ALICANTE.- Ángel Luna González, abogado y exalcalde de Alicante, ejerce desde 2019 como Síndic de Greuges, etapa en la que ha reforzado el papel de la institución como garante del derecho a una buena administración. Su mandato se ha caracterizado por un tono firme y crítico frente a los retrasos estructurales, la falta de cooperación institucional y las crecientes trabas al acceso a la información pública, especialmente en el ámbito municipal. Luna sostiene que la Administración no puede convertir la falta de medios en una excusa permanente para vulnerar derechos y alerta de una “normalización del incumplimiento” que afecta de manera directa a la ciudadanía, en especial a los colectivos más vulnerables.

La Memoria Anual 2025 confirma esta tendencia: el Síndic atendió 5.006 quejas, abrió 11 quejas de oficio, dictó 2.414 resoluciones y realizó 24.819 actuaciones, cifras que consolidan un incremento sostenido respecto a ejercicios anteriores. Los ámbitos con mayor conflictividad fueron, por este orden, Servicios Sociales, Dependencia, Vivienda y Administración local, donde persisten retrasos injustificados y falta de respuesta. Luna advierte de que muchos ayuntamientos siguen sin cumplir los plazos legales y reclama que cualquier nueva política pública vaya acompañada de recursos reales para garantizar su efectividad. Con mandato hasta diciembre de 2026, defiende que la institución es un pilar democrático esencial y que seguirá ejerciendo su función “hasta el último día”.

P.- ¿Cuáles son eh los grandes temas que siguen generando las quejas de los ciudadanos? Me acuerdo que en la última entrevista el tema estrella era la vivienda...

R.- El primer lugar lo ocupa Servicios Sociales, con reclamaciones vinculadas a dependencia, discapacidad y la Renta Valenciana de Inclusión. El segundo gran bloque de quejas este año es el de Transparencia, un ámbito donde detectamos resistencias de varias administraciones —entre ellas seis corporaciones locales— a entregar información pública a vecinos y a concejales de la oposición. La vivienda queda en tercer lugar, aunque continúa siendo uno de los temas más sensibles para la ciudadanía.

P.- ¿Y Educación y Sanidad?

R.- En Educación y Sanidad las cifras varían según el año. En el caso de Educación, las quejas suelen llegar de forma muy agrupada: cuando surge un problema concreto, la sociedad civil se organiza con rapidez y eso provoca un volumen elevado de reclamaciones en poco tiempo. Por ejemplo, en 2024 hubo un único asunto educativo que concentró 139 quejas, lo que disparó las cifras de ese ejercicio.

En cambio, Sanidad presenta menos variaciones. Las quejas suelen ser más individualizadas y están relacionadas, sobre todo, con retrasos y demoras en la asistencia sanitaria, tanto en atención primaria como en otros niveles del sistema.

-Analicemos las áreas más conflictivas. ¿Por qué hay más quejas en Servicios Sociales? ¿Y si la conselleria de ramo toma nota de las quejas?

- En dependencia y discapacidad la Conselleria de Servicios Sociales suele responder y toma nota de las quejas, pero no se aprecia una solución clara. A mi juicio, el origen está en un problema de diseño del sistema de servicios sociales que ha derivado en una burocratización excesiva en la Comunitat Valenciana.

La Ley de Servicios Sociales Inclusivos de 2017 quiso dar un papel protagonista a los ayuntamientos, bajo el principio de que los servicios sociales debían estar cerca del ciudadano. Eso llevó a situar la gestión en el ámbito municipal, pero con un control muy estricto por parte de la conselleria. Ese doble nivel —gestión local y supervisión autonómica— genera tensiones y retrasos.

Un ejemplo claro es el contrato-programa entre Generalitat y ayuntamientos, que determina la financiación del personal municipal de servicios sociales. Mientras no se firma —antes cada año, ahora cada cuatro— los ayuntamientos no reciben los fondos y se producen situaciones muy graves: trabajadores que cesan el 31 de diciembre y no pueden reincorporarse hasta que el contrato-programa está aprobado y publicado. Hemos tenido que intervenir de oficio en casos como Alicante o Xàbia.

A esto se suma el diseño de los procedimientos. En dependencia o en la Renta Valenciana de Inclusión, los servicios sociales municipales están permanentemente tutelados por la Generalitat. Un expediente de dependencia, por ejemplo, debe ser grabado por el ayuntamiento, enviado a la conselleria para validar los datos, valorado después por el equipo municipal y, finalmente, remitido de nuevo a la conselleria para aprobar el grado. Cada control implica informes, revisiones y comisiones, y eso ralentiza enormemente la tramitación.

Si realmente se quiere dar protagonismo a los servicios sociales municipales, habría que dotarlos de financiación estable y propia, no dependiente de la renovación periódica del contrato-programa. Igual que los ayuntamientos tienen ingresos para alumbrado, agua o residuos, deberían disponer de recursos propios para ejercer estas competencias. O, alternativamente, podría plantearse que todo el personal de servicios sociales dependiera directamente de la Generalitat. En cualquier caso, lo evidente es que la actual burocratización está retrasando de forma muy significativa el funcionamiento del sistema.

