València vuelve a licitar la grúa con más dinero y menos 'atadura' tras quedar desierto hace 8 meses

VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València vuelve a buscar una empresa que gestione la grúa municipal después de que ninguna compañía se interesara por la contrata, una de las grandes del consistorio, ahora hace ocho meses. El gobierno municipal prevé aprobar los pliegos que regirán el nuevo concurso público y en el que se han implementado algunas mejoras para hacer el contrato más atractivo al sector y evitar así un nuevo plantón.

Así pues, la concejalía de Protección Ciudadana, que dirige Aarón Cano, y de quien depende este contrato, presenta unos nuevos pliegos tramitados en Contratación para reiniciar el proceso. El servicio saldrá a concurso, así pues, por un valor de 9,5 millones de euros IVA incluido y el contrato tendrá una vigencia de dos años (4,7 millones anuales), a los que se podrán tres prórrogas de un año cada una, según los pliegos la propuesta de acuerdo a la que ha tenido acceso este diario.

Se tratan de unas condiciones sensiblemente diferentes a las que se pusieron en el anterior concurso, que al quedar desierto obligó a la concejalía a mejorar algunos apartados de los pliegos. La otra vez, el contrato ascendía a 17,4 millones de euros para cinco años sin contemplar prórrogas (3,4 millones de euros anuales). De esta manera, el pago anual asciende en la nueva licitación, al tiempo que el período de vigencia del contrato disminuye al pasar de cinco a dos años con la posibilidad de tres prórrogas, así que disminuye la atadura temporal entre la futura adjudicataria y la administración municipal. 

Y es que, hay que recordar, en los últimos años el consistorio ha tenido que lidiar con varios problemas relacionados con el contrato de la grúa adjudicado en 2014, con el PP todavía en el gobierno. Entonces, la licitación dio como adjudicataria a la unión de empresas Pavapark-Auplasa. Pero las previsiones económicas que se habían hecho en el contrato no se cumplieron: se preveían 6.000 retiradas de coches mensuales, pero a la postre no llegaban a las 3.000. 

Por ello, la UTE alegó falta de rentabilidad para solicitar el cambio de las condiciones. Pero el consistorio se negó, ya con la edil Sandra Gómez al frente de la concejalía, lo que llevó a la empresa a reclamar la resolución del contrato. Explicaban las empresas que el Ayuntamiento había "impuesto como nuevo principio de su política de movilidad" el criterio de "la grúa amable" -menos agresiva, y que conllevaba menos gasto para el Ayuntamiento-, "con las graves consecuencias" económicas, insistían las adjudicatarias.

El asunto acabó en los tribunales y el Ayuntamiento ganó, si bien las compañías recurrieron. Pero ambas partes alcanzaron un acuerdo que supuso la retirada del recurso: el Ayuntamiento resolvió el contrato con una indemnización para la empresa de 2,5 millones de euros y debía sacar un nuevo concurso, pero hasta que se adjudicara de nuevo, el servicio continúa prestándolo la UTE fuera de contrato y percibiendo un abono mensual de 360.000 euros. Y según Antifraude, muy por encima de lo que debería percibir.

Así desde octubre de 2017, cuando el interventor municipal dio el visto bueno a que el servicio se continuara prestando interinamente hasta la nueva adjudicación, si bien daba un plazo de un año para acabar con esa situación de temporalidad. No obstante, el inicio de las actuaciones para sacar el concurso público no se produjo hasta mayo de 2019 y la licitación se sacó en septiembre de 2020, tres años después de la rescisión del contrato. Pero quedó desierta.

Ahora, 49 meses después de que se rescindiera el contrato, la concejalía que dirige Cano vuelve a sacar la licitación. Y lo hace con unas condiciones más favorables para las empresas, habida cuenta de los problemas que han habido con la anterior contrata. Así, en el departamento de Protección Ciudadana manifiestan la esperanza de que, esta vez sí, alguna empresa aspire a llevar el servicio.