VALÈNCIA. Era una de las promesas electorales de la izquierda antes de 2015: paralizar el plan de la ex alcaldesa del PP, Rita Barberá, de prolongar la avenida de Blasco Ibáñez por encima de parte del barrio del Cabanyal, y emprender un nuevo plan urbanístico para proteger el patrimonio de esta parte de la fachada marítima. Seis años después de gobierno municipal constituido por Compromís y PSPV -con Podem hasta 2019- y tras un lustro de derogar el proyecto de los populares, el nuevo Plan Especial del Cabanyal-Canyamelar (PEC) ya está en sus últimas fases de tramitación pero todavía no se ha aprobado.
La complejidad de la elaboración de un amplio plan urbanístico de estas características, los numerosos estadios administrativos que requiere su aprobación y la controversia generada por algunos de los puntos clave han demorado más de lo deseable el proyecto impulsado desde el gobierno municipal y concretamente, desde el área de Urbanismo que dirige la socialista Sandra Gómez -el pasado mandato, su compañero Vicent Sarrià-.
El expediente se encuentra desde hace cinco meses en la Conselleria de Cultura, que dirige Vicent Marzà. Es la administración autonómica la que debe dar el visto bueno al nuevo planeamiento y las nuevas normas urbanísticas por la repercusión que tiene en cuanto al patrimonio histórico y cultural de la ciudad. "El PEC está en los servicios Territoriales de Cultura en estado de estudio", explican fuentes de la Conselleria, desde donde no se atreven a dar una fecha: "Cuando se concluya el informe, se comunicará la resolución al interesado [el Ayuntamiento]".
Fue en julio de 2015, un mes después de llegar al gobierno municipal las tres fuerzas de izquierda, cuando iniciaron el procedimiento para desistir del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Cabanyal (Pepri) que había diseñado el anterior ejecutivo. Aquella iniciativa, apoyada también por el grupo municipal de Ciudadanos, supuso la primera piedra para la derogación del proyecto que preveía la ampliación de Blasco Ibáñez hasta el mar. El verano siguiente, la Generalitat Valenciana concluiría el proceso derogando el plan.
A partir de entonces, Urbanismo se puso manos a la obra para alumbrar un renovado proyecto para el barrio marítimo, degradado tras años y años de ostracismo y expropiaciones por parte de la administración. El entonces edil del ramo, el socialista Vicent Sarrià, presentó una versión preliminar a los vecinos en 2017, pero no fue hasta 2018 cuando la Junta de Gobierno Local que encabeza Joan Ribó la aprobó para empezar su tramitación administrativa. Dos procesos de alegaciones después y tras decenas de conversaciones a diferentes bandas para conjugar múltiples intereses, el plan ha llegado a la Conselleria de Cultura para dar sus últimos pasos.
Pero, toda vez se supere este estadio, todavía quedarán nuevos pasos administrativos. El expediente volverá al consistorio, y la concejalía deberá revisar las indicaciones u objeciones de la Conselleria para adaptar el plan. Más tarde, deberá pasar por la comisión municipal de Urbanismo y el pleno municipal. Todo ello antes de remitir la documentación a la Comisión Territorial de Urbanismo de la Generalitat Valenciana, donde deberá conseguir la luz verde definitiva, previa a su publicación en el DOGV. Solo entonces entrará en vigor el nuevo planeamiento, y todo apunta a los últimos meses de este año o a 2022.
"No tenemos noticias", explica uno de los representantes vecinales del barrio a preguntas de Valencia Plaza: "Me sorprende que estén tardando tanto en dar la aprobación definitiva, aunque tampoco debería extrañar porque el plan era muy mejorable técnicamente hablando". Otro de los portavoces vecinales es contundente: "Los vecinos necesitamos que se apruebe ya para que no se repita el sufrimiento de los vecinos y el expolio del barrio". Hay entidades vecinales que insisten en pedir que se modifiquen algunas cuestiones del plan al considerarlo poco restrictivo con el turismo y "falto de sensibilidad" con algunos espacios como el de huertos urbanos de Cabanyal Horta.
El hotel de 15 alturas, los pisos turísticos y los Bloques
El PEC ha sufrido diferentes modificaciones a lo largo de su tramitación como consecuencia de alegaciones y reclamaciones vecinales, pero otras permanecen intactas pese a las quejas y objeciones. Ejemplo de esto último es el caso del hotel de 15 plantas, proyectado junto al llamado PAI de Eugenia Viñes, que ha generado no pocas críticas desde gran parte de las entidades vecinales al considerar que tendrá un efecto considerable en la fotografía del barrio, marcado por edificaciones de baja altura, y también porque potencia la turistificación.
Pero más allá del debate sobre el modelo de barrio, también la Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, había puesto pegas a la implantación de la edificación hotelera porque su volumen contravendría la normativa de Costas, que obliga a que los volúmenes se distribuyan "de modo homogéneo atendiendo al entorno", por lo que instaba a plantear el hotel en "una disposición y altura" armónicas y "sin romper la perspectiva litoral".
La cuestión no ha sido baladí. Urbanismo rechazó de plano la objeción de la Demarcación sin llegar a ningún acuerdo. Pero no sólo eso, sino que en la contestación a las alegaciones el equipo redactor del PEC cargó duramente contra Costas y le llegó a acusar de "una invasión competencial inadmisible" en las funciones que son atribuidas al Ayuntamiento, como publicó este diario. En el consistorio defienden que el edificio hotelero se encuentra en un extremo del barrio y en la zona más alejada del núcleo residencial, y que servirá para, con las plusvalías esperadas de 8 millones de euros, financiar parte del plan.
