VALÈNCIA. La jueza encargada de la instrucción de la Dana tiene pendiente de resolver la solicitud realizada por los dos investigados, la exconsellera de Interior Salomé Pradas y el ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, de la acumulación de las acusaciones personadas en la causa. Una petición apoyada por la Fiscalía pero a la que ya se han opuesto varias de las partes al considerar que no se están produciendo dilaciones indebidas por la existencia de una cuarentena de acusaciones, entre particulares y populares.

Una de las últimas, la plataforma ciudadana Mai Més, personada como acusación popular, que ha presentado un escrito oponiéndose a la exigencia de los dos investigados pero planteando, en el caso de que finalmente la jueza acceda a esta posibilidad, su "idoneidad" para liderar esta 'macroacusación' en la que se integrarían todos los partidos políticos, entidades y asociaciones personadas, que ciertamente responden a muy variados intereses.

En principio, el lobby ciudadano evidencia su rechazo frontal a la unión porque a su juicio, el "interés público excepcional" que reviste la causa de la Dana y la "celeridad acreditada del juzgado" acreditan que "no procede la unificación" de ninguna de las acusaciones, ni particulares ni populares. Por una parte, sostiene en su escrito, la "mayor parte de las acusaciones populares [...] no han retrasado el procedimiento ni han producido dilaciones" exceptuando, señala, algunas partes "con un signo político marcadamente cercano al de los investigados" y que "han tratado de dispersar el objeto de la investigación y que en los interrogatorios formulan cuestiones más propias de otra posición procesal".

Pero más allá de ello señalan cieta contradicción al recordar que fueron las defensas de los investigados quienes "forzaron la suspensión" en dos ocasiones del presidente de la Diputación, Vicente Mompó, la única que se ha pospuesto, alegando "cansancio y malestar físico" y "supuestos errores de conexión" tras el apagón en la segunda ocasión. E insisten en que los abogados de Pradas y Argüeso han pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) apartar a la magistrada hasta resolverse sus quejas, lo cual, defiende la plataforma, "supondría un retraso mucho más significativo [...] que el que se está dando actualmente".

Con todo, y "en el caso de que, por parte del juzgado, se entienda que hay que unificar acusaciones", Mai Mes se reivindica como "idónea" para que se lleve a cabo en torno a ella y que sea "la representación que aglutine a las acusaciones populares" o como mínimo "una parte con la que las líneas estratégicas y los intereses puedan ser coincidentes desde un plano objetivo". Así, la plataforma acude al escrito de la Fiscalía, que apoya la unificación, para emplear tres de sus argumentos: la desconfianza que genera la personación de partidos políticos, las dilaciones indebidas del comportamiento disruptivo por parte de algunas acusaciones y la vinculación del objeto social de la acusación con el objeto de la investigación.

Así, pone sobre la mesa que Mai Més "no es un partido político sino una asociación sin ánimo de lucro" creada precisamente a raíz de la Dana, y que entre sus fines sociales se encuentra precisamente la prevención, reparación y mitigación de los efectos del cambio climático así como "la presión a las administraciones públicas para la adopción de políticas efectivas contra el cambio climático y la persecución judicial de los responsables políticos y empresariales cuyas acciones u omisiones generen daños irreparables en el medio ambiente y las personas afectadas".  En su escrito, recuerda que en otros casos similares asociaciones como esta son las que han liderado las acusaciones populares, y se remiten al caso Prestige, el juicio sobre los atentados del 11-M, el accidente del Alvia o incluso el caso Alcàsser.

Por otro lado, defiende que su comportamiento procesal "siempre ha sido proactivo y en favor de la concreción del objeto del proceso", con una actitud "totalmente colaboradora y respetuosa" tanto con el procedimiento como "con las decisiones de la instructora sobre la ordenación" del mismo, ciñéndose en los interrogatorios a las personas investigadas y la administración "legalmente responsable de la gestión de la emergencia y los hechos delimitados" por la jueza, y evitando "escritos que dificulten o saturen la instrucción".

Podemos, el primero que se personó

La jueza ha de decidir si accede a la petición de los investigados, que cuenta con el visto bueno de la Fiscalía pero muchas acusaciones quieren evitarlo a toda costa conscientes de que supondría cierta merma en su capacidad y libertad de acción, y de que los intereses de sus representados pueden verse diluidos en un totum revolutum. En este sentido, y teniendo en cuenta el elevado grado de politización que impregnó desde bien pronto la catástrofe, el movimiento puede tener repercusiones más allá del propio procedimiento.

No hay que olvidar que las acusaciones populares las conforman un variopinto crisol de actores: desde los partidos Podemos, Vox, Ciudadanos, PSPV y Compromís hasta los sindicatos CGT e Intersindical pasando por las asociaciones Liberum, Acció Cultural del País Valencià, Mai Més o la asociación agraria AVA. Cada uno con sus propias estrategias e intereses particulares, reflejados día tras día en la dirección de sus peticiones, preguntas y recursos.

La jueza podría plantear un acuerdo previo entre ellas para elegir la dirección de la representación, algo que se antoja muy complicado a la vista de la variedad de sus integrantes. De modo que, tal como han pedido las acusaciones y ha apoyado el Ministerio Fiscal, la otra opción sería que la que se encargara de liderar esta 'macroacusación' popular fuera la primera que se presentó. Y en este sentido, el partido Podemos, liderado en la Comunitat Valenciana por María Teresa Pérez, se llevaría el gato al agua.

El Ministerio Fiscal defiende que el hecho de que dichas acusaciones "sean de naturaleza diversa no impide dicha unificación" porque supuestamente "todas ellas persiguen, sin duda, un único y mismo objetivo: la búsqueda de la verdad material". Y acude a jurisprudencia del Supremo para sostener que la acumulación "no parece un sacrificio excesivo, ni lesivo de ningún derecho fundamental" si realmente "están comprometidos con esa labor de auxilio y colaboración ciudadana que representa la acción popular".