VALÈNCIA. El peor temor del sector agrario europeo va camino de cumplirse. Los Veintisiete han dado este viernes luz verde a la firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), en una decisión por mayoría cualificada. El acuerdo aún debe ser ratificado por el Parlamento Europeo durante la próxima semana, periodo en el que se prevé que las organizaciones agrarias intensifiquen la presión política.

Mientras tanto, los agricultores valencianos siguen con el corazón en un puño el minuto a minuto de estas negociaciones debido a las graves implicaciones que tendría el pacto en el sector agrario europeo y, en concreto, en el de la Comunitat Valenciana, donde el arroz y los cítricos son cultivos fundamentales. Pero, ¿de qué manera afecta el acuerdo comercial a productores agrícolas y ganaderos?

A priori, tendría tres grandes consecuencias: una previsible caída de los precios, un incremento de la competencia desleal porque los productores locales deben cumplir unas exigencias de calidad superiores a la de productores foráneos y la presencia de sustancias prohibidas y carnes con tratamientos hormonales que no se permiten en la UE. A esto último es lo que los agricultores llaman falta de reciprocidad, un problema que no es nuevo, puesto que ya sucede con las importaciones de cítricos de países como Egipto y Sudáfrica.

En concreto, el acuerdo con Mercosur permitiría una mayor entrada de productos agrícolas y ganaderos procedentes de Sudamérica en el mercado europeo. Desde el sector agrario valenciano, y en particular desde AVA-ASAJA, se advierte de las graves consecuencias que este acuerdo podría tener para agricultores y ganaderos de la Comunitat Valenciana. Por este motivo, exigen al Gobierno de Pedro Sánchez que siga el ejemplo de Francia, tal y como indicaron en una carta al ministro Luis Planas el pasado miércoles, de prohibir la entrada de frutas de Sudamérica con sustancias prohibidas en la UE. 

Riesgos para el campo valenciano

Uno de los efectos más directos del acuerdo sería la entrada de 60.000 toneladas de arroz sin aranceles, una cifra equivalente aproximadamente a la mitad de la producción de la Albufera. Este aumento de la oferta en el mercado europeo ejercerá una presión a la baja sobre los precios, poniendo en una situación crítica a los productores locales, que ya afrontan altos costes de producción y estrictas exigencias medioambientales.

En el caso de los cítricos, el impacto también puede ser significativo. Brasil es el primer productor e industrializador mundial de zumo de naranja, por lo que la eliminación de aranceles podría provocar una caída del precio del zumo y, en consecuencia, de los precios en origen de la naranja. En la Comunitat Valenciana, entre un 15% y un 20% de los cítricos se destinan a la industria transformadora, que cumple una función clave al descongestionar el mercado en fresco. Si la industria se abastece de producto importado más barato, este equilibrio se rompe y el agricultor valenciano queda aún más expuesto a la bajada de precios.

Amenaza para la ganadería valenciana

El acuerdo con Mercosur también supone un serio riesgo para la ganadería valenciana. La entrada de carne procedente de países donde se permiten prácticas prohibidas en la Unión Europea, como el uso de determinadas hormonas, genera una competencia "claramente desigual", según explica AVA-ASAJA. "Además, los estándares de bienestar animal y las exigencias productivas son mucho más laxos que los que deben cumplir los ganaderos europeos", aseguran desde la organización.

Esta situación podría hundir los precios de la carne, reducir aún más los márgenes de las explotaciones y poner en peligro la viabilidad económica de numerosas ganaderías de la Comunitat Valenciana, que ya operan en un contexto de gran presión normativa y elevados costes. 

Desde AVA-ASAJA se alerta de que el acuerdo UE–Mercosur permitirá la entrada de productos agrícolas con menores exigencias ambientales y laborales, lo que se traduce en costes de producción más bajos y una "competencia desleal" frente a los productores valencianos. El resultado previsible es una caída generalizada de los precios en origen, con graves consecuencias para la renta agraria y el futuro del sector.

"El sector agrario valenciano no se opone al comercio internacional, pero sí a que se haga a costa de los agricultores y ganaderos europeos, obligados a cumplir normas cada vez más estrictas mientras compiten con productos que no siguen las mismas reglas", señala el presidente de ASAJA Nacional, Pedro Barato. En este contexto, el acuerdo con Mercosur se percibe como una amenaza directa para el campo y la ganadería valencianos, y "un paso más hacia la pérdida de soberanía alimentaria y el abandono del medio rural".

99.000 toneladas de vacuno y 60.000 toneladas de arroz

El impacto económico se traduce en cifras de importación que la organización agraria considera inasumibles. El tratado abriría las puertas de la Unión Europea a volúmenes masivos de productos que actualmente cuentan con aranceles, destacando especialmente el sector cárnico con la entrada de 99.000 toneladas de vacuno, 180.000 toneladas de pollo y 25.000 toneladas de porcino. Esta liberalización afectaría también a otros cultivos estratégicos, permitiendo el acceso de 650.000 toneladas de etanol, 180.000 toneladas de azúcar y las ya mencionadas 60.000 toneladas de arroz.

