VALÈNCIA. Seis meses después de la fecha prometida para recibir las llaves, los futuros propietarios de la urbanización Residencial Calicanto Village siguen esperando. Las viviendas que compraron sobre plano, y por las que ya han entregado depósitos, no solo no están listas para entrar a vivir: en muchos casos ni siquiera están terminadas por dentro.

El proyecto, que la promotora Urbania Developer reactivó en 2023 sobre un complejo abandonado desde la crisis inmobiliaria, arrastra así un nuevo capítulo de retrasos y polémicas. Se trata de 36 chalets pareados de entre tres y cuatro habitaciones, ubicados en el término municipal de Godelleta, junto a Chiva, que se presentan como una opción residencial con espacios exteriores y buena conexión con zonas urbanas. Pero la ilusión inicial de los compradores se ha transformado en una cadena de problemas.

Los vecinos relatan a este periódico que las casas habían quedado “vandalizadas” tras más de una década de abandono, y denuncian que, pese a ello, el proyecto sigue operando con la misma licencia de obra concedida en 2007, es decir, de hace casi veinte años.

Las quejas también apuntan a los avales ofrecidos por la promotora. Los compradores aseguran que la empresa avalista no cumple con los requisitos legales para garantizar las cantidades entregadas a cuenta, y califican la situación de “artimaña”. Los futuros vecinos denuncian que los avales emitidos carecen de validez, al no tratarse de una entidad autorizada en España.

La primera fase del proyecto arrancó en diciembre de 2023 y la entrega de llaves estaba prevista para mayo de este año, 2025. La segunda fase debía entregarse en junio, pero tampoco hay noticias. Los vecinos insisten en que las viviendas “no están ni mínimamente en las condiciones óptimas” pese a que el calendario de plazos ya está vencido.

El retraso ha provocado, además, un efecto dominó en la vida de los afectados. Una de las futuras propietarias explica a Valencia Plaza cómo la situación le ha generado incluso costes adicionales: “Yo vendí mi casa para irme a esta urbanización, teniendo en cuenta que entraría a vivir en la fecha en que me dijeron que me darían las llaves, y ahora tendré que pagarle a quien me compró mi casa un plus por no irme todavía, y si la situación se alarga, un alquiler”, lamenta. 

Los futuros propietarios buscan justicia

Ante esta situación, los vecinos, asesorados por un abogado, han advertido a la promotora de la posibilidad de interponer una querella por las “gravísimas irregularidades” en el proyecto. En el escrito, al que ha tenido acceso este periódico, se señala que las cantidades entregadas por los compradores no cuentan con los avales exigidos por la ley para proteger sus ahorros. 

El documento va más allá y apunta a un entramado de sociedades vinculadas entre sí y sin solvencia acreditada, lo que, según el letrado, podría constituir incluso un delito de apropiación indebida.

Los vecinos, asesorados por un abogado, advierten de que la promotora no ha cumplido con los requisitos básicos derivados de la licencia de obra de 2007. Entre ellos, la construcción de una estación depuradora de aguas residuales, así como las obras y permisos necesarios para el suministro de agua potable y electricidad definitiva. 

El agua, un enfrentamiento entre municipios

A la maraña de problemas urbanísticos y legales de la promoción, se suma un conflicto que mantiene la situación en punto muerto: el suministro de agua potable. En ese terreno, los ayuntamientos de Godelleta y Chiva discrepan por completo. Las viviendas se ubican en el término municipal de Godelleta, aunque las tuberías más cercanas forman parte de la red de Chiva. La alcaldesa godelletana, Amparo Pardo, reconoce a Valencia Plaza que su consistorio no puede llevar el agua hasta esa zona porque, en la actualidad, no existe ninguna infraestructura que la pueda trasladar.

Pardo asegura que la única salida razonable sería conectar las tuberías con la red de Chiva, que ya abastece a zonas limítrofes como el diseminado de los Felipes. Sin embargo, esa posibilidad se ha topado con la negativa del municipio. “Le hemos pedido agua a Chiva, pero, ante la escasez que han vivido en verano, no nos la pueden dar”, explica Pardo y recuerda que, cuando la promotora reactivó el proyecto ya les advirtieron de que el suministro podía ser un escollo difícil de resolver.

En el consistorio chivano, la versión es distinta. El concejal de Medio Ambiente, Emilio Morales, señala a este diario que el error viene de origen, porque Godelleta otorgó licencia sin garantizar previamente el servicio básico de agua. “Un ayuntamiento no puede dar una licencia de obra sin asegurar el suministro. Godelleta lo ha hecho mal”, afirma Morales. Además, el edil subraya que su municipio ha sufrido restricciones tras la Dana del 29-O y que la capacidad de sus equipos estuvo al límite durante este verano. 

Incluso, llegaron a plantearse cortar el suministro a Cheste, localidad a la que abastecen desde 2014. Con estos antecedentes, Morales insiste en que no pueden hacerse cargo de una nueva demanda. Para Chiva, aceptar el planteamiento equivaldría a asumir un problema que no les corresponde. Sin embargo, el edil asegura que están dispuestos a estudiar si existe alguna vía administrativa, técnica o incluso judicial para colaborar con el Ayuntamiento de Godelleta. 

El trasfondo técnico tampoco ayuda. Las redes de abastecimiento que cruzan Calicanto fueron construidas entre los años 70 y 80 y se mezclan entre varios términos municipales. Esa maraña de tuberías convierte cada conexión en un laberinto administrativo. 

En la práctica, Godelleta insiste en que la única salida es que Chiva permita la conexión a su red, mientras que este municipio rechaza esa opción y señala a su vecino como responsable del embrollo. Por su parte, la promotora, Urbania Developer, no quiere señalar a ningún consistorio hasta que la obra esté terminada. El resultado es un pulso entre administraciones que, por el momento, ralentiza el proyecto.