VALÈNCIA. El anuncio del Gobierno de que se dispone a trasponer la directiva europea para limitar el interés de los créditos al consumo se produce en un momento en el que crece la preocupación por el endeudamiento de las familias, que en los últimos meses han elevado su dependencia a este tipo de préstamos para hacer frente a gastos a corto plazo, como puede ser compras o viajes. Los residentes en la Comunitat Valenciana también han disparado la firma de estos créditos al calor de la inflación, con una subida de los precios constante en elementos básicos como la cesta de la compra, las facturas del hogar o la adquisición de cualquier bien, como se ha podido ver en el inflado mercado de coches de segunda mano.

La Comunitat Valenciana mantiene 97.321 millones de euros en créditos pendientes de pago, según los datos del Banco de España a cierre del tercer trimestre de 2025, mientras que los hogares de la región habrían firmado en torno a 2.900 millones de euros en nuevos créditos al consumo durante los nueve primeros meses del año, lo que supondría un incremento del 23% aproximadamente de acuerdo con una estimación elaborada a partir de las estadísticas oficiales del supervisor, que no desagregan este tipo de operaciones por comunidades autónomas.

El cálculo se apoya en las estadísticas oficiales sobre la firma de créditos al consumo en España, que miden el volumen de nuevas operaciones concedidas a los hogares. Entre enero y septiembre de 2025, estas operaciones alcanzaron aproximadamente los 33.400 millones de euros en España, frente a los alrededor de 27.800 millones registrados un año antes. Dado que el Banco de España no publica un desglose territorial de este indicador, la estimación regional se ha realizado aplicando el peso de la Comunitat Valenciana en el crédito total al sector privado, situado en torno al 8,5% del conjunto nacional, según indica el Banco de España.

Con esta metodología, el volumen de nuevos créditos al consumo firmados en la Comunitat habría pasado de unos 2.350 millones de euros en los nueve primeros meses de 2024 a cerca de 2.900 millones en el mismo periodo de 2025, reflejando un uso creciente de este tipo de financiación por parte de los hogares valencianos.

Este repunte del crédito al consumo convive, sin embargo, con una reducción del volumen total de deuda pendiente. A cierre de septiembre de 2025, el saldo vivo de crédito al sector privado en la Comunitat Valenciana se situaba en 97.321 millones de euros, una cifra sensiblemente inferior a los 105.537 millones registrados en el mismo periodo de 2024. Lejos de ser una contradicción, esta divergencia responde a un proceso de desapalancamiento estructural que afecta al conjunto de la economía española y que se explica, principalmente, por la intensa amortización de hipotecas y la menor utilización del crédito a largo plazo por parte de empresas y familias.

En este contexto, el crédito al consumo gana peso relativo dentro del endeudamiento de los hogares. Se trata de préstamos de menor importe y vencimientos más cortos, que se amortizan con rapidez y, por tanto, no sostienen el stock total de deuda, pero cuyo volumen de nuevas operaciones ha crecido de forma notable en los últimos trimestres. Este patrón sugiere una mayor dependencia de la financiación a corto plazo para afrontar gastos cotidianos, desde el consumo corriente hasta la adquisición de bienes duraderos, en un entorno marcado por el encarecimiento del coste de la vida y la pérdida de capacidad de ahorro.

El cambio también apunta a una transformación en la calidad del endeudamiento. Frente al peso histórico del crédito hipotecario, asociado a activos de largo plazo, el avance del crédito al consumo implica una mayor presencia de productos con tipos de interés más elevados y menor horizonte temporal, lo que incrementa la sensibilidad de los hogares a posibles tensiones financieras. Este fenómeno ha situado al crédito al consumo en el centro del debate regulatorio.

Con la transposición de la directiva europea sobre contratos de crédito al consumo, el Gobierno busca reforzar la protección de los usuarios y limitar el coste de estos préstamos, especialmente en los segmentos de mayor riesgo. La futura norma ampliará el marco regulatorio existente, introduciendo criterios más estrictos para identificar prácticas abusivas y reforzando las obligaciones de información previa al cliente, en un intento de contener los efectos adversos del creciente recurso a este tipo de financiación.

El límite general se fijará a partir del tipo de interés medio del crédito al consumo al que se le añade un margen que se establece por tramos de importe del crédito en el desarrollo reglamentario. Los límites se actualizarán y publicarán trimestralmente por el Banco de España y de forma anticipada al trimestre de aplicación.

Los segmentos y márgenes previstos en el anteproyecto y el tipo de interés resultante (considerando el tipo TAE medio de crédito de octubre de 2025) son de 15 puntos porcentuales para importes iguales o inferiores a 1.500 euros; de 10 puntos porcentuales, para importes superiores a 1.500 e inferiores a 6.000 euros, 10 puntos porcentuales; de 8 puntos porcentuales, para importes superiores a 6.000 euros y plazo de vencimiento inferior a 8 años; y de seis puntos porcentuales para importes superiores a 6.000 euros y un plazo de vencimiento superior a 8 años.