VALÈNCIA. La Agencia Valenciana Antifraude ha abierto un expediente sancionador por posibles represalias contra una trabajadora de la empresa pública EMSPA de Almussafes que había denunciado presuntas irregularidades en la gestión de la entidad municipal. La denunciante es la misma que acusó al alcalde Toni González de acoso laboral. 

La resolución considera que existen indicios de un "patrón de represalias continuadas" contra la denunciante. Entre esas represalias, la agencia menciona situaciones de descrédito profesional, hostigamiento y la apertura de un expediente disciplinario que terminó con el despido de la trabajadora.

Además, el organismo señala que el documento por el que se acusó a la empleada de revelar información confidencial ya estaba publicado en la web de la propia empresa municipal cuando ella lo compartió con otros trabajadores, lo que cuestiona la base del expediente disciplinario que motivó su despido.

Por este motivo, Antifraude ha ordenado como medida provisional suspender el despido y reponer a la trabajadora en su puesto mientras se investiga lo ocurrido.

Posibles responsables

En esta primera fase del procedimiento, Antifraude incluye como posibles responsables al gerente de la empresa pública, a la propia sociedad municipal EMSPA, a los miembros de su consejo de administración y también al alcalde de Almussafes, Toni González, de forma provisional.

Si finalmente se confirmaran las infracciones, la ley prevé sanciones que podrían alcanzar multas de hasta 300.000 euros para las personas físicas responsables y hasta un millón de euros para la empresa pública.

El alcalde de Almussafes, Toni González, considera que su inclusión en la resolución es un error. Según explica, él no forma parte de la empresa pública EMSPA ni de su consejo de administración. González renunció en 2019 a su puesto en el consejo de administración de la empresa municipal y actualmente no ocupa ningún cargo en ella.