VALÈNCIA. Catástrofes recientes como el accidente ferroviario de Adamuz o la devastadora Dana de Valencia han puesto de manifiesto la importancia de contar con infraestructuras sólidas y fiables. Y es que estas construcciones no solo sostienen el funcionamiento diario, sino que su mantenimiento y mejora pueden ser barreras frente a fenómenos o situaciones extremas. Sin embargo, en muchas ocasiones su preservación ha pasado a un segundo plano, como evidencia la caída sostenida del gasto público a lo largo de los años. Tanto es así que, según un estudio de la Fundación BBVA y el Ivie, la inversión en infraestructuras ascendió en 2025 a 16.114 millones de euros, un 6,8% más que el año anterior, pero un 60% menos que en 2009.
Unas cifras que abren el debate sobre la necesidad de dar mayor dotación a unos equipamientos que son claves en los territorios y, especialmente, en algunos como el valenciano, más expuesto a amenazas de catástrofes naturales de elevada intensidad, derivadas del cambio climático. Cuando se producen episodios como la devastadora Dana de 2024, quedan al descubierto tanto las carencias acumuladas como la falta de anticipación en la planificación de nuevos equipamientos capaces de reducir el impacto de estas catástrofes.
De hecho, el estudio 'El stock de capital en España y sus comunidades autónomas (1995-2025)', de la Fundación BBVA y el Ivie, refleja precisamente que el peso de las infraestructuras en la inversión pública ha caído con respecto a 2009: pasando de copar el 61,2% hace 16 años al 37,9% en 2025. Pero, además, esta situación se ha venido arrastrando en el último lustro, ya que su peso se ha estancado en torno al 38%, más de 20 puntos por debajo del que concentraba a principios de siglo.
Una bajada que empezó a resentirse a partir de la crisis económica de 2008 debido a los recortes que se aplicaron de forma generalizada en todos los ámbitos de la Administración. A partir de 2014 comenzó la recuperación de la crisis y se frena el descenso de la inversión. "Sin embargo, en este segundo periodo la inversión se ha mantenido en niveles tan bajos que en algunos años no ha sido suficiente para cubrir la depreciación de las infraestructuras y garantizar su mantenimiento", advierte el informe.
El descenso más brusco ha sido en el caso de las obras ferroviarias, que se han desplomado un 66,7% en España desde 2009, hasta situarse en 2025 en 4.589 millones de euros. Cierto es que esa cifra es un 7% que en 2024, pero sigue lejos del esfuerzo de hace más de una década. Pese a esta caída, el pasado año fueron el segundo tipo de infraestructura con mayor inversión, representando el 28,5% de la inversión total en infraestructuras. Además, han ido ganando presencia, ya que han superado el 25% de la inversión total frente al 11% que suponían en 1995.
- Obras del acceso sur de Castelló. -
- Foto: CARLOS PASCUAL
En cuanto a las inversiones viarias de carreteras, han sido las más importantes en la inversión total en infraestructuras, aunque perdieron peso frente a las ferroviarias entre 1995 y 2008. En 2025, la inversión en carreteras en España ha captado más del 30% de la inversión en infraestructuras, con 4.952 millones de euros, un 0,6% más que el año anterior. No obstante, esta cifra sólo representa un 41% del máximo de 2009.
Las infraestructuras hidráulicas, las terceras en importancia, han pasado de concentrar el 24% de las inversiones a estabilizarse en torno al 15% durante el siglo XXI y cerrar 2025 por debajo del 14,3%. En términos reales, la inversión en infraestructuras hidráulicas ha caído un 61,7% desde 2009.
La Dana como ejemplo
Un panorama que los investigadores buscan reflejar para alertar de que los fenómenos naturales extremos, cada vez más frecuentes, debilitan gravemente las infraestructuras allí donde impactan, aunque estas pérdidas rara vez se reflejan en el cálculo del PIB. Y como ejemplo sitúan la Dana de Valencia de 2024 como un caso que pone de manifiesto la vulnerabilidad de las dotaciones de la provincia y la necesidad de reforzarlas con medidas preventivas.
De este modo, los investigadores plantean escenarios de distinta severidad y evolución del cambio climático, calculando la cantidad de recursos adicionales necesarios para reponer los daños. A nivel nacional, anticipar estas medidas durante 50 años requeriría entre un 0,2% y un 1,1% de la inversión anual acumulada; en cambio, si tuviera que asumirse todo en un solo año, los costes subirían entre el 5,4% y el 38,3%.
En el caso de Valencia señalan que cubrir de forma anticipada fenómenos como la Dana implicaría aumentar los recursos anuales entre un 3,3% y un 23,2%, según el escenario climático. Pero si se dejara para después, los porcentajes se dispararían hasta el 119,7% y el 848,2% de un año de inversión ordinaria.
Con todo, los autores advierten que mantener bajos niveles de inversión pública durante largos periodos tiene consecuencias graves. Por un lado, puede deteriorar las infraestructuras y limitar su capacidad de prestar servicios, y, por otro, impide prepararse ante los riesgos crecientes del cambio climático. Por ello, subrayan la necesidad de reforzar las dotaciones de manera preventiva, distribuyendo el esfuerzo a lo largo del tiempo y entre los territorios más expuestos a desastres naturales cada vez más frecuentes.
