VALÈNCIA (EP). Un total de 224 entidades locales de la Comunitat Valenciana han comunicado la adopción de 7.738 acuerdos contrarios a los reparos de sus órganos de Intervención, con un importe total asociado de 303 millones de euros.

Así lo refleja el 'Informe de fiscalización del ejercicio del control interno en las entidades locales. Ejercicio 2024' publicado este lunes por la Sindicatura de Comptes y con los datos que los órganos de Intervención debían remitir telemáticamente a través de la Plataforma de Rendición de Cuentas hasta el 30 de abril de 2025.

La modalidad de gasto objeto de los reparos más relevante fue la contratación, que estuvo presente en el 57,0% del importe total de acuerdos. Le siguen en importancia los gastos de personal (18,7%) y, en menor medida, los incumplimientos en la prelación de pagos y otros procedimientos. La causa más común de los reparos formulados fue la omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales.

La gran mayoría de acuerdos contrarios a reparos fueron adoptados por el presidente de la entidad, seguido por el pleno y por la junta de gobierno, detalla la Sindicatura.

El 58,2% de las entidades locales había rendido la información del ejercicio 2024 prevista en la Instrucción dentro del plazo legal. Este porcentaje alcanza el 80,8% en la fecha de realización del informe de la Sindicatura (31 de octubre de 2025).

Personal de intervención "insuficiente"

La Sindicatura de Comptes ha advertido que la cobertura de los puestos de Intervención reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional tiene "un alto grado de provisionalidad", ya que los nombramientos con carácter definitivo solo suponían un 50,5% en 2024.

Por otro lado, un 79,4% de los órganos de Intervención de las entidades locales consideraba insuficiente la dotación de medios personales y materiales de que disponían.

En términos generales, la Sindicatura de Comptes ha destacado el bajo cumplimiento en la elaboración del informe resumen anual del control interno, su remisión al pleno de la corporación y a la IGAE, así como la confección del plan de acción por el presidente de la entidad local.

También ha advertido de "la escasa implantación del control financiero en el ejercicio fiscalizado", así como de otras actuaciones de control permanente. Las entidades que realizaron auditoría pública en alguna o varias de sus entidades dependientes o adscritas alcanzaron el 51,6% en 2024, si se considera únicamente a las que tenían entidades dependientes, incluyendo en su caso la contratación con firmas privadas de auditoría.

En el ámbito de los ingresos, 28 entidades, principalmente ayuntamientos, informaron sobre anomalías en un total de 127 expedientes, con un importe asociado de 6 millones de euros. Los impuestos locales, las tasas y los precios públicos fueron los ingresos con el mayor número de anomalías comunicadas.

Recomendaciones

La Sindicatura de Comptes incluye en su informe un apartado de recomendacines en el que reitera la necesidad de que las entidades mejoren la rendición de forma completa y dentro del plazo establecido.

Además, aconseja, entre otras cuestiones, que no se considere adecuado el funcionamiento habitual mediante acuerdos de reconocimiento extrajudicial de créditos, así como la reiteración de reparos y de informes desfavorables de la Intervención.

La Sindicatura subraya que la aplicación del principio de enriquecimiento injusto, reconocido por la jurisprudencia, debería ser totalmente excepcional. Pide que se adopten acciones dirigidas a evitar que la incidencia se produzca, así como depurar las posibles responsabilidades que puedan derivarse.

Por último, pone de manifiesto la necesidad de que se establezcan las medidas necesarias para asegurar una dotación de efectivos suficiente en los órganos de control interno, para que la función interventora y la de control financiero puedan llevarse a cabo de manera efectiva.