Comunitat Valenciana

El pago a proveedores de la Generalitat Valenciana, en manos de Montero

El Consell pide autorización al Gobierno de España para poder solicitar a entidades bancarias varios préstamos por valor de 1.816 millones de euros, cantidad cercana a la que se esperaba recibir durante este mes a través del Extra FLA, mecanismo que cubre el exceso de déficit del año anterior y que sigue sin ser efectivo a estas alturas del año

  • María Jesús Montero, Ruth Merino y Carlos Mazón en una imagen de archivo.
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VALÈNCIA. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con o sin Extra FLA, sigue teniendo en su mano el futuro inmediato del pago a proveedores de la Generalitat Valenciana.

Ante la falta de habilitación Extra FLA, que el Gobierno de España mantiene bloqueado sin dar ninguna explicación, el Consell solicitó este lunes al Gobierno poder endeudarse por valor de 1.816 millones de euros y hacer frente de esta manera a los pagos a proveedores a los que pensaba pagar este mes de julio con los 1.900 millones que debían facilitarse este mes mediante el Extra FLA. Así lo anunciaron este martes la portavoz del Consell, Susana Camarero, y la consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino.

La hoja de ruta del Gobierno valenciano pasa ahora por pedir varios préstamos a corto plazo (un año) a varias entidades bancarias para atender "el funcionamiento de servicios públicos esenciales", como es el caso de las farmacias, a las que no se les abonó la cantidad correspondiente al mes de junio.

No obstante, para poder llevar a cabo esta acción, el Ejecutivo autonómico necesita la autorización del Gobierno de España, por lo que será el Consejo de Ministros el que apruebe o rechace la petición del Consell. Por tanto, la pelota sigue en el tejado de Montero, que es quién debe tomar la decisión sobre esta petición al Consell al mismo tiempo que mantiene la incógnita sobre cuándo se desbloqueará finalmente el Extra FLA, que en el caso de la Comunitat asciende a 2.495 millones de euros para este ejercicio. 

Cabe recordar que el Extra FLA es el fondo de liquidez autonómico que cubre el exceso de déficit del año anterior en aquellas autonomías que no pueden acudir a los mercados a financiarse, como es el caso de la Comunitat Valenciana. Este mecanismo ha llegado todos los ejercicios en dos tramos: un 75% en julio y un 25% en diciembre, pero este año el Gobierno no lo ha incluido en sus previsiones ni ha anunciado, a estas alturas, cuándo se va a hacer efectivo.

En concreto, es la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), que se reúne los lunes cada dos semanas, la que debe desbloquear este mecanismo. Ante la falta de noticias del CDGAE este lunes, el Consell ha decidido recurrir a la medida alternativa de financiar el déficit de 2024 a través de operaciones de deuda al margen del Extra FLA. 

  • Susana Camarero y Ruth Merino, en la rueda de prensa de este martes. 

Lo cierto es que la delicada situación financiera del Consell se ha ido agravando en los últimos meses con un periodo medio de pago a proveedores disparado: se situó en 43,58 días en mayo frente a los 26,34 días que registró apenas tres meses antes. Retraso que tiene un coste, ya que a partir de los 30 días la Generalitat debe pagar intereses de demora.

El Consell reconoce las "fuertes tensiones de liquidez" de la Administración autonómica, que han conducido a "retrasos" en cuestiones como el pago a proveedores, subvenciones y ayudas, así como otros acreedores de la Generalitat Valenciana, entre ellos el propio Ayuntamiento de Valencia.

Una situación que desde el Ejecutivo autonómico enmarcan en dos problemas fundamentales: "el largo retraso" en la aprobación del Extra FLA y la tardía actualización de las entregas a cuenta por parte del Gobierno de España, que se suman a otros cometidos como el "déficit persistente" en materia de financiación y el "muy elevado nivel de deuda" de la Generalitat y su consiguiente coste financiero.

