VALÈNCIA. Los futuros propietarios del Residencial Calicanto Village se concentraron este viernes a las puertas de la promotora Urbania Developer para exigir que se frene la entrega de sus viviendas mientras no se conceda la licencia de primera ocupación y no estén garantizados los suministros básicos. Bajo lemas como "Así no se entrega un hogar", "Queremos suministros básicos" o "Casas legales ya", los afectados denunciaron la presión que, aseguran, están recibiendo para firmar la compraventa de los chalets sin que se cumplan los requisitos legales necesarios para poder habitarlos.

La protesta llega días después de que los compradores fueran convocados a firmar ante notario el próximo 27 de diciembre, con un plazo de apenas 30 días, pese a que el Ayuntamiento de Godelleta no ha concedido la licencia de primera ocupación. Cabe recordar que no pueden acceder a esta licencia al no tener garantizado el suministro de agua por parte del Ayuntamiento, como así se asegura en un requerimiento por parte del consistorio. 

Según pudo saber Valencia Plaza, Urbania da por finalizadas las obras y ha presentado una declaración responsable de primera ocupación, pero los vecinos insisten en que esto no sustituye a la licencia municipal ni garantiza la legalidad de los suministros: “Nos obligan a comprar una casa en la que no podemos vivir legalmente, sin cédula de habitabilidad, sin licencia y sin posibilidad de obtener una hipoteca”, explican.

Sin embargo, en relación con los suministros de agua y luz, la promotora asegura que ha activado el centro de transformación eléctrica y cuenta con la red operativa. Respecto al agua, afirma que Hidraqua ha certificado que existe presión suficiente en la red y que se han instalado los elementos necesarios para el abastecimiento, además de un contador auxiliar. 

Durante la concentración, los vecinos denunciaron además la falta de comunicación con la promotora. Aseguran que desde hace meses no reciben respuesta a correos electrónicos, llamadas o mensajes, y que no se ha producido ninguna reunión a varias bandas —ayuntamientos, empresa y compradores— para desbloquear el conflicto. “Estamos atrapados en un cruce de responsabilidades entre administraciones y la promotora, y nadie se sienta a buscar una solución”, explica uno de los propietarios a este periódico.

La situación, subrayan, tiene un fuerte impacto personal y económico. Cada familia ha entregado alrededor de 50.000 euros en concepto de arras, en muchos casos cuentan que son sus ahorros de toda una vida. Algunos compradores han vendido ya su vivienda anterior, otros se han visto obligados a prolongar alquilere, y varias familias denuncian problemas añadidos para escolarizar a sus hijos o acceder a ayudas por los retrasos en la entrega.

Actualmente, el conflicto se encuentra judicializado. Los compradores explican que existen medidas cautelares urgentes acordadas por el juzgado que impiden la formalización de compraventas mientras no se aclare la situación legal de las viviendas, y es precisamente eso lo que exigen. Pese a ello, temen que, si no firman dentro del plazo impuesto, la promotora resuelva los contratos y se apropie de las cantidades entregadas.

Por su parte, Urbania mantiene que los chalets están prácticamente terminados, que los suministros están técnicamente garantizados y que la declaración responsable es una herramienta habitual para agilizar entregas ante la demora administrativa. Mientras tanto, los vecinos advierten de que continuarán con las movilizaciones y las acciones legales hasta que se garantice que las viviendas puedan entregarse con todas las licencias y servicios en regla.