VALÈNCIA. La Sindicatura de Comptes ha emitido un informe sobre la Cuenta General de les Corts Valencianes correspondiente al ejercicio 2023, en el que ha puesto de manifiesto incumplimientos normativos en la gestión de subvenciones a los grupos parlamentarios y en los procedimientos de contratación.

La auditoría financiera ha expresado una opinión con salvedades, como en el ejercicio anterior, debido a que les Corts no han dispuesto de un registro actualizado del inmovilizado no financiero, lo que ha limitado el alcance de la fiscalización sobre la valoración, composición y ubicación de estos activos. Asimismo, la Sindicatura ha señalado que no ha podido pronunciarse sobre el correcto cálculo de las amortizaciones de estos elementos, que en 2023 han alcanzado más de un millón de euros. En cuanto a la auditoría de cumplimiento de la legalidad, la Sindicatura ha identificado incumplimientos en la gestión de las subvenciones otorgadas a los grupos parlamentarios, relacionados con la normativa contable y de control aprobada por la Mesa de las Corts.

"Mucho o cierto retraso" en la presentación de las cuentas

Respecto a las subvenciones a los grupos parlamentarios, las normas reguladoras de la contabilidad y control de las subvenciones asignadas a los grupos parlamentarios de las Corts Valencianes, aprobadas mediante el Acuerdo de la Mesa de las Corts 1284/X, establecen que las cuentas anuales de las subvenciones recibidas y toda la documentación justificativa que se detalla en el anexo de las normas tienen que ser remitidas por el grupo parlamentario a la Mesa de las Corts antes del 15 de febrero. Con motivo de las elecciones autonómicas, ese ejercicio comprendió dos periodos.

En el periodo del 1 de enero a 25 de junio, si bien la normativa de las Corts no establece un plazo para presentar estas cuentas, la Sindicatura ha explicado que "todos los grupos presentaron inicialmente unas cuentas con mucho o cierto retraso", y ha destacado los retrasos de los grupos Popular, Compromís y Unides Podem. Ciudadanos no presentó las cuentas. Además, las cuentas de los grupos Socialista, Compromís y Vox eran "incompletas o con errores, lo que comportó que se rectificaran posteriormente".

Respecto al siguiente periodo, del 26 de junio a 31 de diciembre de 2023, los grupos Popular, Socialista y Compromís presentaron inicialmente unas cuentas con "mucho retraso respecto al plazo previsto de 15 de febrero de 2024". La Sindicatura ha destacado el retraso del grupo Popular y ha detallado que solo Vox las presentó dentro de plazo. Además, las cuentas de los grupos Socialista, Compromís y Vox eran "incompletas o con errores, lo que comportó que se rectificaran posteriormente".

Sobre los certificados de los grupos sobre estar al corriente en sus obligaciones tributarias y con la seguridad social, Ciudadanos no las presentó y los demás grupos lo hicieron fuera de plazo, destacando los retrasos de los grupos Popular, Socialista y Vox. No constan los certificados correspondientes a los grupos Compromís y Ciudadanos de la X legislatura. Los demás grupos los aportaron, si bien las fechas de emisión son anteriores o posteriores a las fechas de fin de la X legislatura y de cierre del ejercicio 2023. En la presentación de cuentas justificativas trimestrales, solo Vox y Compromís observaron los plazos de presentación. Los grupos Popular, Socialista y Unides Podem solo cumplieron el plazo en uno de los trimestres de 2023.

"Incongruencias" en las cuentas de los grupos

En el apartado de observaciones adicionales, el informe de la Sindicatura ha detectado "incongruencias en las cuentas presentadas" por los partidos. En el balance de las cuentas del final de la X legislatura del Grupo Popular, la cuenta de excedente dentro del patrimonio neto no refleja el saldo negativo que figura en la cuenta de resultados, por importe de 42.092 euros. Tampoco se reflejan los 'Excedentes de ejercicios anteriores' que figuraban en el balance al 31 de diciembre de 2022 por importe de 57.595 euros. "No hay justificación de estos descuadres", ha señalado el informe.

En las cuentas de la XI legislatura del Grupo Popular, el activo del balance de situación a 31 de diciembre de 2023 recoge una tesorería por importe de 306.706 euros, mientras que el certificado bancario adjunto a las cuentas anuales presentadas solo muestra un saldo de 38.706 euros, sin aportar una conciliación bancaria.

La auditoría también hace referencia a las cuentas del final de la X legislatura de Vox. El activo del balance asciende a 14.094 euros, mientras que el patrimonio neto y pasivo asciende a 29.750 euros. No hay justificación de dicho descuadre. Solamente el Grupo Socialista ha presentado cuentas anuales del ejercicio 2023 completo, aunque sin incluir la memoria.

Excedieron el plazo máximo en, al menos, 1,3 millones de euros

Por otro lado, en las conclusiones sobre cumplimiento de la legalidad, la auditoría ha detectado pagos que han superado el plazo máximo legal y deficiencias en los expedientes de contratación. Durante 2023 se han efectuado pagos que han excedido el plazo máximo legal previsto en el artículo 198.4 de la LCSP por un importe, estimado por la Sindicatura, de al menos de 1.317.198 euros.

Además, tres expedientes de contratación relativos al software de gestión de recursos humanos, los portátiles de los diputados y las licencias de Microsoft) contienen condiciones especiales de ejecución cuyo incumplimiento se califica de muy grave y contempla penalidades, pero no consta que se verifique su cumplimiento. Por ello, se desconoce si los contratistas las han ejecutado adecuadamente o no, y si las Corts tienen derecho a reclamar las penalidades correspondientes

En estos tres expedientes de contratación tampoco consta la existencia de documento donde se declare la ausencia de conflicto de intereses. En otro caso no se publicó en el perfil de contratante las actas de la mesa de contratación y el informe de valoración de las ofertas.

Pide medidas "correctoras o sancionadoras" ante los retrasos

El informe ha incluido tres recomendaciones para corregir estos incumplimientos: desarrollar una metodología para fiscalizar supuestos de sucesión de empresa, acordar medidas correctoras o sancionadoras por los retrasos en la presentación de cuentas trimestrales y anuales por los grupos parlamentarios y contabilizar adecuadamente los finiquitos e indemnizaciones a trabajadores. La Sindicatura de Comptes también ha destacado que, de las 17 recomendaciones realizadas en el informe de 2022, las Corts han aplicado una, han ejecutado parcialmente cinco y han dejado pendientes once.