VALÈNCIA. Poco se sabía hasta ahora de la queja que había interpuesto la exconsellera de Interior Salomé Pradas contra la actuación de la jueza de la Dana, la titular del juzgado 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra. Hasta hoy. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto diligencias informativas tras recibir el escrito presentado por la exconsellera, investigada en la causa judicial sobre la gestión de la catástrofe.

Se trata del primer paso administrativo cuando hay una queja de estas características ante un magistrado, lo cual permite estudiar el contenido de la misma para constatar si deben estudiarse cuestiones disciplinarias. Por el momento, no se trata de una investigación, sino que esta se abriría si el Consejo del Poder Judicial ve indicios de una posible infracción en esta materia, según explicaron fuentes consultadas por Valencia Plaza.

La defensa de la exconsellera presentó una primera queja ante el CGPJ solicitando que suspendiera cautelarmente a la instructora de la causa y nombrara a un sustituto legal. En el escrito, señalaba a la jueza por sus autos de contenido "categórico" y la denegación de algunas diligencias solicitadas e incluso deslizaba una posible intervención ajena en el procedimiento, en referencia al marido de la magistrada Nuria Ruiz Tobarra. Pero más adelante, Pradas ha presentado hasta dos ampliaciones de la queja.

Una, en junio, después de que la jueza solicitara a las casi 40 partes personadas que expusieran sus posturas sobre los indicios incriminatorios existentes para evaluar la convergencia entre ellas y valorar una posible acumulación de las acusaciones, solicitada por los investigados. Por ello, el escrito de la exconsellera calificaba este trámite como una "insólita ocurrencia, al convertir en un 'juicio anticipado de culpabilidad' una mera incidencia procesal". Un "gratuito linchamiento con su inevita ble réplica mediática" contra la que se oponía frontalmente la defensa de Pradas.

A él se sumó todavía otra queja adicional porque un testigo habría confirmado la intervención del marido de la jueza, también magistrado pero ajeno al procedimiento. Además, la ampliación cuestionaba el auto emitido por la jueza en el que cuestionaba el informe presentado por la Guardia Civila, donde apuntaba a una posible responsabilidad de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en el insuficiente control del barranco del Poyo. Una "muestra más", exponía el abogado, de que la magistrada mantiene desde el inicio “una tesis predeterminada” que, a su juicio, condena anticipadamente a los investigados.