VALÈNCIA (EP). La jueza de Catarroja que instruye la gestión de la dana que el 29 de octubre de 2024 dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia ha rechazado el recurso de la exconsellera de Justicia e Interior e investigada en la causa, Salomé Pradas, y ha reiterado la "pertinencia" de que realice en el juzgado una prueba caligráfica sobre el borrador del ES-Alert que aportó en su día el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, en su declaración como testigo.
En un escrito reciente, Pradas reconoció la autoría "de su puño y letra" del documento aportado por Suárez y trasladó a la magistrada que veía "innecesario" la práctica de la prueba solicitada al no existir "duda, impugnación ni controversia alguna sobre la autenticidad de la grafía ni sobre la autoría de la misma".
En ese documento se pueden leer varios puntos --cuatro--, de los que se desprenden frases como: "(...) que se evite el desplaza- prov Valencia"; aparece tachada la palabra "confina-" y se recoge "permanencia casas", con indicaciones de las comarcas de R Alta/Baixa/HSud/Hoya Buñol (Riberas Alta y Baja; Horta Sud y Hoya de Buñol); alejamiento cauces, entorno cauces y elevarse a (...) primera planta" más otra palabra tachada y la referencia a la movilización de la UME.
La magistrada reafirma la pertinencia de la pericial por tres razones. La primera, porque pese a lo manifestado en el escrito de la exconsellera, "en ningún momento" Pradas "reconoció la autoría de su puño y letra del texto del manuscrito que conservó" Suárez porque en su declaración del 11 de abril de 2025 no se habló de ello y porque después solo ha comparecedo en el juzgado para el careo que sostuvo con José Manuel Cuenca, el ex jefe de gabinete del expresident Carlos Mazón, "donde se hizo referencia por uno de los intervinientes al 'tarjetón' del señor Jorge Suárez, pero no hubo reconocimiento expreso de la autoría".
En segundo lugar, señala que lo alegado por Pradas en el escrito no puede sustituir a la declaración de investigada, "diligencia personalísima, que no puede reemplazarse por la manifestación de ninguna persona, por un escrito presentado por su representación procesal, ni por una comparecencia". Y en tercer lugar, "ni siquiera en el supuesto de que se reconociera por la señora Salomé Pradas Ten en una declaración como investigada la autoría del manuscrito tampoco ello eximiría la práctica de una prueba que ha de estimarse pertinente".
"Fuera de toda duda"
Por tanto, la magistrada insiste en que la pertinencia de la prueba está "fuera de toda duda" dada la relevancia que en este caso hubiera tenido la adopción de medidas de protección a la población y subraya que un "nexo común" que ha demostrado la instrucción es la ausencia de esos avisos, "lo que se unía a la parálisis en la toma de decisiones en el seno del Cecopi".
En esta línea, añade que la responsabilidad que se le atribuyó a Pradas en el retraso en el envío de la alerta a la población, por su "eventual efecto incriminatorio", es un hecho del cual la exconsellera "se quiso desligar públicamente, y desde un principio", tras conocerse que la gran mayoría de los fallecimientos "se habían producido con anterioridad al envío del mensaje a las 20:11 horas".
Sobre este punto, considera que la existencia de un sistema de alerta a la población "estaba sobre la mesa del Cecopi, desde las 17:20 horas" y no se le reveló, como dijo Pradas en una entrevista, a las 20:00 horas. La magistrada subraya que este era un sistema "plenamente operativo"; del que la validación "se hizo en tan solo 2 minutos y 35 segundos" por un técnico "a quien incluso le dio tiempo a descartar un previo borrador" y con una sucesión de propuestas que comienza la formulada por Jorge Suárez en el Cecopi que decía: "Ante la evolución de la situación de emergencia, se recomienda que con carácter inmediato acceda a zonas altas, permanezcan atentos a nuevos mensajes".
A partir de ahí, relata la jueza, hubo varias más: a las 18:38 horas el borrador de ES-Alert 706; el 707, que se descartó porque estaba en castellano e inglés, al tiempo que se validó el 708, enviado a las 20:11 horas --en castellano y valenciano-- y que decía: "Suspensión de viajes y movilidad innecesarias. Alerta de Protección Civil. Por las fuertes lluvias y como medida preventiva se debe evitar cualquier tipo de desplazamiento en la provincia de Valencia. Estén atentos a futuros avisos a través de este canal y fuentes oficiales, en USER000@GVA112 y en Apunt".
"Dramático"
Para la jueza, "lo más dramático es que se pudo haber lanzado un mensaje sobre las 17:20 horas" con el aviso de Suárez, "que hubiera sido plenamente efectivo hasta el punto de que aconsejaba subir a los pisos altos, lo que daba idea de hasta dónde podía llegar el agua, cuanto menos dos metros, y que, por ende, bajar a los garajes o permanecer en plantas bajas, o ir por carretera, era un riesgo clarísimo que había de excluirse".
Sin embargo, señala que uno de los elementos que demoró el envío de la alerta a la población fue "incluso por la redacción del mismo en valenciano"; por las consultas verbales a la Abogacía de la Generalitat Valenciana y deja notar que hubo mensajes entre Cuenca y Pradas en los que el primero le decía que "de confinar nada en toda la provincia, que una cosa distinta es zonificar".
Asimismo, considera que el ES-Alert de las 20:11 horas no puede alegarse que fuera solo por la posible rotura de Forata y destaca el papel de Pradas en su elaboración ya que hay videos que reflejan que daba indicaciones "cuanto menos en parte del contenido del mensaje": "No se limitaba a ser una mera testigo del envío del mensaje, sino que se muestra una voluntad de controlar".
Argüeso
De igual modo, para la jueza, en esa falta de avisos a la población incurre igualmente Argüeso, de quien subraya: "era el director del plan cuando a las 13:00 h los coches flotaban por la calle en Utiel". En esta línea, manifiesta que la situación "caótica y desesperada" en esa localidad no impidió que ambos responsables se desplazaran a Carlet, donde su estancia era "totalmente ineficaz" respecto a lo que estaba sucediendo con el Magro en la otra comarca.
Pero es más, añade que allí tampoco dieron órdenes sobre esa zona, donde por la tarde también fallecieron personas. "No se movilizaron más unidades de bomberos forestales próximas geográficamente a la Unidad de Alzira, como Rótova, Castelló de Rugat, Xàtiva y Ontinyent. No hubo movilización de más unidades, ni se controló por la dirección del plan la posible desmovilización", detalla.
Al respecto, añade que la posición de garante del director del plan, en preemergencia y en situaciones 0 y 1 de emergencia, "le obliga a actuar", por lo que su "omisión" debe enlazarse con los fallecimientos, y considera que, una vez declaradas las alertas hidrológicas respecto del río Magro y del barranco del Poyo, situación 0 de emergencia, se siguió "ignorando las medidas de protección que pudiera acordar", desde las 11:45 y las 12:20 h, para las zonas de dichos cauces.
"No hubo vigilancia de los barrancos de Horteta y Gallego, ninguna orden consta por parte del director del plan al respecto, ni hubo seguimiento respecto de los bomberos forestales que fueron enviados a medir escalas en la zona de Torrent-Picanya y Paiporta (...). Había avisos de previsión y de agua de lluvia acumulada y faltó vigilancia personal en cauces. No hubo rondas de seguimiento", enumera y considera "incomprensible" que, conociéndose la retirada de los bomberos forestales del barranco del Poyo, por parte de personas presentes en el Cecopi, "por parte del director del plan no se hiciera tal pregunta" ni pidiera la colaboración de agentes medioambientales.