VALÈNCIA. Al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, le entraron este jueves las prisas por abordar un plan de control del gasto de la Generalitat. Fue minutos antes del pleno extraordinario del Consell convocado para aprobar la Cuenta General de 2024 que, como cada año, se tiene que enviar a la Sindicatura de Comptes antes del 30 de junio.

No era para menos, porque la Cuenta General arroja un resultado económico-patrimonial negativo como no se veía en la Comunitat Valenciana desde hace diez años: -4.589,79 millones de euros, frente a los -2.475,44 millones del año anterior. Un brusco empeoramiento debido en buena parte a la Dana, según la Generalitat.

Se trata del tercer peor resultado económico-patrimonial de la historia de la Comunitat Valenciana, solo superado por los de 2011 y 2012, cuando la crisis financiera e inmobiliaria llegó al fondo del pozo y el recién estrenado Gobierno de Mariano Rajoy (diciembre de 2011) tuvo que salir al rescate de la Generalitat presidida por Alberto Fabra para evitar el default (impago) en un préstamo al que no podía hacer frente.

El resultado económico-presupuestario es la variación de los fondos propios de la Generalitat producida en el año como consecuencia de sus operaciones de naturaleza presupuestaria y no presupuestaria. Al contrario que el déficit, no se ciñe solo al presupuesto del año sino que da una imagen más amplia de la salud económica de la Generalitat.

Tras conocer estas cifras, Mazón se presentó en la reunión de subsecretarios y secretarios autonómicos previa al Consell –conocida como consellet– para pedir a los representantes de todos los departamentos de la Generalitat que propongan medidas con las que hacer frente a los problemas financieros que atraviesa la administración valenciana.

El Consell vinculó estas medidas a la aprobación del Extra FLA por parte del Gobierno antes del 7 de julio, aunque lo cierto es que la mayoría son propuestas adecuadas para mejorar el resultado económico-administrativo, medidas que deberían estar presentes en cualquier administración publica en todo momento, y más tratándose de una administración con déficit crónico como la valenciana.

Propuestas de ahorro

La idea es que cada conselleria presente el próximo lunes propuestas concretas de ahorro, que deberán girar en torno a varios ejes que hizo públicos Presidencia de la Generalitat.

Por una parte, el plan plantea la "racionalización y rentabilización" del patrimonio de la Generalitat, lo que en la práctica podría suponer la venta o alquiler de inmuebles propiedad de la administración autonómica.

Además, incluye medidas en materia de personal, en especial la lucha contra el absentismo laboral y el control horario. También respecto a los entes dependientes de la Generalitat, con un plan para el sector público instrumental basado en la "rigurosidad en la gestión", la evitación de duplicidades y el recorte de cualquier "gasto superfluo". La racionalización del sector público ya la planteó Mazón cuando fue investido presidente.

Además, el Consell pretende iniciar una "revisión" exhaustiva de las subvenciones para analizar cuáles de ellas pueden minorarse o eliminarse. Otra de las líneas propuestas es maximizar el ahorro de costes con la digitalización de la administración.

La intención de Presidencia pasa por constituir un Comité Permanente de Seguimiento con Hacienda y las consellerias con mayor peso presupuestario –Servicios Sociales, Sanidad y Educación– para constatar "avances en mejora de gestión, controlar desviaciones y garantizar eficiencia en la ejecución" presupuestaria.

El impacto de la Dana

El resultado económico-patrimonial del ejercicio 2024 refleja "el impacto extraordinario" de la Dana, por la que se dotó una provisión de 604,22 millones de euros para cubrir los daños estimados por las distintas conselleries en infraestructuras y bienes cuyo coste debe ser asumido por la Generalitat, según explicó la Generalitat en un comunicado.

"El informe pone en relieve la respuesta inmediata de la Generalitat ante la magnitud de la catástrofe con la aprobación de decretos de ayudas urgentes a personas, trabajadores, empresas y municipios afectados por la dana por un importe total de 291,6 millones de euros en 2024, de las que se concedió el 71,76% y se pagó el 68,20%", subrayó el Consell.

Además, como medida excepcional de endeudamiento, el Consell aprobó mediante Decreto Ley 16/2024 un crédito extraordinario de 700 millones de euros para financiar las actuaciones de respuesta a la dana, en el marco de las previsiones del Real Decreto-Ley 7/2024.

Con todo, el aumento del resultado negativo fue de más de 2.100 millones de euros a pesar de que los ingresos aumentaron un 12,27%.