VALÈNCIA. Nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) en el marco del caso Azud, que investiga entre otras cosas el cobro de presuntas comisiones ilegales a cambio de beneficios urbanísticos en favor del entramado mercantil del empresario Jaime Febrer por parte del Ayuntamiento de València durante el gobierno de Rita Barberá. La Guardia Civil ha confirmado sus indicios contra dos socialistas implicados en la conocida como 'operación colegios' : el entonces portavoz del PSPV en la oposición, Rafa Rubio, y el abogado vinculado a los socialistas valencianos José Luis Vera.
La 'operación colegios' es una de las ramas de la investigación del caso Azud. En ella, una de las empresas de Febrer, Mediterránea Actuaciones Integradas (MAI), asumió una deuda millonaria del Ayuntamiento de València, cuyo vicealcalde era el también investigado Alfonso Grau, a cambio de suelo residencial recalificado previamente y que, según la Fiscalía y la jueza, habría sido tasado por debajo de su valor real, lo cual habría provocado un perjuicio directo a las arcas municipales.
La Guardia Civil sitúa a Rubio, como líder de la oposición, y Vera, abogado relacionado con los socialistas valencianos, como facilitador e intermediario para que la operación saliera adelante. Todo ello, supuestamente, a cambio de presuntas mordidas ilegales procedentes del conglomerado empresarial de Febrer. El nuevo informe, remitido al juzgado de Instrucción 13 de Valencia, encargado de la causa, no hace sino apuntalar los indicios que ya existían contra ambos, además de hacer una cronología exhaustiva relacionada con la operación colegios.
- José Luis Vera
Hasta 750.000 euros para Rubio
Así pues, los agentes sostienen que el portavoz socialista "podía haber sido destinatario de una serie de comisiones de naturaleza ilícita que encontrarían su motivación en la operación urbanística que se investiga", la ya conocida como 'operación colegios'. Sospechas que surgen a raíz de una serie de anotaciones manuscritas en documentos internos de la empresa de Febrer que relacionarían las iniciales de Rafa Rubio ("R.R.") con "una serie de cuantías recogidas en una tabla de costes", presumidos como comisiones de naturaleza ilícita.
La Guardia Civil insiste en que estas cuantías "no solo hacían referencia" a cifras contables sino también a los pagos, "a su entrega" efectiva. La documentación que obra en manos de los agentes permite inferir, señalan en su dossier, que "con motivo de la operación desarrollada entre la mercantil MAI y el Ayuntamiento de València", Rubio "habría sido destinatario de una comisión" que oscilaría entre los 300.000 y los 750.000 euros. Dinero que habría sido abonado en efectivo al entonces portavoz socialista.
Hay dos cuestiones que levantan las sospechas de los agentes sobre el período a partir de mediados de 2007. Por un lado, que Rubio y su mujer alquilaron una caja fuerte de seguridad en una sucursal bancaria de València. Y por otro, que a partir de aquel momento también se detecta "un cambio en la dinámica de los movimientos" de las cuentas bancarias del núcleo familiar, y se empiezan a observar "un gran número de imposiciones en efectivo".
Estos ingresos de dinero en efectivo "de origen desconocido" y "su integración en el circuito financiero a través de operativas que pretendían encubrir su origen" es lo que reviste indicativo de estas supuestas comisiones. Las imposiciones se produjeron con bastante intensidad entre 2007 y 2010: el informe de la UCO registra 45.000 euros el primera año; 62.000 en 2008; 54.000 al año siguiente; y 28.000 en 2010, siguiendo el resto de años hasta 2013 con ingresos mucho más pequeños.
La suma de estos ingresos asciende a 197.000 euros y los agentes ponen la atención en varias cuestiones que comparten muchos de los abonos en efectivo realizados en las cuentas. Una gran cantidad de los mismos se realizaban por debajo del umbral de 3.000 euros para evitar así que pudieran saltar las alarmas antiblanqueo de la entidad bancaria, pero además, las imposiciones se llegaron a hacer durante días consecutivos y muy cercanos en algunos casos.
Hasta 150.000 euros para Vera
En cuanto a Vera, considerado uno de los intermediarios de la trama junto al cuñado de la alcaldesa de València, José María Corbín, la UCO considera que fue receptor de dos cuantías según los documentos requisados, con anotaciones de un importe conjunto de 150.000 euros. "Las dos cuantías reflejadas [...] se le habrían hecho llegar a través de dos vías", recoge el informe de la Guardia Civil: por un lado, a través de la empresa Somalo Tres (50.000 euros), y por otro, mediante facturación a la compañía Vera Llorens SLU (100.000 euros).
