TORRENT. La tasa de basuras se ha convertido en uno de los principales asuntos de la política municipal de Torrent durante los últimos meses. Lo que comenzó en verano como un intercambio de críticas entre el gobierno local de PP y Vox y el PSPV-PSOE por la implantación del nuevo tributo ha terminado ocupando buena parte de la actividad política de la oposición socialista. Bajo el liderazgo de Andrés Campos, la formación ha situado este gravamen en el centro de su discurso, con una estrategia que ha combinado campañas en redes sociales, comparaciones con otros municipios, recogidas de firmas, propuestas fiscales y, más recientemente, iniciativas ante notario y la Junta Electoral.
La controversia no es nueva. Desde el verano, cuando comenzaron a conocerse las cantidades que tendrían que abonar los vecinos, los socialistas han cuestionado el modelo aprobado por el Ayuntamiento. Sin embargo, lo que inicialmente era una crítica a una decisión fiscal concreta ha ido adquiriendo un mayor protagonismo dentro de la actividad política del PSPV, hasta convertirse en uno de sus principales argumentos frente al ejecutivo que encabeza la alcaldesa Amparo Folgado.
La estrategia ha contribuido a mantener abierto un debate que también afecta a otros municipios, pero que en Torrent ha adquirido una notable dimensión política. De hecho, la tasa responde a una obligación estatal que también se aplica en todos los municipios, aunque las diferencias en las ordenanzas municipales y en la intensidad del enfrentamiento entre partidos han dado lugar a debates públicos distintos.
En el caso de Torrent, el PSPV ha insistido especialmente en las cantidades que deben pagar los vecinos y en la capacidad del Ayuntamiento para establecer los criterios de reparto. La Ley 7/2022 del Gobierno de España obliga a las entidades locales a disponer de una tasa específica, diferenciada y no deficitaria para financiar la gestión de los residuos, pero corresponde a cada consistorio aprobar su ordenanza y determinar cómo distribuir los costes del servicio.
Esta distinción ha sido precisamente el punto de partida del discurso socialista. Mientras el PP ha defendido que la implantación del tributo responde a una obligación derivada de la legislación estatal, el PSPV ha centrado sus críticas en el modelo elegido por el gobierno municipal.
De las críticas a las primeras propuestas
En Torrent, el Ayuntamiento ha establecido un sistema basado principalmente en el consumo anual de agua. Así, los domicilios con un consumo de hasta 65 metros cúbicos abonan 47,19 euros al año; aquellos situados entre 65,01 y 90 metros cúbicos pagan 147,29 euros; mientras que los hogares con consumos comprendidos entre 90,01 y 195 metros cúbicos deben hacer frente a una cuota de 170,17 euros.
Estas cantidades han sido utilizadas por el PSPV para cuestionar la ordenanza municipal, aunque las comparaciones con otros municipios requieren tener en cuenta que cada localidad dispone de un sistema de cálculo y unos costes de gestión diferentes.
Con el inicio del cobro del nuevo tributo en septiembre, la oposición socialista dio un paso más y comenzó a presentar alternativas de gobierno. El portavoz del PSPV y aspirante a la Alcaldía en 2027, Andrés Campos, retó públicamente a Folgado a mantener un debate sobre la tasa de basuras y anunció que, si alcanzaba el gobierno municipal, derogaría la actual ordenanza para elaborar una nueva regulación que considerase más justa y proporcional.
A esta actividad se sumó una recogida de firmas contra el modelo de la tasa, que, según las cifras trasladadas por el propio Campos, alcanzó las 5.000 adhesiones. La iniciativa permitió al PSPV trasladar su oposición al tributo más allá del debate en el pleno y de las publicaciones en redes sociales.
Un debate que también ha marcado la respuesta del gobierno municipal
La controversia ha tenido igualmente su reflejo en las decisiones y propuestas del gobierno local de Amparo Folgado. La alcaldesa ha defendido desde el principio que la tasa responde a una obligación estatal y ha insistido en que los ayuntamientos deben cumplir la normativa vigente, con independencia del partido que gobierne en cada localidad.
