VALÈNCIA. El aire que respiran a diario cientos de niños y niñas en València y su área metropolitana presenta niveles de contaminación por encima de los considerados seguros. Así lo evidencia un estudio realizado por las asociaciones Acció de València, Valè​ncia en Bici-AE-Agró y Soterranya en diez centros educativos, en los que seis de ellos superan el límite diario de dióxido de nitrógeno (NO₂) recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y todos rebasan el umbral anual fijado por este organismo para proteger la salud. 

Para entender la magnitud del problema, conviene empezar por cómo se mide. La concentración de este contaminante se expresa en microgramos por metro cúbico (μg/m³), es decir, la cantidad de sustancia presente en un volumen de aire. A partir de ahí, los organismos internacionales establecen dos referencias: un valor diario, que refleja episodios puntuales de alta contaminación, y un valor anual, que mide la exposición continuada. 

No obstante, la conclusión del estudio debe matizarse. Los datos se refieren exclusivamente a los diez centros educativos que han participado de manera voluntaria en la campaña, por lo que no son extrapolables a la totalidad de colegios de la ciudad y su área metropolitana. Aun así, los resultados dibujan un patrón claro sobre la influencia del tráfico en la calidad del aire que respira la población infantil.

De València a Benetússer, pasando por Paiporta y Torrent

Los peores datos se concentran en seis centros del Cap i Casal. Entre ellos, figuran el CEIP Cervantes (Extramurs); el CEIP San Juan de Ribera (l'Eixample); el CEIP Juan Manuel Montoya (Natzaret); el IES Baleares (Camins al Grau); el CEIP Antonio Machado (Rascanya) y el Centre Educatiu Misericordia (l'Olivereta). Todos ellos superan el límite diario de la OMS, que se sitúa en 25 μg/m³, y comparten su proximidad a grandes vías de tráfico como la Gran Vía, Guillem de Castro, la Ronda Nord o la V-30.

Esta exposición diaria implica respirar aire asociado a un aumento de ingresos hospitalarios y de la mortalidad por enfermedades respiratorias y cardiovasculares. En cambio, otros tres centros —CEIP Vivers (Trinitat), IES Cabanyal (La Carrasca) y CEIP Cristóbal Colón, en el municipio de Benetússer— no superan ese límite diario, pero sí el anual recomendado por la OMS y el que marcará la futura normativa europea.

Aunque se sitúan en calles con una menor densidad de tráfico, la presencia de grandes avenidas a menos de 300 metros mantiene elevados los niveles de contaminación. En el lado opuesto, los registros más bajos se observan en el IES Andreu Alfaro de Paiporta y los CEIP Federico Maicas, Lope de Vega y Virgen del Rosario, en Torrent. En estos casos, la menor densidad urbanística, la distancia a grandes carreteras y la existencia de zonas verdes facilitan la dispersión de contaminantes.

El patrón se repite y apunta a una misma causa. El dióxido de nitrógeno procede principalmente de la combustión de combustibles fósiles, sobre todo del tráfico rodado. En ciudades densas como València, con numerosas avenidas y una elevada circulación, este contaminante se acumula con facilidad. "València tiene muchas avenidas y mucho tráfico, y eso hace que el dióxido de nitrógeno no tenga tiempo de disperarse", explica la médica de Familia y Comunitaria de València en Bici-AE-Agró, Marian Sintes.

Esa falta de dispersión se evidencia en colegios pegados a grandes arterias o rodeados de edificios altos. El caso del CEIP Juan Manuel Montoya añade además la proximidad al puerto, una fuente constante de emisiones derivadas del tráfico marítimo y de mercancías. Por el contrario, los centros con mejores resultados comparten una lógica urbana basada en mayor espacio, menor tráfico y más vegetación. "Las escuelas con patios amplios o separadas por zonas verdes tienen mejor calidad del aire", resume Sintes.

El 90% de los entornos no cumpliría los límites en 2030

El análisis no solo identifica dónde se concentra la contaminación, sino también cómo se mide. Frente a las estaciones oficiales, ubicadas en puntos más abiertos, este estudio se ha realizado directamente en los accesos a los colegios. "Cuando medimos a pie de calle vemos que la contaminación se acumula", señala Sintes, que defiende la necesidad de ampliar estos controles en zonas sensibles.

A partir de ahí, los datos se conectan con los límites legales. En la actualidad, la normativa europea fija un máximo anual de 40 μg/m³, pero la nueva directiva lo reducirá a 20 μg/m³ en 2030. Según el estudio, el 90% de los entornos analizados ya supera ese futuro umbral. "Tenemos hasta 2030 para mejorar, pero ahora mismo 9 de cada 10 centros no cumplirían la normativa", advierte Sintes. La propia OMS establece valores aún más estrictos, lo que refuerza la distancia entre los niveles actuales y los considerados seguros.

Las consecuencias de esta exposición tienen un impacto directo en la infancia. A corto plazo, la contaminación agrava enfermedades previas y provoca más crisis asmáticas e infecciones respiratorias, así como un aumento de las visitas hospitalarias. A largo plazo, incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares y respiratorias crónicas, y existen evidencias de su relación con el desarrollo neurológico. "Los niños tienen sistemas inmaduros y todo el aire que respiran puede generar problemas ahora y en el futuro", explica Sintes. Incluso durante el embarazo, añade, la exposición a altos niveles de contaminación se ha vinculado con un mayor riesgo de aborto o retrasos en el crecimiento del feto. 

ZBE, reducir el tráfico y limitar la velocidad

Con este escenario, las medidas planteadas apuntan directamente al tráfico. Reducir el número de vehículos en los entornos escolares, limitar la velocidad a 20 km/h, evitar la doble fila en las entradas y salidas o transformar espacios de aparcamiento en zonas verdes son algunas de las propuestas. A ello se suma la implantación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), una herramienta que, según Sintes, puede ser eficaz si se aplica con un enfoque adecuado.

"No se trata de prohibir, sino de facilitar alternativas", señala. En ese sentido, insiste en que deben ir acompañadas de transporte público eficiente y de infraestructuras seguras para peatones y ciclistas. El estudio también plantea la creación de caminos escolares que permitan a los niños acudir andando o en bicicleta, así como la naturalización de los entornos educativos para mejorar la calidad ambiental y reducir el efecto del calor urbano. En paralelo, subraya la necesidad de reforzar la red de medición de la calidad del aire, especialmente en municipios donde es insuficiente, para poder detectar y actuar en los puntos más expuestos.