ALICANTE. La investigación judicial sobre la gestión de las viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas por la cooperativa Residencial Les Naus sobre un solar municipal subastado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022 arranca de forma oficial. La titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, que asume las diligencias tras el registro de la denuncia planteada por Manos Limpias, ha dictado una primera una providencia por la que acuerda reclamar diversa documentación al Ayuntamiento de Alicante, al Servicio Territorial de la Conselleria de Vivienda, Juventud, Empleo e Igualdad y a la propia cooperativa responsable de la construcción de los 140 pisos objeto de la polémica.

En concreto, la jueza solicita que se aporte los expedientes relacionados con la enajenación del solar público y con la lista de socios cooperativistas que compraron las 140 viviendas construidas, de acuerdo con el planteamiento que había formulado la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado, al dar traslado de las diligencias preliminares de investigación que había desplegado a partir de las denuncias presentadas por Sumar, por el grupo municipal del PSOE, por el equipo de gobierno del Partido Popular (PP) y por la Conselleria de Vivienda. Se trata de cuatro denuncias registradas después de que trascendiese que entre los adquirientes de las viviendas figuraba la ya exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez, dos hijos y un sobrino de la exdirectora general de Organización Interna, que ahora ha regresado a su plaza como jefa del área de Contratación, y un primer arquitecto municipal que participó en las reuniones de seguimiento del contrato de compra de la parcela municipal. 

La instructora incoó el pasado 11 de febrero diligencias previas para investigar la adjudicación de esos 140 pisos de VPP tras recibir por reparto la citada denuncia de Manos Limpias por presuntos delitos de prevaricación administrativa, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. Esa denuncia se dirigía contra diez personas concretas, entre los que figuran la exconcejal, la jefa de Contratación, el arquitecto municipal ya citado, así como una segunda arquitecta municipal, esposa del técnico de la Conselleria de Vivienda que visó todos los contratos de los 140 compradores. A ellos se suma otro funcionario municipal sin identidad definida (al que Manos Limpias le atribuye el puesto de jefe del servicio de viviendas), así como el notario que firmó los contratos de escritura de compra de los pisos, y cuatro representantes de la cooperativa Residencial Les Naus: el administrador, el presidente, la secretaria y la vicepresidenta.

Requerimiento de información

En el mismo auto de apertura de diligencias, la jueza instó a la Fiscalía Anticorrupción a remitir las actuaciones que hubiese practicado hasta la fecha con el fin de agrupar las indagaciones en un único procedimiento. Anticorrupción cumplimentó ese trámite este lunes, sin haber llegado a tener acceso a ninguna documentación oficial sobre los trámites seguidos hasta la construcción y compra de las viviendas.

En todo caso, de la información recogida en las cuatro denuncias de las que tuvo conocimiento, sí pudo apreciar, como mínimo, indicios de un supuesto delito de prevaricación en el comportamiento del funcionario de Vivienda que visó los contratos de compra de los 140 pisos, sin perjuicio de que las investigaciones pudiesen ampliarse a otras personas y otros delitos. De hecho, al derivar sus actuaciones, Anticorrupción planteó al juzgado que recabase la información que no había llegado a analizar para poder profundizar en los hechos y esclarecer si, efectivamente, pudo cometerse delito.

La instructora da ahora el primer paso para disponer de esos expedientes como primera fase de sus averiguaciones, sin que, por el momento, se haya acordado ninguna posible citación para la práctica de declaraciones. En todo caso, esa posibilidad podría abordarse en fases posteriores, una vez analizada la información solicitada, para cuya entrega establece un plazo de diez días.