VALÈNCIA. El Ayuntamiento de Bétera encauza el futuro de Lloma del Mas. Tras casi dos décadas de bloqueo, el consistorio ha anunciado que llevará al pleno la cancelación del actual Programa de Actuación Integrada (PAI), aunque mantendrá en vigor el Plan de Reforma Interior (PRI) que define la ordenación urbanística del sector. 

Con esta decisión, el gobierno local cierra la etapa vinculada a la antigua promotora Romymar y prepara un nuevo modelo de gestión que, según señalan fuentes municipales a Valencia Plaza, se consensuará con los propietarios para garantizar "la opción más conveniente a sus intereses".

La medida supone un cambio de rumbo en un expediente que se arrastra desde 2006. Hasta ahora, el PAI permanecía sin promotor tras la retirada de Romymar como agente urbanizador, una medida aprobada por el pleno el pasado mes de abril después de años de litigios y parálisis. Así, el Ayuntamiento de Bétera toma la iniciativa para redefinir el desarrollo del ámbito, uno de los más conflictivos del norte del municipio.

En términos urbanísticos, la decisión del consistorio no elimina el planeamiento aprobado, sino el modelo de ejecución que lo acompañaba. Cabe recordar que el PRI establece qué se puede hacer en la zona e implica los usos del suelo y su edificabilidad, mientras que el PAI determina cómo se hace, es decir, quién ejecuta las obras, cómo se financian y cómo se reparten los costes entre los propietarios.

Por tanto, mantener el PRI y cancelar el PAI significa que la ordenación urbanística sigue vigente, pero el ayuntamiento extingue el instrumento de gestión que hasta ahora había bloqueado el proyecto. En la práctica, el suelo conserva su clasificación, pero se libera de un modelo desactualizado. 

Un conflicto que comenzó hace 19 años

El PAI de Lloma del Mas se aprobó en 2006, cuando Bétera vivía un momento de expansión urbanística. La Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) formada por los propietarios del suelo impulsó el proyecto y en 2008 cedió la gestión a la empresa Romymar, que depositó un aval bancario de más de un millón de euros y asumió un canon de 1,37 millones para el colector del Camí de l'Eliana. 

Tres años después, en 2011, el plan se paralizó: las familias propietarias advirtieron que no podían afrontar las cuotas de urbanización. La crisis económica y la entrada de Romymar en concurso de acreedores en 2013 dejaron el PAI sin actividad. Más tarde, en 2022, el pleno retiró a la promotora la condición de agente urbanizador y el pasado 7 de abril se hizo firme esa resolución. 

Con el PAI cancelado, el Ayuntamiento de Bétera tiene sobre la mesa varias vías para reactivar el desarrollo cuando lo considere oportuno. Una opción es la gestión directa, es decir, que el consistorio asuma las obras de urbanización con recursos propios o mediante un organismo público. Otra posibilidad es sacar a concurso una nueva adjudicación que permita a otra empresa o a una nueva agrupación asumir el papel de agente urbanizador. 

También se contempla que la AIU Lloma del Mas, integrada por los propietarios originales, retome la gestión del proyecto si existe acuerdo y capacidad económica para hacerlo. En cualquier caso, el consistorio señala que las decisiones deberán ser autorizadas por el pleno municipal y con participación de los titulares del suelo. 

Implicaciones para los vecinos y próximos pasos

Para los propietarios, esta medida supone recuperar margen de decisión sobre el desarrollo de sus terrenos, al quedar desvinculados del contrato con Romymar y de las cargas asociadas. Para el municipio, representa el cierre de un expediente histórico y la oportunidad de rediseñar un área que lleva más de una década en punto muerto. 

El siguiente trámite será la aprobación formal de la cancelación del PAI y la confirmación de la vigencia del PRI. Después, el ayuntamiento deberá elaborar informes técnicos y jurídicos para definir las alternativas más viables y consensuar con la AIU y los propietarios el futuro de Lloma del Mas. 

Bétera, que durante años arrastró el lastre de un plan paralizado, entra ahora en una nueva fase. La anulación del programa y la conservación del plan de ordenación no cierran el caso, pero sí lo liberan de un modelo agotado, dejando al ayuntamiento la responsabilidad de decidir cómo y cuándo reactivar un proyecto que forma parte de la historia reciente de su urbanismo.