VALÈNCIA. Este lunes, la jueza de la Dana dio tres días a las acusaciones personadas para que formularan "si existen indicios de responsabilidad penal" contra los dos investigados, la exconsellera Salomé Pradas y el ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso. Lo hizo en el marco de la solicitud de ambos imputados para aglutinar las casi 40 acusaciones presentes en la causa -por un lado las populares, y por otro, las particulares-, con el objetivo de reducir los frentes y buscar la equidad en el proceso para garantizar el derecho a la defensa.
La decisión de la jueza ha sorprendido y mucho a los dos investigados, que esperando una resolución de la magistrada, se encontraron con un auto donde pedía a las acusaciones que aportaran indicios de los presuntos delitos de homicidios y lesiones imprudentes por los que la propia magistrada les imputó el pasado 10 de marzo. No en vano, la defensa de Argüeso ha presentado un escrito contundente cuestionando el último movimiento de la titular del juzgado y pidiéndole que aclare su motivación porque lo ve "carente del más mínimo sentido".
El abogado del ex 'número dos' de Emergencias afea que la magistrada no explique por qué pide a las partes que señalen motivos de imputación: "No se entiende qué sentido tiene este trámite por el que su señoría a día de hoy no ha sabido dar un solo motivo por los que imputa a mi cliente (más allá de decir que era el número dos de doña Salomé Pradas", reza el escrito de alegaciones. Desde el primer momento, la defensa de Argüeso criticó que la jueza le declarara como investigado sólo por su posición en el organigrama. Su recurso en la Audiencia Provincial, de hecho, está todavía pendiente de resolución.
Así, en sus alegaciones señala que el trámite emprendido por la jueza no está previsto en la ley, que se ha "inventado ad hoc" para esta causa y que "solo podría tener sentido en casos muy concretos". Por ejemplo, señala, antes de archivar una causa o de desimputar a un investigado "podría entenderse, difícilmente, pero podría entenderse", aunque admite que en este caso "no parece ese el motivo". O en el caso de que alguien hubiera pedido esa desimputación, algo que no ha ocurrido ahora mismo.
Por otra parte, el escrito señala una tercera posibilidad "echándole mucha imaginación jurídica", y tiene que ver con que la jueza estuviera pidiendo a las diferentes acusaciones que aclarasen "sus respectivas posturas" para determinar la forma de acumulación de las mismas. Es decir, para aglutinarlas en función de su opinión acerca de las responsabilidades existentes por la catástrofe. Sin embargo, dice, el auto de la jueza da pie a entender que "va a rechazar cualquier tipo de acumulación".
En su decisión, la magistrada arguye, para analizar la acumulación de partes, que se ha de conciliar el derecho a la defensa y a un proceso sin dilaciones indebidas: es preciso "algo más" que una "ausencia de incompatibilidad" entre ellas, hace falta una "suficiente convergencia de intereses". Así, la jueza descarta que esté habiendo dilaciones indebidas, más allá del interrogatorio como testigo a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que se alargó siete horas con preguntas reiterativas por algunas partes. Y considera contraria a la jurisprudencia "la agrupación de todas las acusaciones populares bajo una única defensa", que podría dirgir Podemos -el primero que se presentó-, y también en el caso de las acusaciones particulares -"entre las mismas existen divergencias"-.
- La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, llega a declarar a la Ciudad de la Justicia. Foto: ANA ESCOBAR/EFE
Aunque la magistrada explica que requiere a las acusaciones su opinión para "el análisis de la convergencia de intereses" entre ellas, para la defensa de Argüeso no hay "un motivo justificado" para la petición, por lo que a su juicio se está "ante una flagrante violación de los derechos de defensa de los investigados". Por ello, ha solicitado a la titular del juzgado que resuelva si admito o no la acumulación de las acusaciones y que exprese "el motivo, la razón o el fundamento" de su requerimiento.
Podemos, el primero que se personó
La jueza ha de decidir si accede a la petición de los investigados, que cuenta con el visto bueno de la Fiscalía pero muchas acusaciones quieren evitarlo a toda costa conscientes de que supondría cierta merma en su capacidad y libertad de acción, y de que los intereses de sus representados pueden verse diluidos en un totum revolutum. No hay que olvidar que las acusaciones populares las conforman un variopinto crisol de actores: desde los partidos Podemos, Vox, Ciudadanos, PSPV, Compromís y Valores hasta los sindicatos CGT e Intersindical pasando por las asociaciones Liberum, Acció Cultural del País Valencià, Mai Més o la asociación agraria AVA. Cada uno con sus propias estrategias e intereses particulares, reflejados día tras día en la dirección de sus peticiones, preguntas y recursos.
La jueza podría plantear un acuerdo previo entre ellas para elegir la dirección de la representación, algo que se antoja muy complicado a la vista de la variedad de sus integrantes. De modo que, tal como han pedido las acusaciones y ha apoyado el Ministerio Fiscal, otra opción sería que la que se encargara de liderar esta 'macroacusación' popular fuera la primera que se presentó. Y en este sentido, el partido Podemos, liderado en la Comunitat Valenciana por María Teresa Pérez, se llevaría el gato al agua.
En su auto, la jueza señala que "no es preciso un especial conocimiento de las características y de la ideología política de las formaciones, para saber que, si se acuerda que el Letrado de Podemos, primero personado en el procedimiento, deba asumir también la defensa de Vox, Liberum, Valores o AVA", algo que según ella "es absolutamente incompatible". Como publicó Valencia Plaza, el lobby ciudadano Mai Més, personado en la causa, rechaza en principio la acumulación pero se ha erigido como posible líder de las acusaciones al no ser un partido político sino "una asociación sin ánimo de lucro" creada precisamente a raíz de la Dana
El Ministerio Fiscal, por su parte, defiende que el hecho de que dichas acusaciones "sean de naturaleza diversa no impide dicha unificación" porque supuestamente "todas ellas persiguen, sin duda, un único y mismo objetivo: la búsqueda de la verdad material". Y acude a jurisprudencia del Supremo para sostener que la acumulación "no parece un sacrificio excesivo, ni lesivo de ningún derecho fundamental" si realmente "están comprometidos con esa labor de auxilio y colaboración ciudadana que representa la acción popular".
