VALÈNCIA. La planta de biometano proyectada en Llíria tiene previsto comenzar a funcionar en el primer trimestre de 2028. La promotora, The Green Vector –sociedad conjunta de Enagás Renovable y Genia Bionergy–, asegura a Valencia Plaza que las obras avanzan según el calendario previsto y que la instalación se encuentra ya en fase de construcción. El movimiento de tierras terminó el pasado mes de agosto y los trabajos se centran ahora en la cimentación de los tanques y la excavación de los fosos.
Las previsiones de puesta en marcha del proyecto se mantienen pese al rechazo que ha generado en la comarca del Camp de Túria y a la decisión del Ayuntamiento de Casinos de llevarlo a los tribunales para tratar de frenar su ejecución. Desde The Green Vector sostienen que la planta cuenta con todas las autorizaciones y que su tramitación incluyó una evaluación de impacto ambiental, fue sometida a varios procesos de exposición pública y tiene el visto bueno de distintos organismos, entre ellos la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
Asimismo, la compañía recuerda que la Generalitat Valenciana inadmitió el pasado 28 de enero la solicitud de revisión de oficio presentada por el Ayuntamiento de Casinos contra las autorizaciones del proyecto. En aquella resolución, el Consell no apreció causas de nulidad ni consideró que se hubiera prescindido del procedimiento legalmente establecido.
También señaló que las parcelas donde se construye la planta no lindan con el término municipal de Casinos, por lo que no era necesario conceder a este consistorio una audiencia específica durante la tramitación del proyecto. La promotora responde así después de que el alcalde de Casinos, Miguel Navarré, anunciara este viernes que el consistorio ha presentado la primera de las dos demandas que prepara contra el proyecto ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
El Ayuntamiento pretende impugnar las principales autorizaciones administrativas de la instalación: la Declaración de Interés Comunitario (DIC), la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y la Autorización Ambiental Integrada (AAI). Además, ha solicitado la paralización cautelar de las obras mientras se resuelve el procedimiento judicial. La compañía asegura que respeta el derecho del Ayuntamiento de Casinos a acudir a los tribunales, así como la labor de la justicia.
Una planta para tratar 162.800 toneladas de residuos al año
En declaraciones a este diario, The Green Vector señala que "entendemos la inquietud que puede generar este tipo de instalaciones", por lo que ha detallado su diseño y las medidas previstas para controlar su impacto en la comarca. La planta de biometano se construye en suelo no urbanizable del término municipal de Llíria, junto a la CV-35 y a menos de tres kilómetros del casco urbano de Casinos.
Ocupará 1,7 hectáreas y supone una inversión global de 30 millones de euros. El proyecto contempla una capacidad de diseño de 162.800 toneladas anuales de residuos orgánicos no peligrosos, procedentes de la agricultura, la ganadería y la industria agroalimentaria. Según la compañía, la mayoría llegará de un radio de 50 kilómetros y su recepción estará sujeta a contratos, criterios de aceptación y controles de trazabilidad.
A partir de estos materiales, la planta producirá 90 GWh de biometano al año. El proceso generará también digestato, que podrá destinarse a uso agrícola después de los análisis correspondientes y conforme a la normativa. La empresa precisa que su aplicación correrá a cargo de un gestor autorizado, con trazabilidad y de acuerdo con las necesidades de cada cultivo y suelo.
Uno de los aspectos que más preocupa en el entorno es la posible generación de malos olores. The Green Vector explica que la descarga de los residuos se realizará en una nave cerrada y con ventilación en depresión, de manera que el aire se capte y se trate antes de emitirse al exterior. La instalación contará también con depósitos estancos y sistemas de desodorización y filtrado.
- Imagen de archivo de una planta de biometano.- Foto: VP
La promotora asegura que un estudio de dispersión de olores elaborado por una consultora externa concluye que la curva de concentración evaluada no alcanza las zonas residenciales del entorno. Añade que esta previsión se comprobará mediante los controles y la monitorización exigidos en las autorizaciones ambientales. En cuanto al agua, la compañía afirma que la planta no realizará vertidos al medio y que dispondrá de sistemas de impermeabilización, contención y recogida de aguas para su tratamiento.
El proceso aprovechará la humedad de los propios materiales para reducir el consumo de agua. Por su parte, los residuos líquidos se transportarán en cisternas estancas y los sólidos, en vehículos cubiertos, por rutas que evitarán los núcleos urbanos. La instalación contará asimismo con equipos que, por sus características acústicas, estarán ubicados en naves cerradas. Su actividad deberá ajustarse a los límites de ruido establecidos en la Autorización Ambiental Integrada.
The Green Vector estima que la planta permitirá evitar alrededor de 37.000 toneladas de CO₂ al año mediante la gestión de los residuos orgánicos y la sustitución de gas natural fósil por biometano. Según la compañía, el cálculo incluye las emisiones asociadas al transporte y al proceso productivo, ha sido realizado y verificado por compañías externas independientes y estará sujeto a certificación durante la fase de explotación.
