VALÈNCIA. El Gobierno de España y la empresa pública Casa 47 anunciaron el pasado martes la construcción de alrededor de 200 viviendas protegidas en los municipios afectados por la Dana del 29 de octubre de 2024. La previsión inicial del Ejecutivo central es levantar entre cuatro y cinco promociones en las zonas más afectadas y, para ello, los ayuntamientos deberán poner a disposición del Estado suelo de titularidad municipal.

El planteamiento pasa por que estas parcelas permitan desarrollar promociones destinadas a alquiler asequible, cuya construcción y gestión correrá a cargo del Estado. Sin embargo, a medida que se conocen los detalles del programa, algunos ayuntamientos han comenzado a señalar dificultades para ajustarse a los requisitos exigidos por el Gobierno para la construcción de estas promociones públicas.

Uno de los principales puntos de fricción reside en las condiciones técnicas que deben cumplir los suelos. Según ha trasladado el Ayuntamiento de Torrent en un comunicado, las parcelas deberán contar con una superficie mínima de 2.500 metros cuadrados y permitir la construcción de entre 30 y 60 viviendas. Unas exigencias que, en la práctica, limitan el número de municipios que pueden optar a esta iniciativa.

Falta de suelo residencial

No todos los ayuntamientos disponen de terrenos con estas características, especialmente en municipios con cascos urbanos ya consolidados o donde el suelo público es escaso. A ello se suma la existencia de terrenos agrícolas o incluso de parcelas sin uso calificadas como huerta protegida, en las que no es posible edificar vivienda. Esta situación podría dejar fuera a parte de los municipios afectados por la riada que, pese a necesitar vivienda asequible, no cuentan con espacios adecuados.

En este contexto, algunos consistorios como el de Torrent o el de Xirivella ya han reclamado una mayor flexibilidad en los criterios para facilitar su participación en el programa. En el caso de la capital de l'Horta Sud, el concejal de Urbanismo, José Gozalvo, defiende que la iniciativa es positiva, pero advierte de que su aplicación resulta compleja.

De hecho, Torrent planteó la cesión de una parcela municipal de unos 900 metros cuadrados con capacidad para unas 30 viviendas, una propuesta que encaja en el rango de edificabilidad previsto, pero que queda fuera por no alcanzar la superficie mínima exigida.  En la misma línea, el edil subrayó que la disponibilidad de grandes parcelas es actualmente muy limitada tras la Dana y reclamó adaptar los criterios a la realidad del territorio.

A esta postura se suma el Ayuntamiento de Xirivella, que, aunque valora positivamente cualquier iniciativa que amplíe la oferta de vivienda asequible, advierte de "serias dudas sobre su efectividad real". El concejal de Urbanismo, Guillermo Garrido, señala a Valencia Plaza que el requisito de ubicar las promociones en suelo no inundable dificulta la participación de los municipios afectados por la barrancada. Además, Garrido recuerda que la mayoría del suelo municipal disponible es dotacional y no residencial, lo que reduce las opciones de concurrir a la convocatoria.

El edil de Urbanismo también subraya que el programa llega "un año y medio después de la Dana", cuando muchos municipios ya han tenido que buscar soluciones alternativas. En ese sentido, Xirivella propuso que Casa 47 asumiera un bloque de unas 50 viviendas de la Sareb ya existentes en el municipio, finalizara las actuaciones necesarias y las destinara a alquiler asequible. Una opción que el consistorio considera "más ágil y efectiva", pero que, por el momento, no ha sido atendida.

Frente a este modelo, Garrido reivindica el Plan Especial Urbanístico de Reconstrucción (PEUR), cuyo convenio firmaron el Ayuntamiento de Xirivella y la Generalitat Valenciana el pasado mes de febrero. Este instrumento plantea el desarrollo de un nuevo ámbito residencial en la zona de Alquería Alta, en suelo no inundable, con zonas verdes y otros equipamientos públicos. El concejal de Urbanismo defiende que se trata de una apuesta "mucho más ambiciosa", orientada a generar nuevos espacios residenciales sostenibles y no solo promociones puntuales.

En otros municipios como Sedaví, desde el Ayuntamiento confirma que no tienen suelo público disponible para la construcción de vivienda pública. En otros como Catarroja tampoco disponen de terrenos, pero aún así desde el consistorio confirman que el departamento técnico está estudiando la propuesta del Gobierno por si pudieran encontrar alguna viablidad. En el caso de Massanassa también se está estudiando la propuesta.

Falta de tiempo para adaptar los solares

En el caso de Paiporta, una de las localidades más gravemente afectadas por la Dana, valoran muy positivamente el plan. Sin embargo, en palabras de alcalde Vicent Císcar a Valencia Plaza, el problema es que no tienen solares "preparados para la inmediatez con la que se pretende ejecutar el plan".

