VALÈNCIA. La situación de asfixia financiera que sufrió en el primer semestre la Generalitat valenciana tiene una trazabilidad en el período medio de pago (PMP) a los proveedores que publica cada mes. Un trazo en el que también deja huella la llegada de dinero como la que se produjo en julio por varias vías extraordinarias, que superó los 3.000 millones de euros.

Esta lluvia de millones permitió a la Conselleria de Hacienda que dirige Ruth Merino rebajar el PMP de los 50,27 días que alcanzó en junio -retraso que solo se había alcanzado una vez desde la pandemia- a los 31,60 días del mes de julio, ligeramente por encima del plazo máximo legal a partir del cual se pagan intereses de demora, que es de 30 días.

La media de las Comunidades Autónomas en el mes de mayo -último dato publicado- era de 25,58 días.

Cabe recordar que la situación llegó a tal gravedad que el 30 junio Sanidad tuvo que aplazar 18 días el pago mensual de las facturas a las farmacias, que asciende a unos 150 millones de euros.

El dinero llegó por tres vías

Los ingresos extraordinarios del mes de julio, que sumaron más de 3.000 millones de euros, llegaron por tres vías.

En primer lugar, el Consell suscribió un préstamo a corto plazo de 1.816 millones con Caixabank, Sabadell y Kutxabank, ante la no aprobación del Extra FLA por parte del Gobierno, que suponía 1.900 millones de financiación del Estado para cubrir el déficit de 2024. El departamento que dirige María Jesús Montero no aprobó este instrumento previsto en la ley de estabilidad presupuestaria de 2012 y que se viene habilitando desde 2013 y todavía no ha aclarado si tiene previsto aprobarlo o si, de facto, el sistema de financiación ha cambiado y ahora las CCAA con déficit se tienen que buscar la vida con un mayor coste en intereses.

En segundo lugar, la Generalitat recibió a final de mes los casi 1.000 millones de euros que le debía el Gobierno por la no actualización de las entregas a cuenta durante el primer semestre del año. Se trata de dinero que habían pagado los contribuyentes valencianos pero que el Ministerio de Hacienda retenía porque, al no haber presentado Presupuestos Generales del Estado de 2024 ni de 2025, se estaban entregando las mismas cantidades que en 2023. El Gobierno aprobó la actualización en junio y acordó pagar lo que debía a finales de julio.

Finalmente, aunque no se puede considerar un ingreso extraordinario porque está en la ley de financiación autonómica (Lofca), en julio las CCAA reciben la liquidación del sistema de financiación de dos años antes, en este caso de 2023. Esa liquidación ascendía a 2.004 millones de euros, pero la Generalitat recibió mediante tres anticipos 1.486 millones hasta abril, y aún pidió un cuarto anticipo, en junio, de 324 millones. Por ello, en julio recibió solo lo que le quedaba por ingresar: 194 millones.