VALÈNCIA. La actuación del centro de coordinación de emergencias de la Generalitat (Cecopi) durante el día 29 de octubre está bajo lupa en la causa penal abierta en el juzgado de Instrucción 3 de Catarroja. La jueza encargada de la investigación sobre la Dana ha dejado claro que "la palmaria ausencia de avisos a la población" le impidió "protegerse", por lo que la principal línea de trabajo se centra en los motivos que retrasaron aquella alarma, que llegó a los teléfonos móviles a las 20.11.
Lo que está claro es que era la administración autonómica la encargada de la emergencia. En uno de sus autos, y en respuesta a una petición de Podemos sobre documentación del Ministerio de Interior, la instructora señala lacónica que "el nivel de alerta que se mantuvo en todo momento no conllevaba la asunción de la emergencia por la Administración Central" y que la protección civil es "competencia exclusiva de la Generalitat". A partir de aquí, la mirada se dirige al Cecopi.
Tras dos requerimientos por parte de la jueza, la Generalitat Valenciana ya ha dejado claro que la directora del Plan de Emergencias era la consellera del ramo en aquel momento, Salomé Pradas, con la función de "determinar, en función del tipo y gravedad de la emergencia las medidas de protección a la población que deban de adoptarse". También ha dicho que había un comité director, integrado por diferentes personas, entre ellas la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y que dos funcionarios fueron los que ejecutaron la orden como "redactor" y "validador" del mensaje.
- Salomé Pradas y Pilar Bernabé -
- Foto: Carlos Luján/EP
Falta todavía que la Generalitat aclare al juzgado, dado el tiempo transcurrido entre la convocatoria del Cecopi a las 17.00 horas y la remisión del mensaje a las 20.11, "si concurrió alguna otra autoridad al Cecopi previamente a la remisión del mencionado mensaje y se integró en el mismo". Una solicitud de la jueza que apunta directamente al propio president de la Generalitat, Carlos Mazón, que admitió haberse personado en el centro de emergencias tras la ya reconocida comida con la periodista Maribel Vilaplana.
Mientras que el Consell está basando su estrategia mediática en achacar el retraso del mensaje a lo que considera un "apagón informativo" de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) -el organismo actualiza los datos en tiempo real pero no envió un correo electrónico de aviso por la subida del caudal hasta las 18.43-, la delegada del Gobierno ha insistido en sus declaraciones en que el mensaje sólo se decidió enviar cuando Mazón llegó al centro.
Esta misma semana se conoció que, durante el debate sobre el envío de la alarma a través del sistema Es-Alert, el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, llegó a exclamar impaciente: "¡Enviad la alarma de una puta vez!". Lo cual da buena cuenta de que en el propio seno del Cecopi podía haber la sensación de que se estaba llegando tarde. También varias fuentes han apuntado a un 'apagón' en la reunión telemática del Cecopi durante alrededor de una hora, entre las seis y las siete.
- Vicent Mompó y Carlos Mazón -
En este sentido, será relevante esclarecer si hubo alguna orden por parte del titular del Consell a Pradas para esperar a su llegada para llevar a cabo alguna acción -Presidencia no ha hecho público el listado de llamadas de Mazón de aquella tarde- o en qué medida la actuación del organismo hidrográfico, que dirige Miguel Polo, pudo suponer una falta de información relevante para la toma de decisiones.
Información del 112
Otra cuestión a dilucidar es en qué medida se puede achacar el aviso tardío a una falta de información en tanto el servicio del 112 echaba humo desde por la mañana, tal como confirmaron varios trabajadores de la propia sala de emergencias en conversación con este diario: "La comunicación es absolutamente fluida, las llamadas se reciben y Protección Civil tiene esos datos al momento", explicaron para añadir que se puede acceder directamente a información de las llamadas como el motivo o el lugar desde donde se hacen. "Se veía venir", aseguraron.
En ese sentido, el listado de llamadas de aquel día puede aportar una valiosa información. La denuncia de Podemos solicitaba precisamente datos sobre los agentes que atendieron las llamadas durante aquella jornada así como sobre las llamadas atendidas y los problemas técnicos sufridos sufridos. La jueza, sin embargo, ve "factible" solo un informe "genérico" que diga "a partir de qué momento se comenzaron a recibir llamadas, de qué poblaciones y de qué tipo", pero para asegurar el secreto de las comunicaciones, "no se podrían introducir en el proceso ni revelar el contenido de las llamadas".
