VALÈNCIA. La Asociación de Empresas de Tecnologías de la Información,  Comunicación y Electrónica de la Comunidad Valenciana (AVETIC), integrada en FEMEVAL,  lamenta la decisión de aplazar, a última hora, la entrada en vigor de la Ley del proyecto  Veri*Factu. El problema, señalan, no radica en el aplazamiento en sí, sino en el momento en  que se ejecuta, por la incertidumbre e inseguridad jurídica que genera tanto a empresas como a desarrolladores tecnológicos. 

La norma afecta a cuatro millones de contribuyentes, entre empresas y personas autónomas,  y ha obligado a los desarrolladores e implantadores del software de facturación – intermediarios obligados por la Ley– a que sus sistemas la cumplan desde el pasado mes de julio. 

Asimismo, durante los últimos meses, miles de compañías, pymes y personas autónomas se  han preparado para adaptarse a los requisitos exigidos antes de su entrada en vigor. Este  proceso ha conllevado inversiones significativas, la adaptación de sus sistemas de  facturación, la contratación de soluciones tecnológicas y la participación en cursos de  formación para garantizar un cumplimiento riguroso de la nueva normativa. 

Avetic advierte que modificar, en el último momento, una obligación de esta magnitud afecta  directamente a la confianza del tejido empresarial en la estabilidad normativa y siembra dudas  sobre la capacidad de previsión de la política fiscal.  

Por ello, reclama que los plazos de entrada en vigor de cualquier norma “no se modifiquen de  forma repentina y se mantengan estables en el tiempo”, para que empresas y profesionales  puedan planificar y adaptar sus procesos con seguridad jurídica y sin incertidumbres. 

A esta situación se suma que el aplazamiento se sustancia con un Real Decreto-Ley todavía  pendiente de ratificación parlamentaria, lo que incrementa aún más el desconcierto.  

En este contexto, AVETIC plantea los siguientes escenarios, ante los que solicita aclaración por  parte del Gobierno: 

• Para las empresas que sí han invertido tiempo y recursos, en lugar de verse penalizadas, ¿se reconocerá de alguna forma el esfuerzo ingente realizado o está prevista alguna  compensación? 

• Si no se convalida el Real Decreto-Ley, ¿en qué situación quedarán las empresas que  aún no se han adaptado? ¿Deberán cumplir de inmediato? ¿Se contempla un nuevo  plazo o moratoria? 

La asociación subraya que la transformación digital es estratégica para el país y que proyectos  de este calado deben construirse con visión a largo plazo, ser fruto de la reflexión, del debate y el consenso, alineados con los objetivos de la Unión Europea y asumidos como auténticas  políticas de Estado. Solo así se conseguirán los efectos beneficiosos de este proceso de cambio  que es la digitalización. 

El presidente de AVETIC, Joaquín García, incide en que “decisiones como las que motivan este  comunicado, solo arrojan desconcierto e inseguridad, máxime cuando contradicen el objetivo  de la agenda España Digital, hoja de ruta impulsada por el propio Gobierno para la  transformación digital del país”.