VALÈNCIA. La comparecencia del todavía president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en el Congreso de los Diputados sigue teniendo repercusión. Ahora en la investigación judicial sobre la gestión de la catástrofe. La jueza que instruye la causa ha desmentido al jefe del Consell en uno de sus últimos autos, donde pide que se incorporen al sumario las comparecencias de Mazón tanto en el Congreso como en Les Corts Valencianes, y llega a aseverar con rotundidad que en la intervención en la cámara baja, "se vierten diversas aseveraciones que no se corresponden con el contenido de la instrucción".

Así, el auto de la magistrada, emitido este mismo martes, incide en diferenciar lo que son llamadas canceladas de las llamadas perdidas ."No es lo mismo", asevera la jueza en referencia a los contactos telefónicos que salieron en la sesión durante la comparecencia de Mazón este lunes. En las llamadas canceladas, "el receptor no las admite", insiste, para señalar directamente a las llamadas que le hizo la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, investigada en la causa, a las 16.29h, a las 19.10h y a las 19.36h, que fueron canceladas, no perdidas.

Reviste interés porque, cabe recordar, Mazón en su intervención reconoció que pudo haber alguna llamada que no escuchó. En concreto, sobre la que le hizo la entonces consellera a las 19.10h, a preguntas de la diputada de Compromís Àgueda Micó, indicó que a lo mejor no la oyó porque iba andando y tenía el móvil "en la mochila".

Por otra parte, la jueza incide en que el día de la Dana existía "información sobre la gravísima situación, las previsiones meteorológicas, llamadas al 112 (algunas como el conocido caso de Francisca, que por su hijo se ponía en conocimiento que su familia corría el riesgo de ahogarse, pereciendo su padre y sus dos hermanos), avisos de la CHJ o las llamadas al servicio de teleasistencia, de familiares y usuarios que fallecieron". Aspecto sobre el que ya había incidido la magistrada en numerosas resoluciones anteriores durante el último año.

Mazón, en su intervención, aseguró que hasta bien entrada la madrugada -en un momento aseveró que hasta las cinco de la madrugada- no se sabía que había personas fallecidas. Al respecto, la jueza señala que "difícilmente se puede fijar a partir de la madrugada del 30 de octubre" el conocimiento de víctimas mortales. No solo por "las propias manifestaciones públicas que efectuó el presidente de la Generalitat en el Centro de Emergencias, en su comparecencia retransmitida por A Punt, a las 00:35 h", sino también, dice, "por elementos anteriores en el tiempo perfectamente documentados".

Además, recalca la magistrada, el centro de coordinación de emergencias de la Generalitat efectuó "una solicitud de movilización de la UME, para que realizara sus funciones respecto de la totalidad de la provincia de Valencia, y se hizo constar de forma expresa que ya existían fallecidos". Una solicitud firmada a las 20.33h por el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, y enviada dos minutos después. A las 00.31h, Emergencias dio preaviso a la directora del Instituto de Medicina Legal de la provincia en "precisión de la activación del protocolo de múltiples víctimas".

Por otra parte, la magistrada considera que la aportación a la causa de la comparecencia de Mazón en Les Corts Valencianes tiene una relevancia "menor" para la instrucción, pero la admite igualmente por dos motivos. Primero, por un motivo formal, y es que la comparecencia en una comisión parlamentaria obliga a "decir verdad" so pena de incurrir en delito de falso testimonio, por lo que "tiene una relevancia claramente distinta a las manifestaciones que se puedan hacer en sede parlamentaria fuera de una comisión, o mediante declaraciones públicas o por entrevistas". Sobre todo porque Mazón "no ha hecho uso de la facultad de declarar voluntariamente como investigado ante este Juzgado, lo que le habría eximido de la obligación de declarar ante una comisión de investigación".

El segundo motivo para aceptar la comparecencia es "un motivo material". La declaración es una "prueba pertinente", sostiene, porque el jefe del Consell "ostenta la condición de máxima autoridad de la Generalitat Valenciana", tal como marca la Ley del Gobierno Valenciano, y ostenta por tanto "funciones directivas y de coordinación". Por eso y por las manifestaciones vertidas en la comisión de Les Corts por el president, según el cual "la toma de decisiones en el ámbito del Cecopi" le era ajena, igual que el envío del mensaje Es Alert a las 20.11h.