En el plano político, AVA-ASAJA denuncia que el Gobierno de España mantiene su respaldo al acuerdo en Bruselas, priorizando intereses de carácter geopolítico e industrial por encima de la viabilidad de los agricultores y ganaderos nacionales. Esta postura choca frontalmente con la de países como Francia, cuyo gobierno ya ha manifestado su rechazo al tratado. El país vecino fundamenta su oposición en la seguridad alimentaria, señalando que el acuerdo permitiría la entrada de productos sudamericanos tratados con sustancias químicas estrictamente prohibidas en suelo europeo, como es el caso de los fungicidas mancozeb o el tiofanato-metil.

Ante este escenario, la Asociación Valenciana de Agricultores ha planteado una hoja de ruta a las administraciones que comienza con el rechazo total del tratado en sus condiciones actuales y la elaboración de un estudio de impacto que sea, según indican, "real y creíble" para el sector. La organización exige que se imponga una reciprocidad absoluta en las normativas medioambientales y fitosanitarias, garantizando que las importaciones extranjeras funcionen solo como un complemento temporal a las carencias de la producción europea. Finalmente, instan a las instituciones a articular medidas urgentes que protejan a los productores locales ante las previsibles bajadas de precios en el mercado.

¿Cuáles son las ventajas?

Pero, ¿por qué España y la mayoría de los socios comunitarios defienden este pacto que lleva gestándose más de 25 años? El Miinisterio de Economía destaca los países que comprenden Mercosur engloban a más de 270 millones de consumidores, un mercado relativamente cerrado al exterior, por lo que la apertura comercial supondría que las exportaciones europeas se beneficien de un ahorro arancelario de 4.000 millones de euros anuales. Esto representa, según el ministerio, ocho veces el ahorro arancelario que ofrece el acuerdo con Canadá. El acuerdo permitirá eliminar "numerosas barreras arancelarias y no arancelarias", señala la cartera dirigida por Carlos Cuerpo.

En relación con el sector agroalimentario, el ministerio destaca que el acuerdo "eliminará los aranceles al 93% de las exportaciones de la UE", lo que supone una apertura para sectores muy relevantes para España, tales como aceite de oliva, vino, quesos, frutas y hortalizas o porcino. En contrapartida, la UE liberalizará el 82% de las importaciones agroalimentarias procedentes del bloque sudamericano pero se impondrá contingentes arancelarios para aquellos productos más sensibles.

¿Y la seguridad alimentaria? Este punto delicado para las organizaciones agrarias y consumidores no es un problema para los estados que respaldan la norma puesto que consideran que los controles europeos garantizarán dicha seguridad alimentaria. "El acuerdo no modifica las normas de seguridad alimentarias de la UE, las cuales no son negociables en ningún acuerdo comercial, por lo que las importaciones procedentes de Mercosur deberán seguir cumpliendo con los exigentes estándares de seguridad alimentaria de la UE", aseguran. Del mismo modo, el ministerio subraya que el acuerdo garantiza la protección de 357 Indicaciones Geográficas de alimentos y bebidas de la UE, de las que 59 son españolas.

Sin embargo, para diversas organizaciones valencianas estos controles no son reales. AVA-ASAJA recuerda que, según datos de la propia Comisión Europea, actualmente solo se controla en frontera el 0,0082% de los productos agroalimentarios que entran en la Unión Europea, lo que "pone en duda", según AVA, la eficacia real de las salvaguardias si no se refuerzan de manera inmediata y sustancial los sistemas de inspección y control. "Sin controles efectivos, cualquier mecanismo de protección queda vacío de contenido", señala. Por lo que respecta a las cláusulas de salvaguardia para evitar hundimientos del precio, Carles Peris, secretario general de La Unió sostiene que este mecanismo para productos en fresco "no son demasiado eficientes" porque cuando se detecta un aumento de las importaciones o una bajada de precios superior al establecido, "el daño ya está hecho".

Oportunidades en otros sectores

Por otro lado, este tratado comercial no sólo afecta al sector primario, si no que incluye a más productos y mercados. Es aquí donde puede residir el especial interés del Gobierno de España, junto al resto de los defensores del tratado, en que el acuerdo salga adelante.

En relación con el sector industrial, Mercosur eliminará aranceles al 90% de sus importaciones procedentes de la UE, eliminación que se producirá en 10 años para la mayor parte de los productos. "Se beneficiarán más aquellos sectores que tienen un arancel más alto, como el automóvil, los componentes de automóvil, los bienes de equipo, los productos químicos, los productos farmacéuticos o el textil y calzado", señala el ministerio.

En materia de servicios, el acuerdo elimina obstáculos en sectores de "gran importancia para España", como los servicios financieros y las telecomunicaciones. Destaca también el sector de servicios de transporte marítimo internacional. Se introducen disposiciones en materia de comercio electrónico, así como disposiciones respecto a la movilidad de trabajadores de perfil directivo y especialista.

A su vez, el Gobierno destaca que el acuerdo permitirá una "notable mejora en el acceso" a los mercados de contratación pública de Mercosur con carácter no discriminatorio (en las mismas condiciones que las empresas locales). "Ello es especialmente relevante si tenemos en cuenta la escasa apertura tradicional de estos mercados y el hecho de que los países de Mercosur no son signatarios del acuerdo de la OMC sobre contratación pública", agregan.