Respecto a las entregas a cuenta, que llevaban congeladas desde el pasado mes de enero, cabe mencionar que la Comunitat Valenciana recibirá a finales de este mes en torno a 1.000 millones de euros que no se han pagado desde enero, a razón de 165 millones mensuales. Se trata de una circunstancia motivado por la falta de Presupuestos Generales del Estado en 2025, que llevan a que el dinero mensual a cuenta que se entrega a las autonomías sea el mismo que en 2023 mientras la recaudación de la Agencia Tributaria y los gastos de las CCAA son mayores que hace dos años. Montero anunció a mediados de junio el desbloqueo de esta actualización, que permitirá a la Generalitat hacer frente a algunas de las operaciones que se han visto retrasadas por la falta de liquidez.

Ponerse al día con las farmacias a finales de mes

El Consell, por otro lado, mantiene la intención de ponerse al día con las farmacias durante este mes de julio. En este sentido, el Ejecutivo autonómico espera pagar a estos establecimientos la cantidad correspondiente al mes de mayo, que tenía que haberse pagado el 30 de junio, y mantener después el pago regular. Una cuestión para la que será necesaria bien la activación del Extra FLA o bien la llegada de financiación a través de los préstamos bancarios. Pero si el Gobierno de España opta por el bloqueo tanto del Extra FLA como de la operación de endeudamiento, la situación de liquidez de la Generalitat se situaría en una posición aún más crítica para poder acometer este tipo de pagos. 

  • Asamblea de farmacéuticos valencianos para tratar sobre el retraso en el pago de la Generalitat. 

No obstante, se trata de un escenario que desde el Ejecutivo autonómico evitan contemplar: "No concebimos otro escenario que no sea que se apruebe esta operación de endeudamiento al margen del FLA la próxima semana" en el Consejo de Ministros, afirmó este martes la consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, durante la rueda de prensa posterior al Pleno del Consell. Merino remarcó que hay "personas" detrás de la "prestación de los servicios públicos" que se encuentran en una delicada situación por los problemas de financiación y apeló al Ejecutivo nacional a dar luz verde a la operación de endeudamiento: "No sé qué podrían alegarnos para no autorizar que la Comunitat Valenciana se endeude más para pagar los servicios de todos los valencianos; La pelota está en el tejado del Gobierno, no hay problema con ello. Veremos lo que ocurre el martes que viene", apostilló. 

El plan de ajuste, en proceso de elaboración

Mientras todo este proceso se resuelve, el Consell sostiene que sigue trabajando en la elaboración del plan de ajuste anunciado por el president de la Generalitat, Carlos Mazón, el pasado 26 de junio durante la reunión de subsecretarios y secretarios autonómicos previa al Pleno del Consell, conocida como consellet. Mazón pidió a todos los departamentos de la Generalitat la propuesta de medidas para poder reducir el gasto y hacer frente a los problemas financieros de la Administración.

A pesar de que el jefe del Consell dio un plazo de 72 horas a las consellerias para presentar medidas de cara a eliminar "todo el gasto superfluo", la vicepresidenta y portavoz del Gobierno valenciano, Susana Camarero, explicó este martes que se sigue trabajando en estas acciones para "optimizar el gasto público", que irán desvelando los consellers de manera progresiva durante las próximas semanas. No obstante, todo apunta a que las medidas adoptadas tendrán un impacto relativamente bajo en los gastos del Consell debido a que prácticamente la totalidad del presupuesto autonómico está comprometido en gastos ordinarios en materias como educación, sanidad o servicios sociales. 

Por tanto, parece que el plan de ajuste del Consell quedará más como un golpe de efecto en una jornada en la que el Consell aprobó la Cuenta General de 2024, que arrojó un resultado económico-financiero de -4.589,79 millones de euros, el tercer peor en la historia. En cualquier caso, Camarero deslizó este martes que departamentos como la Conselleria de Sanidad y la Conselleria de Justicia e Interior ya trabajan en medidas como la digitalización de la justicia o acuerdos marco sobre la compra de medicamentos para reducir su precio, así como ajustarse a que el 80% de la prescripción de fármacos sea genérico.

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