La concejala de Empleo, Sandra Gómez. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Los programas de empleo juvenil EMPUJU y EMCUJU del Ayuntamiento de València han sido este otoño objeto de investigación por parte de la Inspección de Trabajo, quien concluyó que el consistorio estaba cediendo "indebidamente" parte del personal contratado a empresas y fundaciones del sector público local. Según las conclusiones de sus actuaciones, el consistorio -en especial el área de Empleo dirigida por la edil socialista Sandra Gómez- estaba incurriendo en una infracción muy grave al desviar subvenciones de fomento al empleo juvenil.
Los mencionados programas son ayudas cofinanciadas por la Generalitat Valenciana y fondos europeos, cuyos beneficiarios son Ayuntamientos, mancomunidades, Diputaciones y sus organismos autónomos. Pero nunca el resto del sector público local: fundaciones, empresas públicas o entidades públicas empresariales, como explica la Inspección que estaba ocurriendo en el consistorio de València.
El organismo resuelve que parte los jóvenes contratados con este programa fueron adscritos a "puestos de trabajo ajenos al propio Ayuntamiento". A saber: en la Fundación Pacto por el Empleo, Fundación Turismo Valencia, la empresa urbanística municipal AUMSA, el Palacio de Congresos, la Mostra València Iniciatives Audiovisuals y el Consell Agrari Local.
"Esta subvención iba dirigida expresamente a la contratación por parte del Ayuntamiento de València" de jóvenes que, en efecto, fueron contratados y dados de alta por el consistorio, pero que fueron cedidos y asignados indebidamente a los entes mencionados. Estos, tal y como resalta la Inspección, se estaban apropiando de facto del "fruto y rendimiento del trabajo de tales jóvenes".
Por ello, el organismo pidió al Consistorio y, por tanto, a la delegación responsable de dichas ayudas -el área de Sandra Gómez-, el "cese de manera inmediata en la anterior conducta infractora" para cumplir con la regulación. Es decir, instaba a ubicar a los trabajadores cedidos, en servicios municipales propios del Ayuntamiento o en organismos autónomos como la Junta Central Fallera o el Palau de la Música, donde sí está permitida su ubicación.
Así pues, la concejalía de Sandra Gómez decidió acatar el requerimiento de Inspección y reubicó dentro del consistorio a 58 jóvenes contratados que se encontraban desempeñando su trabajo en los entes externos al Ayuntamiento. El pasado 6 de noviembre, el inspector de Trabajo archivó el expediente sin la imposición de ninguna sanción.
Estas circunstancias ya fueron denunciadas por el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, en verano, al poner sobre la mesa esta "cesión irregular de trabajadores". Entonces, también acusó al gobierno local de exponer a "irregularidades" a los jóvenes contratados. Tras tener acceso al acta de Inspección, Giner recordó este miércoles que es una práctica repetitiva en el Ayuntamiento. "Ya lo advertimos con Mercavalència", insistió el edil, quien acusó al ejecutivo de dar un "trato indigno e impropio de programas políticos que venían a rescatar personas".
El portavoz del Partido Popular, Eusebio Monzó, recordó que fue su grupo el que denunció esta "irregularidad" el pasado 3 de septiembre y anunció que ya ha trasladado la resolución al Servef -actualmente bajo el nombre de Labora-. Para Monzó, es "muy grave" que la edil Sandra Gómez "haya puesto en riesgo las ayudas que concede a la Generalitat para fomento de la ocupación". "La portavoz socialista será la responsable directa si finalmente esta negligencia conlleva el pago de una multa que saldrá del erario", concluyó.
También Giner avanzó, por su parte, que llevará el caso a la Conselleria de Economía mediante la oficina de Transparencia y Buen Gobierno para saber "qué ha pasado también en 2017", dado que la resolución de la Inspección únicamente habla de 2018.