No obstante, el consistorio también ha planteado medidas para aliviar el impacto económico del nuevo recibo. En septiembre, Folgado anunció una propuesta para reducir el tipo general del IBI urbano del 0,49% al 0,40%, el mínimo permitido por la legislación. La medida supondría una rebaja del 18,37% respecto al tipo anterior y daría continuidad a las reducciones de este impuesto impulsadas durante el mandato.
La propuesta coincidió con las reclamaciones que también habían planteado otros grupos municipales, entre ellos el PSPV y Sumant per Torrent-Decidix, que igualmente había promovido una recogida de firmas para revisar la tasa.
El debate llegó también al pleno municipal de octubre, cuando el Ayuntamiento aprobó una moción para reclamar al Gobierno de España la eliminación de la obligación de establecer este tributo. La iniciativa partió de una propuesta del Grupo Socialista que fue modificada mediante enmiendas del Partido Popular.
El acuerdo finalmente aprobado contemplaba solicitar la derogación de la obligación legal y, en caso de mantenerse, una moratoria de tres años para los municipios afectados por la Dana del 29 de octubre de 2024. La moción salió adelante con el respaldo de PP, Vox, PSPV y el concejal no adscrito, mientras que Compromís se abstuvo.
De esta manera, la tasa de basuras ha terminado protagonizando tanto las iniciativas de la oposición como parte de la agenda fiscal del gobierno municipal, aunque ambos mantienen diferencias sobre el origen de la obligación, la regulación del tributo y las medidas necesarias para reducir su impacto sobre los contribuyentes.
El pspv continúa dándole recorrido
En las últimas semanas, el PSPV ha continuado dando recorrido político a la cuestión. Una de sus iniciativas más recientes ha sido elevar ante notario el compromiso de derogar la actual ordenanza de la tasa de basuras si consigue gobernar Torrent y sustituirla por un nuevo modelo. La formalización notarial permite dejar constancia del compromiso asumido por la formación.
A esta iniciativa se suma la denuncia presentada por los socialistas ante la Junta Electoral de Zona de València por una campaña institucional del Ayuntamiento relacionada con la tasa de basuras. En una resolución adoptada el pasado 1 de noviembre, el organismo ha estimado la reclamación al apreciar que determinados contenidos de la comunicación municipal no se ajustaban a los principios de objetividad y neutralidad exigidos a las administraciones públicas.
En concreto, la Junta Electoral cuestiona que la campaña atribuyera la imposición del gravamen al Gobierno central sin explicar que la ley fue aprobada por una mayoría parlamentaria integrada por diferentes grupos políticos. También hace referencia a la responsabilidad municipal en la determinación de las cuotas. No obstante, el organismo ha descartado abrir un expediente sancionador contra el Ayuntamiento, por lo que la resolución no ha supuesto ninguna sanción para el consistorio.
La denuncia constituye así un nuevo episodio de una controversia que comenzó con las primeras explicaciones sobre el recibo y que, varios meses después, continúa formando parte de la actualidad política municipal.
Con las elecciones locales de 2027 en el horizonte, el PSPV ha encontrado en la tasa de basuras un asunto recurrente desde el que cuestionar las decisiones fiscales del ejecutivo de Folgado y presentar sus propias alternativas para demostrarse como alternatica de gobierno. Por su parte, el gobierno municipal mantiene su defensa de las medidas adoptadas y de la necesidad de cumplir una obligación establecida por la normativa estatal.
Lo que comenzó como un debate sobre cuánto debían pagar los vecinos por la recogida y el tratamiento de sus residuos se ha convertido, de este modo, en uno de los principales puntos de confrontación entre gobierno y oposición en Torrent. Y, por el momento, las sucesivas iniciativas de ambos partidos mantienen la tasa de basuras en el centro de la agenda política local.
