VALÈNCIA. El foco principal de la investigación sobre la Dana se encuentra en el centro de coordinación de emergencias de la Generalitat Valenciana (Cecopi) debido al aviso tardío a la población durante la tarde del 29 de octubre, que pudo guardar un "nexo causal" con las 227 muertes. Sin embargo, la información que aporte la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) también será de especial interés en el trascurso del procedimiento.

La jueza encargada de la instrucción ha dejado en un segundo plano, al menos por ahora, las obras pendientes en el barranco del Poyo o la limpieza de los cauces, pero ha solicitado documentación sobre los datos registrados durante aquellas jornadas por el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), la red de sensores de la Confederación que mide, entre otras cosas, los caudales de cuencas como la del Poyo.

Se trata de documentación muy útil para la instrucción toda vez el Consell, que preside Carlos Mazón, atribuye el retraso de la alarma a los móviles -llegó a las 20.11, cuando el agua ya inundaba decenas de municipios- a un "apagón informativo" por parte de la Confederación. El organismo, que preside Miguel Polo y depende directamente del Ministerio de Transición Ecológica, defiende que el Cecopi tuvo a su alcance los registros de caudales en tiempo real, aunque admite que no reimitió un correo de aviso hasta las 18.43h.

"La CHJ no es quien realiza el seguimiento"

Antes de ello, sin embargo, subraya que otros organismos como los ayuntamientos o la propia Generalitat, la Diputación o la Guardia Civil también han de participar en el seguimiento de ramblas y barrancos "debido a la rapidez con la que se generan las crecidas, dado el escaso número de puntos automáticos de control y puesto que no existe posibilidad de laminar los caudales", según el Plan Especial de Inundaciones, que para "barrancos y cuencas menores" indica que el Cecopi debe contrastar la información de posibles inundaciones de otros organismos con la CHJ.

"En este tipo de cuencas, la CHJ no es quien realiza el seguimiento sino quien, previa petición del centro de emergencias, contrasta la información que llega al centro de emergencias", indica el organismo, que añade que en el barranco del Poyo hay establecidos "puntos de control no automáticos" en hasta nueve municipios -Chiva, Cheste, Godelleta, Loriguilla, Massanassa FFCC, Paiporta, Picanya, Ribarroja y Torrent-. "La responsabilidad sobre la gestión de esta información corresponde al centro de emergencias", incide la CHJ.

Los caudales del único sensor el 29-O

En cuanto a los controles automáticos, el informe remitido a la jueza explica que la CHJ tiene un sensor en la rambla del Poyo situado a la altura de la carretera A-3, y recuerda que se trata de una herramienta "a efectos de comprobación de datos". Este fue el que registró el aumento de los caudales y cuya información puede ser clave en la investigación.

El SAIH registra los caudales cada cinco minutos y cada registro cincominutal tarda entre 20 y 30 minutos en aparecer en la página web "debido a los procesos de comunicación y tratamiento de datos", según la Confederación. Aquel día, como siempre, indica la CHJ, "se publicaban en la web del SAIH en 'tiempo real' con acceso libre para cualquier persona", además de ser "accesibles para el centro de emergencias a través de la aplicación SAIHWIN" y "se visualizaban igualmente en el visor de la Red de Alerta Nacional, a la cual tienen acceso privilegiado los centros de emergencias de las comunidades autónomas".

La crecida exponencial del caudal se inició entre las 17.40 y las 17.45, cuando se registraron 493 m3/s, pero la información fue visible entre las 18 y las 18.10. Cada cinco minutos, el caudal aumentaba sin cesar, y así lo registraba el sistema en la página web. "Los técnicos de la sala SAIH enviaron de manera redundante un correo electrónico al centro de emergencias una vez validada y comprobada la información sobre el aumento de caudal", señala la CHJ. Este correo se envió a las 18.43 advirtiendo de que la subida estaba siendo “muy rápida”.

