que hace el Ayuntamiento por los servicios que prestan las concesionarias en función de las fórmulas recogidas en sus respectivos contratos. En otros casos, las compañías podrían pedir el reequilibrio económico de sus contratos, que en román paladino supone indemnizar a las empresas por dichos costes extraordinarios.

En el caso de la concesionaria que ya ha anunciado que dejará de prestar el servicio de piscina municipal en dos recintos de la Fundación Deportiva Municipal, el organismo dependiente del Ayuntamiento que preside Pilar Bernabé ya le ha requerido las cuentas para estudiar posibles contraprestaciones que permitan a la compañía reactivar las instalaciones afectadas por el cierre temporal.

 La edil de Desarrollo Económico, Pilar Bernabé, y el concejal de Hacienda, Borja Sanjuán. Foto: VP

"Estamos realizando cálculos, sobre todo en lo que tiene que ver con concesiones. Muchas de ellas tienen fórmulas de revisión de precios previstas en sus contratos y para otras habrá que acudir a otra serie de recursos", explica en ese sentido el concejal de Hacienda, Borja Sanjuán. Las compañías que puedan justificar el aumento de los costes deben pedirlo al departamento de Hacienda para que estudie los casos uno por uno y de luz verde a la inyección de dinero que considere oportuna.

"Lo fundamental es garantizar que los servicios públicos se puedan prestar y que, si hay alguna interrupción, sea la menor posible", explica en ese sentido el edil, quien incide en que "el coste energético es algo que escapa al Ayuntamiento" pero hay que "garantizar" que "ningún ciudadano vaya a tener una limitación de servicios públicos".

¿Cuánto puede suponer esto para las arcas municipales? Es algo que se desconoce por el momento, dado que dependerá de las concesionarias y contratas que acudan al consistorio reclamando esta ayuda. "En estos momentos lo estamos calculando, aunque probablemente sea a final de año cuando tengamos que acabar de equilibrar todas estas cuestiones, porque habitualmente van a año vencido", insiste Sanjuán.

La otra cuestión a dilucidar es de dónde se pretende sacar el dinero para hacer frente a estos imprevistos. Una de las fuentes de financiación de la que posiblemente se tenga que echar mano son los ahorros municipales de años anteriores, que ascienden a más de 80 millones de euros este año. Si hiciera falta, el consistorio también puede acudir al endeudamiento puntual. "En todo caso, el Ayuntamiento tiene recursos suficientes y hay medidas extraordinarias para conseguir estos recursos", subraya el concejal de Hacienda.

Tras el estallido de la pandemia del coronavirus y el cierre abrupto de las actividades económicas con motivo del estado de alarma y el confinamiento, las administraciones ya tuvieron que indemnizar a sus concesionarias amparadas en un decreto del Gobierno de España habilitado a tal efecto. A aquellas inyecciones se deberán sumar ahora las compensaciones por la elevada inflación y el incremento de los costes de la energía y los hidrocarburos.

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