ALFAFAR. Frenar los grandes desarrollos urbanísticos en las comarcas de l'Horta Sud y la Hoya de Buñol y revisar su impacto sobre el territorio después de la Dana del 29 de octubre de 2024. Es la reivindicación que han trasladado este martes entidades ecologistas y vecinales, que reclaman una moratoria para más de una veintena de macroproyectos y piden que se revise la planificación urbanística tras las inundaciones, que cumplirán dos años en las próximas semanas.
Los colectivos advierten de que la transformación de grandes superficies de suelo para usos residenciales, industriales y comerciales puede agravar los riesgos en un territorio que sufrió de lleno las consecuencias de la riada. La iniciativa parte de un análisis elaborado por los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER), que han identificado más de 20 proyectos y cifran en más de cinco millones de metros cuadrados la superficie vinculada a nuevos desarrollos.
La relación incluye actuaciones de distinta naturaleza y en diferentes fases de tramitación, desde ampliaciones industriales y logísticas hasta nuevos barrios residenciales y grandes equipamientos comerciales. La campaña se ha presentado en los terrenos del PAI de la Font Baixa de Alfafar, junto a la olivera plantada en memoria de las víctimas de la Dana.
- Olivera en memoria de las víctimas de la Dana del 29 de octubre en Alfafar. - Foto: VP
Las entidades han elegido este enclave como ejemplo del modelo urbanístico que cuestionan: una bolsa de suelo agrícola pendiente de urbanización en uno de los municipios de la 'zona cero'. Parte de las parcelas se utiliza actualmente como aparcamiento provisional y en la zona se acumulan maquinaria y residuos.
Juan Miguel Fernández, miembro de los CLER, ha explicado que la moratoria pretende paralizar estos desarrollos mientras se revisan sus efectos sobre el territorio y se refuerza la participación de la ciudadanía en las decisiones urbanísticas. "A más hormigón, más impermeabilizado está el suelo y, por lo tanto, ante una posible catástrofe, más riesgo de inundación existe en el territorio", ha advertido.
Entre los proyectos que los colectivos ponen como ejemplo también figuran la ampliación del centro comercial Bonaire y el Parque de Innovación Pont dels Cavalls, en Aldaia; la ampliación del suelo industrial y logístico de Albal; un desarrollo residencial junto al barranco del Poyo en Massanassa; y un centro de datos de más de 77 hectáreas en Picassent.
También señalan la ampliación del polígono industrial La Taronja, en Picanya; un nuevo polígono industrial en Torrent; y un desarrollo industrial y logístico de más de 1,5 millones de metros cuadrados en Cheste, además de otras actuaciones en municipios de l'Horta Sud y el entorno de Chiva.
Además de la moratoria, los CLER reclaman mecanismos vinculantes para que la población pueda participar en las decisiones sobre estos proyectos. Fernández ha defendido que la seguridad de las personas, la protección de los animales y la conservación de los ecosistemas y del patrimonio deben prevalecer sobre los intereses económicos. También ha cuestionado que la necesidad de vivienda se utilice para justificar nuevos desarrollos y ha defendido que se movilicen las viviendas vacías y los pisos turísticos existentes antes de ocupar más suelo.
La Font Baixa, un PAI pendiente de aprobación definitiva
El proyecto de la Font Baixa permite concretar las objeciones de las entidades. El ámbito constituye una de las bolsas de suelo residencial pendientes de desarrollo en Alfafar y está clasificado como urbanizable desde 1991. Tras la Dana, las condiciones de inundabilidad de los terrenos tuvieron que revisarse antes de que el proyecto pudiera continuar avanzando en su tramitación.
En agosto, la Comisión de Evaluación Ambiental Municipal emitió un informe ambiental y territorial favorable, que permite seguir tramitando el plan, pero no supone su aprobación definitiva. El proyecto, promovido por el Grupo Bertolín, todavía debe superar los trámites urbanísticos correspondientes.
La propuesta contempla un nuevo barrio residencial con medidas para reducir el riesgo de inundación. Tanto la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) como la Generalitat han informado favorablemente sobre el desarrollo, aunque sujeto a condiciones. Entre ellas figuran la adaptación de los usos vulnerables a las cotas de inundación analizadas y la incorporación de sistemas urbanos de drenaje sostenible para mejorar la gestión del agua de lluvia. El diseño prevé también alrededor de 60.000 metros cuadrados de zonas verdes.
Pese a estas medidas, los colectivos cuestionan que el desarrollo pueda avanzar sin una revisión más amplia de los riesgos y de la protección ambiental del ámbito. Rosa Mas, miembro de los CLER de Alfafar, ha criticado que los terrenos quedaran fuera de la protección de la huerta y ha defendido que esta debe entenderse como un ecosistema agrario con funciones ambientales propias.
Mas ha señalado que el suelo fértil favorece la infiltración del agua, contribuye a regular el ciclo hídrico y sirve de refugio para distintas especies. También ha destacado la función de la huerta como conexión entre espacios naturales, frente a la fragmentación que genera la expansión urbana. A su juicio, sustituir estos terrenos por superficies urbanizadas supone perder parte de esa capacidad ambiental.
- Terrenos donde se proyecta el PAI de la Font Baixa en Alfafar. - Foto: VP
La representante vecinal ha reclamado que el ámbito conserve su función agrícola y ha cuestionado que se considere que el proyecto no tendrá afecciones ambientales por tratarse de suelo urbanizable. Los colectivos piden que la revisión de la planificación territorial tras la Dana permita identificar con mayor precisión las zonas inundables y que los riesgos se valoren antes de autorizar nuevos desarrollos.
Los colectivos preparan nuevas actuaciones administrativas
La oposición al PAI no se limita a la petición de una moratoria general. Mas ha anunciado que las entidades solicitarán información pública de carácter ambiental para conocer qué empresas participan en la tramitación y qué informes técnicos sustentan la compatibilidad del desarrollo con la protección del entorno y la seguridad de la población.
Los colectivos también estudian recurrir las siguientes autorizaciones administrativas cuando se produzcan y no descartan acudir a la Fiscalía de Medio Ambiente. Con estas actuaciones pretenden cuestionar la continuidad del proyecto y reclamar una protección de los terrenos acorde con su condición de suelo fértil y su función dentro de la infraestructura verde.