- En cuanto a Transparencia, que es el segundo gran bloque de quejas, ¿qué es lo que habéis detectado?

- En materia de Transparencia lo que observamos está muy vinculado a un concepto que trabajamos desde hace años: el derecho a una buena administración. Es un derecho reconocido en la Carta Europea de Derechos Fundamentales y que, aunque no aparece expresamente en la Constitución española, sí ha sido interpretado por el Tribunal Supremo como derivado de varios de sus artículos. Ese derecho implica cuestiones muy concretas: que la administración trate los asuntos de los ciudadanos con la debida diligencia, que resuelva en los plazos establecidos por la ley, que responda siempre a las solicitudes, que sus resoluciones estén motivadas y que exista la posibilidad de recurrirlas. Y, por supuesto, incluye el derecho a acceder a la información pública que pueda afectar directa o indirectamente al ciudadano.

El problema es que, cuando la gente llega aquí, suele hacerlo tras años sin recibir respuesta. En dependencia, por ejemplo, la ley fija un plazo de seis meses —tres para el ayuntamiento y tres para la Conselleria—, pero hay personas que llevan dos años sin saber si su expediente se ha tramitado o si se ha perdido. Lo mismo ocurre con peticiones dirigidas a un ayuntamiento: el plazo general es de tres meses, pero muchos ciudadanos no obtienen contestación. Eso es exactamente lo contrario de una buena administración. A menudo, la transparencia es simplemente eso: “conteste usted”. Responda lo que proceda, pero responda.

La segunda vertiente tiene que ver con el acceso a la información por parte de los concejales de la oposición. Es un ámbito que, por desgracia, está creciendo en número de quejas. La Sindicatura debe recordar constantemente que tan concejal es el alcalde como cualquier miembro de la oposición, y que aquello a lo que tiene derecho a acceder el equipo de gobierno también debe estar disponible para los concejales que fiscalizan su labor. Además, ya existen sentencias muy claras del Tribunal Supremo y del TSJ valenciano que establecen que, con los medios electrónicos actuales, negar información alegando carga de trabajo no es aceptable. Hoy, si no se facilita información a la oposición, en la mayoría de los casos es porque no se quiere.

- El día que presentaste la memoria en Les Corts dijiste que los políticos que no colaboran deberían ser “castigados” por sus ciudadanos. ¿A qué te referías exactamente?

- Lo que quise decir es que los ciudadanos deben ser conscientes de cómo actúan sus representantes. No se trata de meter a todos en el mismo saco ni de afirmar que “todos son iguales”. En absoluto. Cada persona vive en un municipio concreto y puede comprobar si su ayuntamiento respeta la ley, si cumple los estándares de transparencia, si responde al Síndic cuando se le requiere o si, por el contrario, ignora esas obligaciones. Creo que son cuestiones que la ciudadanía debe tener presentes cuando evalúa la gestión de sus responsables públicos. La transparencia y la colaboración institucional no son un detalle menor: forman parte del buen funcionamiento democrático y del derecho de las personas a una buena administración. 

P.- En 2025, ¿os habéis visto obligados en alguna resolución a recomendar denunciar o trasladar un caso a la Fiscalía por falta de respuesta?

R.- En 2025 no. En otros años sí lo hemos hecho, aunque es un proceso muy complejo. La Fiscalía aplica criterios muy estrictos, porque en España existe una diferencia muy grande entre una irregularidad administrativa y un delito penal. Muchas conductas son claramente irregulares, pero no alcanzan el nivel de delito porque no hay dolo, no hay voluntad de delinquir.

Cuando hemos tenido que acudir a Fiscalía, en algunos casos hemos realizado incluso requerimientos personales al alcalde, para dejar constancia de que la administración había recibido nuestras comunicaciones. Hoy, además, las notificaciones entre administraciones se realizan mediante ORVE, un sistema que certifica la salida y la llegada de cada documento, de modo que no hay posibilidad de que “se pierda” por el camino.

El reproche penal es muy difícil. Es muy difícil, por eso yo exhorto a los ciudadanos a que tengan eh o sea, que sean conscientes de que su hm de que no puede ser un buen alcalde. El que oculta cosas no puede ser un buen gestor. Porque si oculta, al menos tiene que poner en alerta al ciudadano de que ahí hay algo que no funciona bien.

-¿Hace falta más pedagogía para que el ciudadano conozca y utilice estas herramientas, o la figura del Síndic ya está consolidada?

-La figura del Síndic yo creo que sí está consolidada. De hecho, las quejas están creciendo. El año pasado recibimos 5.006 quejas de la ciudadanía y este año llevamos ya 250 más que en las mismas fechas del ejercicio anterior. Eso indica que la institución es conocida y que la gente recurre a ella. Es verdad que este aumento nos coloca en una situación complicada, pero lo estamos afrontando gracias a los instrumentos electrónicos de gestión que hemos desarrollado en la casa. Funcionan muy bien —gracias al trabajo del equipo informático— y nos permiten tramitar mucho más volumen que antes, cuando todo eran expedientes en papel y montones físicos de documentación.