VALÈNCIA. La secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, ha anunciado este viernes una moratoria de un año en la aplicación de la nueva normativa estatal de seguridad para ascensores, que permitirá priorizar la reparación de los más de mil elevadores que siguen fuera de servicio en la provincia de Valencia como consecuencia de la Dana del 29 de octubre. 

La medida, de carácter "excepcional" y "exclusivo" para la Comunitat Valenciana, se ha acordado tras una reunión en la sede de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval), en la que también han participado el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España y el presidente de la patronal del metal, Vicente Lafuente. 

La moratoria aplaza hasta junio de 2026 la entrada en vigor en la autonomía de la Instrucción Técnica Complementaria, aprobada el año pasado por el Gobierno central, que introduce mejoras como el nivelado del suelo de las cabinas o la optimización de las puertas. En el resto de España, la norma empezará a aplicarse en el mes de julio. 

En palabras de Torró, el objetivo es "liberar más de 14.000 horas de trabajo de los operarios" que, de otro modo, tendrían que destinarse ya a adaptar los ascensores a la nueva normativa. "Era vital para poder centrarse en reparar los ascensores afectados por la Dana, que no afecta a su seguridad general pero sí requiere una planificación de recursos", ha explicado la secretaria de Estado de Industria.

Reuniones semanales entre el Gobierno y el sector de los ascensores

En la misma línea, el secretario de Estado de Política Territorial ha valorado de forma positiva el ritmo de trabajo en este sector, pero ha recordado que todavía queda un millar de aparatos pendientes de reparación de los 7.500 que llegaron a verse afectados.

"Tenemos que priorizar aquellos edificios donde hay personas vulnerables, como mayores o con discapacidad y asegurar que antes de que acabe el año estén todos los ascensores funcionando", ha afirmado España. Además, España ha avanzado que el Gobierno establecerá reuniones semanales con las asociaciones del sector para hacer seguimiento del plan de trabajo y detectar posibles bloqueos.

Por su parte, el presidente de Femeval, Vicente Lafuente, ha calificado de "muy dura" la situación vivida en los últimos meses en el sector y ha valorado que se hayan podido reparar ya 6.500 ascensores en tiempo récord. "Lo más complicado es que muchos son equipos hechos a medida, con piezas que hay que fabricar expresamente y falta mano de obra. Por eso, necesitábamos esta ayuda para poder interpretar las normas con cierta flexibilidad", ha señalado Lafuente.

El plan de choque también contempla la colaboración con los ayuntamientos para identificar los edificios prioritarios y la movilización de recursos desde otras comunidades autónomas, tanto en operarios como en materiales. Según han coincidido Torró y España, la intención es que todas las reparaciones estén finalizadas "a finales de año". 

La moratoria se presenta así como una facilidad para que el sector pueda centrarse en devolver la movilidad a los miles de vecinos afectados por la Dana, sin las cargas añadidas que supondría aplicar desde ya una normativa que, en la Comunitat Valenciana, puede y debe esperar.