VALÈNCIA. La reconstrucción de la provincia de Valencia, tras la descomunal Dana del 29 de octubre de 2024, avanza a marchas forzadas. Los daños materiales fueron mayúsculos y el gran volumen de obras a ejecutar está complicando la vuelta a la normalidad en los municipios, un año después de la tragedia. No solo es la percepción de muchos ciudadanos, sino que los números así lo reflejan. De los 1.745 millones de euros que el Gobierno central transfirió a los ayuntamientos para intentar agilizar los trabajos, únicamente se han licitado 41,5 millones de euros, es decir, el 2,38%. Unas cifras que evidencian la lentitud en la ejecución de los proyectos y que se debe, principalmente, a la falta de capacidad técnica en muchos consistorios.

Así lo constata la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana, en un informe que pone negro sobre blanco una dura realidad que afecta al día a día de muchas personas: las actuaciones se retrasan con una lentitud desesperante, a pesar de la urgencia de las obras y de la magnitud de los daños. Así, el documento recoge que de los 1.745 millones de euros transferidos por el Ejecutivo para financiar la renovación de infraestructuras públicas como calles, colegios o equipamientos deportivos y culturales, a día de hoy, "tan solo se han licitado e iniciada la ejecución de obras por importe de 41,548 millones de euros". Este dato representa un pírrico 2,38%.

¿El problema? "La farragosidad y burocracia del sistema propuesto por el Ministerio y la falta de medios técnicos y administrativos excepcionales de los que carecen los ayuntamientos para acometer estas actuaciones", señalan desde el ente que dirige Manuel Miñés. Una visión que comparten desde Cosital Valencia, el colegio que agrupa a los secretarios e interventores municipales, que advierte de la sobrecarga de expedientes y la falta de personal cualificado en los pequeños ayuntamientos para tramitar proyectos de esta magnitud.

En las administraciones locales, los técnicos trabajan al límite de su capacidad para sacar adelante expedientes que multiplican por cuatro su carga habitual, en un contexto normativo complejo y sin apenas refuerzo de personal. Según advierte la presidenta de Cosital Valencia, María Escamilla, los expedientes se acumulan en los registros, los plazos se alargan y las prioridades se reordenan en función de la capacidad del personal del ayuntamiento. 

"No se trata de falta de compromiso, sino de límites objetivos", insiste Escamilla. "El trabajo se hace, pero cada paso exige garantías y revisiones. Saltarle la legalidad no es una opción", asegura. Por eso, la presidenta de Cosital Valencia propone medidas estructurales para futuras emergencias. Entre ellas, un mecanismo de apoyo técnico provincial o autonómico que pueda desplegarse cuando los ayuntamientos queden desbordados.

A todo ello se suma la falta de técnicos, que también afecta a la planificación de las obras. Algunos consistorios se ven obligados a licitar por fases o a externalizar la redacción de proyectos, lo que encarece y ralentiza el proceso. "Antes de construir hay que tener una memoria aprobada y, para eso, hace falta un arquitecto o un ingeniero. Si el municipio no los tiene, debe contratarlos y eso supone otro expediente", detalla Escamilla.

Más apoyo técnico y menos burocracia

Los ayuntamientos afectados coinciden en ese diagnóstico. En declaraciones a Valencia Plaza, los alcaldes y alcaldesas de la 'zona cero' aseguran que, pese a disponer de los fondos estatales, los procedimientos administrativos y la falta de personal técnico frenan el avance de estos proyectos. Por ejemplo, en Aldaia, uno de los municipios más castigados por la Dana, el alcalde, Guillermo Luján, vaticina que la reconstrucción será "larga y compleja" por la escasa capacidad de la que dispone el consistorio para gestionar el volumen de expedientes que ha generado la riada.

"Necesitaríamos una medida excepcional, en términos de apoyo técnico y humano. Con los medios actuales, este proceso nos llevará tiempo y, siendo sincero, al pensarlo me asusta, porque realmente serán muchos años de trabajo", admite el primer edil. Una situación similar se vive en Benetússer, donde la alcaldesa, Eva Sanz, explica que la sobrecarga administrativa ha generado "atascos" en departamentos como Urbanismo o Contratación.

A la gestión cotidiana del municipio, se suman ahora decenas de proyectos de reconstrucción. "Lo que antes se hacía en pequeñas partes durante varias legislaturas, ahora hay que hacerlo todo a la vez, y eso puede durar entre cinco y siete años", estima Sanz. Por su parte, el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, cree que la principal dificultad se encuentra en la rigidez de los trámites.

