València tiene pendientes 40 licencias presentadas por entidades colaboradoras el pasado año

VALÈNCIA. El atasco en los expedientes de licencias fue uno de los debates municipales más nutridos el pasado mandato en el Ayuntamiento de València tras registrarse múltiples quejas tanto del sector inmobiliario y de la construcción como de los partidos de la oposición. Por ello, el Partido Popular concurrió a los comicios prometiendo engrasar la maquinaria administrativa para agilizar la concesión de permisos de obras y actividades.

Así pues, entre otras medidas, una de las que aprobó el nuevo ejecutivo, con el edil Juan Giner al frente del departamento de Urbanismo, fue dictar una instrucción para fijar plazos estrictos para la concesión de las licencias presentadas mediante entidades colaboradoras (Ecuv) y organismos de certificación (OCA), que permiten acreditar el cumplimiento de la normativa de los proyectos presentados ante la administración. 

Para los permisos de obra, la instrucción, aprobada por el gobierno municipal el 1 de diciembre de 2023, fijó un plazo máximo de un mes "con carácter general". Casi un año después, en el mes de octubre, el grupo municipal socialista consultó al departamento de Urbanismo sobre el estado de los expedientes presentados por una entidad colaboradora o de certificación. 

En total, Urbanismo expone 40 expedientes de este tipo que están pendientes de resolver, de los cuales 10 son solicitudes de licencias de obras y el resto, para la apertura de actividades. Datos todos ellos, a fecha de octubre. La concejalía detalla en su respuesta las fechas de apertura de todos los expedientes en cuestión, que están repartidos a lo largo de todo el ejercicio desde diciembre de 2023 y hasta octubre de 2024.

Desde el departamento que dirige Giner señalan, en la respuesta ofrecida a los socialistas, que "en todos estos casos" pendiente de otorgamiento de licencia "siempre cabe tener presente la catalogación patrimonial del inmueble objeto" del permiso, "la autorización o dictamen que al respecto derive" y, en el caso de las actividades, el procedimiento de la normativa del sector.

Con todo, preguntadas fuentes de la concejalía al respecto, achacaron el retraso de estos expedientes a la dependencia de informes externos. Así, aseguraron que las licencias de obras pendientes de tramitar por plazo superior a un mes son "aquellas que requieren de un informe ambiental que no depende del Ayuntamiento" y que aquellas que "solo requieren informes municipales, se tramitan" por parte de las entidades "dentro del plazo de un mes" como marca la instrucción.

La edil socialista María Pérez, quien realizó la pregunta a la concejalía, critica que "en algunos casos los expedientes presentados por Ecuv o OCA llevan más de un año esperando la licencia". Y aprovechó para recordar otra respuesta de la concejalía del pasado mes de septiembre, según la cual en el último año se habían abierto 13.284 expedientes más de los que se habían cerrado, lo que le sirvió para sostener que los populares tienen "el servicio de Licencias colapsado". "Esto vuelve a poner de manifiesto que la mejor receta para resolver las licencias en el ayuntamiento es que no gobierne el Partido Popular", sentenció.

Uno de los focos en esta cuestión es, precisamente, el número de expedientes en cola. El gobierno municipal actual, dirigido por María José Catalá, cifró en 22.500 los expedientes que había en tramitación en los despachos municipales al acceder el PP al ejecutivo local. De ellos, 11.781 correspondían a obras, 9.235 a actividades y otros 1.511 a expedientes de inspección. Aunque los socialistas criticaron entonces que, en el conjunto de estos expedientes se habían contado denuncias o declaraciones responsables, que no están vinculadas al otorgamiento de licencias. Por el momento, el ejecutivo local no ha actualizado la cifra de expedientes sin resolver.

Plan de choque y problemas de personal

Cabe recordar que la concejalía de Urbanismo anunció hace más de un año un plan de choque para agilizar la tramitación de expedientes de licencias que buscaba, por una parte, redistribuir las funciones del personal del área para mejorar su coordinación; por otra, revisar las ordenanzas municipales para clarificar la normativa; y por otra, cambiar la perspectiva y asumir que los promotores actuarán conforme a ley para revisar a posteriori sus obligaciones.

Entre las medidas, se encontraba la reestructuración en el área de licencias, donde el concejal del ramo cambió a los jefes de servicio para mejorar la tramitación. La alcaldesa también fichó como secretario municipal del área a Jonatan Baena, ex secretario general de la administración municipal de Torrent, donde Catalá ocupó la Alcaldía entre 2007 y 2012. Con todo, los socialistas critican que, según la respuesta de Urbanismo, a fecha del pasado mes de octubre, el servicio tenía seis personas menos trabajando en una plaza de arquitecto, tres de administrativo y otras dos de auxiliar administrativo.

En cuanto a las dos primeras categorías, la concejalía explica que el anterior gobierno "no dejó aprobada una bolsa de trabajo" de interinos, por lo que para cubrirlas se han incluido en los procesos de promoción interna en curso. Y sobre la tercera categoría, nadie de la bolsa aceptó el nombramiento, por lo que se cubrirán con interinos de bolsas de trabajo de los procesos de 2024.