VALÈNCIA. El expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, sigue en el foco mediático una semana después de que culminara el proceso de su relevo al frente del Gobierno valenciano. Mazón ha optado por mantener el acta de diputado en Les Corts Valencianes, que le garantiza la condición de aforado, al tiempo que ya ha activado algunos de los beneficios recogidos en el Estatuto de Expresidentes, como es el caso de una oficina de apoyo, que se sitúa en la Explanada de Alicante. 

Dos acciones que no han pasado inadvertidas para los grupos de la oposición, que coinciden en que el expresidente debería renunciar a su condición de diputado en el Parlamento autonómico al considerar que el pueblo valenciano "necesita pasar página". Una situación por la que PSPV y Compromís también apuntan hacia el nuevo jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, por no reclamar el acta al expresident y permitir que se le "premie" con la portavocía del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Reglamento de la Cámara valenciana. 

"Entendemos que esto es más de lo mismo", consideró este martes el síndic de Compromís, Joan Baldoví, minutos después de que Pérez Llorca explicara en los Encuentros SER que, a su juicio, Mazón asumió su responsabilidad al dimitir, y remarcar: "El acta no nos la ha dado el partido, sino la soberanía popular". El jefe del Consell, por tanto, abogó por esperar a que la jueza que investiga la causa de la Dana del 29 de octubre de 2024 llegue a unas conclusiones para tomar una decisión sobre el futuro de Carlos Mazón, respetando lo marcado por los estatutos del partido.

Unas declaraciones sobre las que el síndic del PSPV, José Muñoz, reaccionó considerando que los valencianos "necesitan pasar página del 29 de octubre y normalizar la vida". El portavoz socialista reclamó al nuevo presidente autonómico que "dé un paso ya definitivo" exigiéndole el acta a Mazón o expulsándolo del grupo parlamentario. "Si Pérez Llorca si quiere tener algún tipo de credibilidad y no solo buenas palabras debe exigirle el acta o expulsarlo", sentenció. 

Ante este escenario, Compromís pasó a la acción este martes con dos proposiciones no de ley (PNL). La coalición valencianista plantea, por vía de urgencia, que los 99 diputados que conforman el arco parlamentario muestren su parecer en torno a si Mazón debe "dejar el acta y abandonar la institución con su dimisión como diputado de Les Corts" para "salvaguardar la dignidad" del Parlamento autonómico. 

Una reforma del Estatuto de Expresidentes

A esta medida se suma la otra PNL que tiene por objetivo de reformar el Estatuto de Expresidentes para, entre otras cuestiones, evitar que los jefes del Consell tengan derecho a un puesto como miembro nato en el Consell Jurídic Consultiu (CJC) con un sueldo anual de en torno a 75.000 euros. La propuesta no es nueva, pues desde Compromís aseguran que es idéntica a la registrada por la coalición a finales del pasado mes de marzo y que no obtuvo el apoyo de ningún otro grupo parlamentario tras su debate en Les Corts a mediados de mayo. 

Cabe recordar que el Estatuto de Expresidentes fue presentado en el año 2002, pocos días antes de que Eduardo Zaplana dejara la Presidencia de la Generalitat para ser ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en el Gobierno encabezado por José María Aznar. Un documento acordado por el PP y el PSPV, entonces liderado por Joan Ignasi Pla, y que se tramitó por vía de urgencia, por lo que los grupos no pudieron presentar enmiendas. El texto inicial recogía una salida vitalicia al CJC, que fue modificada a través de la ley de Acompañamiento de 2003 para fijar un plazo máximo en este puesto, así como un tiempo mínimo al frente de la Generalitat Valenciana para poder beneficiarse de esta medida.

La norma vigente establece que los expresidentes podrán ser miembros natos de este órgano durante 15 años en el caso de que hayan sido jefes del Consell durante al menos una legislatura completa. Si no acaban la legislatura, pero están al menos dos años ejerciendo el cargo, serán miembros por un periodo igual al tiempo que hayan sido presidentes. De esta manera, Carlos Mazón podrá ocupar un puesto en el Jurídic durante dos años y cuatro meses.

El texto también recoge que la Generalitat pondrá a disposición de los expresidentes "los medios necesarios" para una oficina de apoyo con la provisión de dos puestos de asesores, un conductor, un local para la instalación de la oficina, presupuesto para el funcionamiento ordinario de la misma, y un vehículo del parque móvil de la Generalitat Valenciana. 

Una serie de beneficios que Compromís busca eliminar a través de esta PNL. En este sentido, además de retirar la salida al CJC, la coalición valencianista plantea retirar la oficina de apoyo y los puestos de asesores y conductor. De esta manera, consideran que el apoyo a los expresidentes debe limitarse a ofrecerles un vehículo oficial para "actos protocolarios", medios para "preservar su seguridad personal", así como "apoyo económico y material" para la organización de actividades, publicaciones o conferencias relacionadas con su actividad al frente de la Generalitat o el fomento del autogobierno valenciano.

Desde el PSPV se muestran abiertos a "estudiar" las iniciativas planteadas por Compromís, aunque sobre la de reformar el estatuto de expresidentes ya deslizan: "El problema no es la figura en sí del expresidente, sino quién la está ocupando y sobre todo qué está haciendo". Para el síndic socialista, la figura del expresidente "es valiosa objetivamente", aunque cree que anteriores jefes del Consell - como José Luis Olivas o Eduardo Zaplana - "lastran la propia idea de lo que debería ser" un exjefe del Consell. 

Cabe recordar que, además del propio Mazón, Francisco Camps, Alberto Fabra o Ximo Puig son tres de los expresidentes que se han beneficiado de parte de este estatuto. Camps fue miembro del CJC hasta el año 2021. Mientras que Fabra y Puig rechazaron formar parte de este órgano, aunque si se han acogido a algunos de los artículos del texto, como es el caso de contar con una oficina y personal eventual. Por su parte, José Luis Olivas renunció a todos los honores y derechos tras confirmarse una condena de un año y medio de prisión en 2017. 

El apoyo del PP, imprescindible para una reforma

En todo caso, cabe mencionar que cualquier reforma de esta norma precisa de un apoyo mínimo de tres quintas partes de Les Corts, lo que implica que actualmente solo podría salir adelante con el voto a favor del Partido Popular. Los populares cuentan con 40 diputados, mientras que el resto de formaciones (PSPV, Compromís y Vox) suman 59 escaños, apenas uno menos que la mayoría necesaria para modificar esta norma. 

A este escenario cabe añadir que PP y Compromís suman 55 diputados, por lo que, si esta propuesta obtuviera el visto bueno de los populares, precisaría también del apoyo de al menos una de las otras dos formaciones presentes en la Cámara autonómica. Es por ello que se antoja difícil que la reforma que plantea nuevamente la coalición valencianista pueda salir adelante teniendo en cuenta la situación parlamentaria y los anteriores intentos de modificación de esta norma.