VALÈNCIA. La reconstrucción tras la Dana del 29 de octubre de 2024 ha reabierto una discusión sobre qué hacer con los terrenos inundables: si deben mantenerse libres de nuevas construcciones o si es posible urbanizarlos con medidas que reduzcan el riesgo. A las puertas del segundo aniversario de la tragedia, los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER) y entidades ecologistas han unido fuerzas para reclamar una moratoria que frene más de una veintena de 'megaproyectos' urbanísticos en las zonas afectadas.
El PAI de Font Baixa, en Alfafar, se ha convertido en uno de los ejemplos de lo que denominan la "reconstrucción del hormigón". En este sector de huerta está previsto levantar un nuevo barrio con 1.200 viviendas distribuidas en 36 torres de entre ocho y diez alturas, que supondría la llegada de unas 3.600 personas. Según han trasladado los comités este martes, el desarrollo de este sector supone "la pérdida de suelo permeable en un municipio afectado por la Dana" y obliga a revisar qué modelo urbanístico debe orientar la recuperación tras la riada.
- Terrenos donde se proyecta el PAI de Font Baixa de Alfafar. - Foto: VP
La oposición al PAI se produce mientras el proyecto continúa su tramitación administrativa. En agosto, la Comisión de Evaluación Ambiental Municipal emitió un informe favorable que permite seguir adelante con el procedimiento, pero no supone la aprobación definitiva del desarrollo urbanístico. Tanto la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) como la Generalitat Valenciana informaron favorablemente aunque con condiciones que deberán incorporarse al proyecto.
Entre ellas figuran medidas para reducir el impacto de lluvias intensas y gestionar el agua. El informe autonómico sobre la compatibilidad con el Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (Patricova), emitido el 1 de julio a partir de un documento que incorpora la cartografía y los efectos de la Dana, reconoce que el sector está afectado por peligrosidad de inundación, pero considera compatible su desarrollo si se cumplen las condiciones establecidas.
El análisis hidráulico sitúa los niveles del agua entre las cotas 7,5 y 8 metros sobre el nivel del mar, por lo que los usos vulnerables deberán quedar por encima de esos niveles o protegerse mediante cerramientos estancos a la altura indicada. La CHJ también exige sistemas urbanos de drenaje sostenible. El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, defiende la continuidad del PAI y recuerda que los terrenos tienen la condición de suelo urbano desde 1992.
Según explica Adsuara a Valencia Plaza, se trata de una iniciativa privada en la que el Ayuntamiento lleva trabajando cerca de 15 años y que "cuenta con garantías legales". Además, el alcalde sostiene que el desarrollo permitirá construir más de 300 viviendas públicas y que más del 20% del total tendrá algún régimen de protección. Adsuara defiende que el diseño incorpora medidas para adaptarse a los episodios de lluvias intensas: aparcamientos en altura, balsas de recogida de agua y un gran espacio verde que aspira a convertirse en uno de los mayores jardines del área metropolitana de València.
El alcalde de Alfafar añade que la propuesta incluye infraestructuras adaptadas, criterios de urbanismo bioclimático y actuaciones orientadas a la eficiencia energética, el aprovechamiento del agua de lluvia y la movilidad peatonal y ciclista. El proyecto contempla, además, la conservación de elementos patrimoniales como la Alquería de Canón, la Casa del Nitro, el Motor de San Sebastián y el Sequer.
El CLER estudia acudir a la Fiscalía de Medio Ambiente
Frente a estos argumentos, el CLER cuestiona que el desarrollo tenga suficientemente en cuenta el valor ambiental de los terrenos. Rosa Mas, miembro del comité, sostiene que el sector de Font Baixa quedó fuera de la protección prevista por la Ley de l'Horta "de una manera totalmente arbitaria". En ese sentido, Mas recuerda que una parte del ámbito se encuentra dentro de la zona de peligrosidad de inundación delimitada por la cartografía del Patricova y sostiene que la huerta debe entenderse como parte de la infraestructura verde, por su papel en el ciclo del agua y como espacio de conexión entre ecosistemas.
A su juicio, separar el suelo agrícola de su función ambiental impide valorar el impacto que puede tener su transformación en un entorno que ya ha sufrido inundaciones graves. El CLER ha anunciado que solicitará información pública para conocer los contratos vinculados al PAI de Font Baixa y los informes técnicos que sustentan su compatibilidad ambiental. También prevé recurrir la siguiente autorización administrativa si el proyecto continúa avanzando y estudia presentar una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente por una posible "agresión ambiental".
La movilización en torno al PAI de Font Baixa también cuenta con el apoyo de las asociaciones de víctimas de la Dana. La portavoz de la Associació de Víctimes Mortals Dana 29-O, Rosa Álvarez, se muestra muy crítica con la actitud de la Generalitat y determinados ayuntamientos, a los que "les interesa la economía por encima de la vida de sus conciudadanos".
Álvarez vincula la conservación de estos terrenos con lo ocurrido durante la Dana y lamenta que las conclusiones de los encuentros institucionales sobre prevención y resiliencia no siempre se traduzcan, después, en decisiones concretas. "Eso queda después en palabras", señala. La proximidad del segundo aniversario de la catástrofe ha llevado a los colectivos a convocar una nueva acción en Font Baixa. El domingo 18 de octubre, a las 10 horas, han organizado una jornada de limpieza de los terrenos y una asamblea abierta para debatir futuras actuaciones.
