VALÈNCIA. El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, celebró este martes la programada ronda de reuniones con los diferentes portavoces parlamentarios. Una cita fijada dos meses después de ser investido jefe del Consell tras el adiós de Carlos Mazón y que sirve para medir la temperatura y nivel de crispación que atraviesa la política valenciana.

Infinidad de frases hechas o lugares comunes resumen el balance de la jornada. Nada nuevo bajo el sol o sin novedad en el frente serían algunas de las que servirían para describir la falta total de entendimiento entre PP y PSPV, la incomparecencia de Compromís y la comodidad armónica que el presidente de la Generalitat disfruta con Vox.

No obstante, una de las cuestiones que merece ser destacada de la ronda de reuniones es el portazo definitivo que significa para la reforma del sistema de financiación autonómica. Semanas atrás, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó un nuevo modelo -el vigente, que perjudica gravemente en el reparto a los valencianos, está caducado desde hace 12 años- después de meses jugando al gato y al ratón con las autonomías.

El sistema propuesto supone un incremento de 3.669 millones de euros anuales para la Comunitat, más del doble de lo que Pérez Llorca exigió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la reunión celebrada en diciembre en la Moncloa. De esta manera, pese a todos los retrasos y falsas promesas sufridos hasta ahora, al fin un ejecutivo central ponía sobre la mesa una propuesta sobre la que debatir, con el objetivo de aprobarla este año en el Congreso para que entrar en vigor en el 2027.

Sin embargo, tal y como señaló el portavoz del PSPV, José Muñoz, a la salida de la reunión, el presidente de la Generalitat se mantuvo firme en su postura de no prestarse a negociar este modelo, siguiendo la línea establecida por la dirección nacional del PP en la Conferencia de Zaragoza celebrada el pasado 18 de enero. En aquella cita, todos los barones autonómicos de la formación popular firmaron un manifiesto en el que instaban al Gobierno de España a retirar el modelo presentado y comenzar de cero una negociación global con las CCAA. 

Una de las principales quejas del PP es la manera de alumbrar este nuevo modelo: fruto de un acuerdo entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras (ERC) escenificado en la Moncloa horas antes de que la propia Montero presentara el sistema a la opinión pública. Una maniobra que evidencia el deseo del presidente del Gobierno de complacer a uno de sus socios necesarios para mantener ciertas esperanzas aritméticas en el Congreso.

Ahora bien, en los últimos días se ha producido una evolución en el discurso del PPCV y del Consell respecto a su posición de rechazo sobre la financiación. De hecho, en los primeros días se mostraron dispuestos a estudiar la propuesta, e incluso el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, llegó a admitir: "Las cifras no pintan mal". Una postura que se fue diluyendo con el paso de los días, conforme Génova comenzaba a ordenar sus filas para construir un discurso único de rechazo cuando llegara el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

En esos días, el Gobierno valenciano y el PPCV había parecido encontrar dos argumentos que se ajustaban perfectamente para explicar su rechazo: la inexistencia de un fondo de nivelación transitorio para compensar a la Comunitat mientras se remodela el sistema; y la insuficiente cantidad de deuda condonada en el plan del Gobierno (11.200 millones de euros para los valencianos), dado que no contempla el déficit por todos los años de infrafinanciación. Unas exigencias lógicas y justas que, además, también habían reivindicado estos años el PSPV, Compromís y los agentes sociales en la plataforma Per una finançament just, pese a que los socialistas se habían desmarcado en los últimos tiempos por la incomodidad que suponía para la ministra Montero.

No obstante, esta posición tenía el peligro de ser en cierto modo rebatida si se abría la posibilidad de que el fondo de nivelación o una mejora de la quita de la deuda pudiera entrar en una hipotética negociación o, al menos, se contemplara por parte del PSPV. De hecho, tal y como avanzó Plaza, esto es precisamente lo que ha comenzado a plantearse en algunos ayuntamientos (este martes, en el de València), donde los socialistas valencianos se han mostrado receptivos a incluir en la moción reivindicativa de la financiación el fondo de nivelación o un aumento en la quita de la deuda para contentar las reivindicaciones de Compromís.

Una eventualidad ante la que el PP ya había preparado un nuevo y definitivo argumento: según Fedea, el nuevo modelo de financiación presentado por Montero dejaría a la Comunitat Valenciana 2,2 puntos por debajo de la media nacional, por lo que es inaceptable para la Generalitat. Un argumento este que ya ha manifestado el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, o el propio portavoz en el Ayuntamiento, Juan Carlos Caballero; obviando que ahora se encuentra siete puntos por debajo de la media y la reforma supondría 3.669 millones de euros anuales más para la Comunitat Valenciana.

Así pues, la conclusión obvia que puede extraerse de todo lo acontecido en las últimas semanas, así como de la última reunión entre Pérez Llorca y en este caso el síndic del PSPV, José Muñoz, donde este le instó a aceptar la propuesta pero luego negociar en reuniones bilaterales con el Ministerio de Hacienda, para lograr un fondo transitorio de nivelación o la condonación de la deuda; es que la orden de Génova de rechazar una negociación sobre la financiación prevalecerá por encima de cualquier otro factor. De esta manera, habrá que ver si el Gobierno de España recaba los apoyos suficientes en el Congreso para sacar adelante esta reforma, lo que parece harto difícil.

Por tanto, la Comunitat Valenciana se dirigirá hacia una nueva legislatura, la que comenzará en 2027, siendo la autonomía peor financiada de España junto a la Región de Murcia. Eso sí, Alberto Núñez Feijóo ha prometido que aprobará un nuevo sistema el primer año de su gobierno si gana las elecciones: veremos cómo lo hace si no tiene mayoría absoluta, dado que su potencial socio Vox, ha manifestado por activa y por pasiva su rechazo al propio sistema autonómico.