"Para reconstruir los parques y jardines, que son una prioridad por cuestión de salud mental, debemos pasar por el mismo proceso de licitación que antes de la Dana", explica. Un procedimiento que implica licitar la redacción de las memorias a fin de presentarlas al Ministerio para que las apruebe y, por último, adjudicar las obras. Cada fase puede prolongarse dos o tres meses y, en muchos casos, se complica por recursos o alegaciones de empresas. 

Como la mayoría de municipios afectados, Alfafar ha recurrido a la empresa pública Tragsa para acelerar parte de los trámites, aprovechando su capacidad técnica y su experiencia en obras de emergencia. Sin embargo, Adsuara reconoce que el sistema sigue siendo insuficiente: "Si bien es cierto que sin Tragsa estaríamos en circunstancias mucho peores, somos muchos municipios los que dependemos de ellos y tienen sus tiempos".

Además, el alcalde lamenta que "la contratación por emergencia se cortó el 7 de febrero" y exige un modelo más ágil para las localidades afectadas. "No pedimos contratar a dedo, pero sí un proceso más rápido que permita reducir plazos. Mientras queden parques, calles o equipamientos por reconstruir, seguimos en emergencia", concluye Adsuara.

¿Qué obras post-Dana se han licitado hasta ahora?

Según los datos de los contratistas, entre los 41,5 millones licitados se encuentra la licitación del Ayuntamiento de Godelleta de las obras de restitución y reforma de las instalaciones deportivas afectadas, que incluyen el césped y las pistas de pádel del polideportivo municipal. En Cheste, también el ayuntamiento ha destinado 411.407 euros a la reparación de su polideportivo municipal, mientras que en Alginet las actuaciones alcanzan los 2,45 millones de euros para la reparación de viales tanto en el casco urbano como en las urbanizaciones más afectadas por las lluvias torrenciales.

Por otro lado, el Ayuntamiento de València concentra también un importante volumen de inversiones. En el barrio de La Torre, así como en los barrios de San Jorge y Faitanar, se han licitado obras de reparación de infraestructuras viarias por 1,01 millones de euros. Además, de otros 1,43 millones a la mejora de infraestructuras en la pedanía de Castellar-Oliveral; 1,46 millones a la construcción de nuevos vestuarios para el campo de fútbol de La Torre-Faitanar, y 414.898 euros al cerramiento y mejora de accesos del Instituto Deportivo de Castellar-Oliveral.

En Sedaví, las actuaciones se canalizan a través de la empresa pública Tragsa, con diversas intervenciones en el parking municipal, incluyendo la reconstrucción de las instalaciones eléctricas, de ventilación y contra incendios, por un total de más de 619.000 euros. Además, se han presupuestado 300.912 euros para la reforma interior del edificio consistorial afectado por las inundaciones.

Uno de los proyectos de mayor envergadura corresponde al Ayuntamiento de Algemesí, que ya ha puesto en marcha 18,5 millones de euros en la reconstrucción integral del barrio del Raval, una de las zonas más castigadas por el temporal. En Xirivella, se han movilizado 1,89 millones para la reposición de instalaciones deportivas repartidas en tres lotes, mientras que en Utiel se ejecutan las obras de un nuevo muro de contención y vallado del polideportivo, con un presupuesto de 326.966 euros.

Otras actuaciones que también se han licitado son la reposición en el Real de Montroy de caminos rurales -como La Serreta, Correchal, Llometa Roja o la Partida Algabar- con una inversión global que supera los 2,1 millones de euros; o la construcción de un muro de contención en Picanya para garantizar la estabilidad de las viviendas colindantes al barranco del Poyo, con un presupuesto superior a 2,21 millones de euros, entre otras actuaciones.

Por otro lado, a fecha de septiembre, la licitación de obra pública a nivel nacional alcanza los  24.153 millones de euros, de los que la Comunitat Valenciana concentra 2.581,9 millones, lo que representa el 10,69% del total estatal, según se desprende del informe de la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana.

Dentro de esa cifra, se incluyen 809,1 millones de euros correspondientes a las obras de emergencia y reconstrucción impulsadas tras la Dana del 29 de octubre de 2024, de los cuales 687,4 millones han sido licitados por la Administración General del Estado (AGE) y 121,7 millones por la Generalitat Valenciana.