VALÈNCIA. El miércoles, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, expuso que el Ejecutivo central había pagado el 90% del total del dinero de las administraciones dedicado a la Dana. En total, señaló con datos del pasado mes de marzo, se habían abonado desde la administración central 7.500 millones de euros en diferentes líneas. Sin embargo, la Generalitat Valenciana cuestiona las cifras ofrecidas y acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de "hinchar" los datos sobre las ayudas pagadas a los afectados por la Dana. En concreto, el Consell que dirige Carlos Mazón asegura que tan solo han llegado a los distintos colectivos 2.437 millones de euros procedentes del Gobierno.
"Las propias cifras del Gobierno publicadas en su web oficial desmienten de forma contundente los datos aportados", señalan desde la administración autonómica. En el portal se refleja como "importe total abonado" hasta el momento (21 de julio) 5.875 millones. En ese sentido, la Generalitat recalca que el Gobierno contabilizó en su "cifra artificial" las moratorias concedidas por las entidades financieras a empresas afectadas por la Dana por un valor de 910 millones de euros "atribuyéndose esta cantidad como una ayuda directa dada por el Gobierno a las empresas, cuando realmente no lo es".
Por otra parte, señala que también se ha incluido como ayuda dada a los afectados "algunos importes referidos a obras e infraestructuras, que por su propia finalidad y naturaleza jurídica no son ayudas, pero se catalogan y se camuflan como tal por parte del Gobierno". "Tal es así, que estas ayudas no figuran ni siquiera en la propia web oficial de Moncloa donde se detallan todas las ayudas dadas a los colectivos afectados por la Dana", insisten desde el gobierno autonómico.
Asimismo, acusan al Ejecutivo central de "apropiarse, como ha hecho desde el primer día", de las indemnizaciones pagadas por el Consorcio de Compensación de Seguros. El importe total abonado alcanza los 3.386 millones de euros. Unas indemnizaciones que, insisten en la Generalitat, "no son ayudas directas ni indirectas del Gobierno, no proceden de líneas presupuestarias abiertas para afrontar las consecuencias de la riada, sino que son tramitadas, gestionadas y abonadas por el Consorcio", que "tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar" así como "patrimonio propio, distinto al del Estado, y en su actividad no depende de ningún presupuesto público".
En el mismo sentido, indican, sucede con las indemnizaciones abonadas por Agroseguro a explotaciones aseguradas. Según el Gobierno, ya ha abonado 51,5 millones de euros pero la Generalitat asegura que "estas compensaciones tampoco constituyen ayudas directas ni indirectas del Gobierno central, sino que son compensaciones gestionadas por la entidad, que se encarga de la gestión de los seguros agrarios por cuenta y en nombre de las entidades aseguradoras que forman parte del pool de coaseguro".
Por ello, el Consell apunta que "la cifra real y exacta de ayudas abonadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez a los afectados por la Dana desciende a menos de la mitad de lo anunciado", concretamente hasta los 2.437 millones de euros, lo que supone un 14,6% del total de los 16.600 millones de euros movilizados en total por la administración estatal.
Por otra parte, la Generalitat también hace "algunas matizaciones importantes" por ejemplo en cuanto a las ayudas para la reconstrucción de infraestructuras municipales, que cubren el 100% de los daños. El Gobierno ya ha pagado 1.745 millones de euros a 78 ayuntamientos afectados, pero, según alertan desde la administración autonómica, "la inmensa mayoría de estos consistorios ni siquiera han podido movilizar ni un euro por la falta de recursos humanos y técnicos para iniciar los correspondientes procesos de licitación para materializar las inversiones".
Además, denuncian que el Gobierno ha excluido a 28 municipios valencianos con una población conjunta de 80.000 personas del plan de ayudas para la reconstrucción de infraestructuras municipales. "Resulta injusto que estas 28 poblaciones no tengan acceso a las ayudas estatales para su reconstrucción pese a los daños sufridos el pasado 29 de octubre", lamentan desde el Consell.
Recuerdan asimismo que parte de las ayudas del Gobierno son créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO), "un dinero que en buena parte, tendrán que devolver y con intereses, las empresas que hayan solicitado este tipo de préstamos". Hasta el momento el ICO ha cerrado unas 3.164 operaciones por un valor de 703 millones de euros, de los cuales unos 400 millones "no están bonificados, y por tanto, las empresas tendrán que pagar intereses a las entidades financieras".