Sólo se mide la mitad de los caudales

En su informe, la CHJ explica que "aguas abajo de dicho punto de control, confluyen importantes barrancos, capaces de aportar grandes caudales" y que, por tanto, "no se registran en el referido punto de control ubicado en la Rambla". Por ello, el documento concluye que el sistema sólo puede monitorizar la mitad de los caudales de la cuenca, generados aguas arriba, pero no los que se generan aguas abajo.

Esta circunstancia tuvo especial relevancia aquel día "por la forma en la que se produjeron las lluvias", del este al oeste, por lo que la parte sur de la cuenca, "que escapa al control del sensor SAIH" fue la que primero generó "la crecida que comenzó a inundar Paiporta antes incluso de que dicho sensor comenzara a registrar una crecida importante".

A juicio del organismo, "no se puede confiar la seguridad de las personas [...] a los datos de caudal de un simple sensor de nivel, que no recoge toda la información hidrológica de la cuenca y donde, en todo caso, el tiempo de reacción para la población es muy bajo", por lo que es necesario, ene stos casos, "una mayor anticipación". Y para ello apunta a la predicción meteorológica.

La limpieza de los cauces

Uno de los debates que surgió tras la catástrofe fue si la supuesta falta de limpieza de los cauces podría haber magnificado la tragedia. Por el momento, no está claro todavía el "nexo causal" con las muertes, según la jueza. Sin embargo, entre sus requerimientos a la CHJ también hizo una consulta relativa a este asunto.

En su respuesta, la CHJ recordaba que las actuaciones de limpieza que le corresponde son tareas de "conservación y mantenimiento" como la mejora de la vegetación con desbroces, podas o apeo de árboles en mal estado, la retirada de obstáculos y acumulación de vegetación seca, el control de la caña o la retirada de peces muertos y otros elementos contaminantes, como publicó Plaza. El documento enviado por la Confederación recogía que desde 2020 se habían destinado cerca de 9,6 millones de euros a estos trabajos en diversos cauces.

Pero además, el organismo insistió en que "la denominada como limpieza de cauces o eliminación de la vegetación presente no se considera una medida correctora con el fin de eliminar el riesgo de inundación existente" porque "la vegetación ejerce funciones beneficiosas". Entre ellas, "evitar la inestabilidad" del suelo y "frenar la fuerza erosiva de la corriente", aumentar "la rugosidad superficial del terreno disminuyendo la velocidad y capacidad de transporte de sólidos", mantener la calidad de las aguas" al actuar como filtro y evitar el aumento de temperatura del agua y la proliferación de algas que consuman el oxígeno.

Así, defendía que la vegetación ejerce "un papel fundamental para el buen funcionamiento ecológico e hidráulico de los ríos", por lo que "no resulta admisible [..] asociar el concepto de limpieza de un cauce a la eliminación de la vegetación inherente al mismo pues aparte de la desnaturalización que provocaría, se le privaría del principal elemento de fijación de los márgenes, facilitando la erosión y consiguiendo en general un efecto indeseable y cotnrario al pretendido". Por ello, concluía la CHJ, la presencia de vegetación "disminuye la velocidad del agua", de manera que "no se puede concluir en qué medida" su retirada "afectaría a los daños" por la Dana y no se considera "un factor determinante en los mismos".

Las obras pendientes

Lo que, por el momento, parece quedar en un segundo plano en las indagaciones de la instructora son, por ejemplo, las obras que la CHJ tenía pendientes en el barranco del Poyo, cuyo desbordamiento provocó las inundaciones en múltiples localidades de l'Horta Sud. En un auto de la jueza subraya que se trata de "cuestiones que inciden en la actuación política durante varias décadas, en las que estarían implicadas diversas administraciones, tanto a nivel de administración central, autonómico e incluso local".

"La construcción en áreas inundables o la solución propuesta de la conexión del barranco del Poyo con el cauce del Turia, carecen de relación no solo con los querellados responsables de emergencias, sino con las competencias del presidente actual de la Confederación Hidrográfica del Júcar", asegura el auto al respecto.