En Paiporta, los solares públicos son de uso dotacional, reservados por el Ayuntamiento para la construcción de edificios y vivienda pública, y según el alcalde, algunos cumplen de sobra con las condiciones exigidas por el Gobierno para la construcción de estas viviendas. Aún así, el municipio no podrá presentar ningún terreno por mucho que le interese porque al ser en su mayoría de uso dotacional no tienen tiempo para adaptarlos en tan solo un mes que durará la convocatoria para dar a conocer su propuesta al Estado. 

Posturas dispares 

Más allá de las reservas técnicas, la acogida del nuevo programa estatal es desigual entre los municipios. Algunos, como Aldaia, valoran la iniciativa en términos positivos, aunque reconocen sus limitaciones. Su alcalde, Guillermo Luján, destacó durante la presentación del plan que las administraciones deben impulsar medidas que garanticen el acceso a una vivienda asequible e insistió en la importancia de la gestión pública del alquiler para asegurar su continuidad y evitar desajustes.

No obstante, el primer edil admitió que Aldaia no dispone de suelo disponible en la actualidad, aunque trabaja en futuras iniciativas urbanísticas para poder desarrollar vivienda asequible. En una línea similar se sitúa Alaquàs. El alcalde, Toni Saura, también calificó la propuesta de "muy positiva" y subrayó que el acceso a la vivienda es uno de los principales problemas de la ciudadanía, que se ha visto agravado en las zonas afectadas por la Dana. Saura reconoció que su municipio dispone de algunos solares, aunque no en gran cantidad, y planteó estudiar si cumplen los requisitos para poder presentarlos a la convocatoria. 

También Riba-roja de Túria se muestra favorable ante esta iniciativa. Su alcalde, Robert Raga, destaca que el programa —dotado con 22,8 millones de euros— no solo contempla la construcción, sino también la gestión posterior de las viviendas por parte de una empresa pública, una función que los ayuntamientos no siempre pueden asumir. El municipio ya colabora con Casa 47 en la gestión de 22 viviendas procedentes de la Sareb y estudia ofrecer un solar que cumpliría prácticamente con las condiciones que exige el programa, con capacidad para más de 30 viviendas y una superficie cercana a los 2.500 metros cuadrados.

Sin embargo, otros municipios encuentran más dificultades. Es el caso de Alfafar, que directamente queda fuera de la convocatoria al no disponer de suelo edificable, ya que el existente está protegido como huerta. En Benetússer, el consistorio opta por ser cauteloso: fuentes municipales aseguran a este diario que aún no han tenido tiempo de analizar en profundidad las bases del programa, pero avanzan que no disponen de suficiente suelo municipal, "ni antes ni después de la Dana", debido a la consolidación urbana del término.

Por su parte, Vilamarxant considera la iniciativa "positiva", aunque su alcalde, Héctor Troyano, señala que llega "un poco tarde". Además, Troyano advierte de la coincidencia con el Plan Vive de la Generalitat Valenciana, lo que provoca que parte del suelo público en los municipios ya esté comprometido con el programa autonómico.

Dos modelos sobre la mesa

Precisamente, la coexistencia con el Plan Vive Dana del Consell marca parte de este debate institucional. Este programa autonómico prevé la construcción de 250 viviendas en una primera fase —con 100 ya en marcha— y permite utilizar suelo dotacional, lo que amplía las posibilidades de los municipios. Además, apuesta por sistemas de construcción industrializada para acelerar los plazos. El secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, criticó este martes la iniciativa del Gobierno, al considerar que llega "tarde, sin coordinación y claramente insuficiente". 

Fernández defendió que la Generalitat ha liderado desde el inicio la respuesta en materia de vivienda, al mismo tiempo que reprochó al Ejecutivo central la falta de colaboración y el retraso en la cesión de viviendas de la Sareb. Por su parte, la presidenta de Casa 47, Leire Iglesias, remarcó las diferencias entre ambos modelos. Iglesias explicó que el Plan Vive delega la construcción en el sector privado, mientras que el programa del Gobierno apuesta por la inversión pública directa "para garantizar que el objetivo principal sea social y que los precios se ajusten a la capacidad de pago de los inquilinos".

Además, la presidenta de Casa 47 aclaró que también se contempla el uso de técnicas de construcción industrializada, un sistema que permite reducir plazos, mejorar la calidad edificatoria y facilitar el relevo generacional en el sector. En este sentido, Iglesias señaló que las licitaciones de redacción de proyectos para este tipo de técnicas, aunque su uso no es obligatorio. En cualquier caso, los ayuntamientos de las zonas afectadas se mueven entre el interés por una iniciativa que podría aliviar la presión sobre la vivienda y las dificultades reales para cumplir unos requisitos que, en muchos casos, no se ajustan a la disponibilidad de suelo tras la Dana.