VALÈNCIA. El papel de los ayuntamientos el día de la Dana sigue todavía en un segundo plano, centrada la investigación judicial en la actuación de la Generalitat Valenciana por el aviso "tardío y erróneo" a la población. Los municipios son también agentes implicados en las tareas de vigilancia de cauces y barrancos. Así figura en el Plan Especial de Inundaciones y así lo ha dejado negro sobre blanco la propia Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) a la hora de hablar de la responsabilidad en esta tarea.

El informe remitido por el organismo de cuenca a la comisión de investigación de la Dana en Les Corts Valencianes responde a numerosas preguntas del paralmento entre las cuales está la remisión de "todos los protocolos que regulan la actuación de la entidad en el caso de las alertas por fenómenos meteorológicos". Ante ello, la Confederación apunta que sigue el Plan Especial de Inundaciones, y que para el seguimiento de ramblas, barrancos y zonas inundables por lluvias, "siendo que se trata de cauces normalmente secos, que experimentan gran torrencialidad, debido a las fuertes pendientes y corto recorrido, generan avenidas en muy corto espacio de tiempo, lo que, unido a la escasa infraestructura de puntos de control, condiciona la sistemática del seguimiento pluviohidrológico y la alerta hidrológica".

"Por ello, el seguimiento pluviohidrológico en ramblas y barrancos, debido a la rapidez con que se generan las crecidas, es imposible sin la total colaboración de los ayuntamientos, siempre apoyados desde los CCEs (centro de emergencias)", apunta el documento, según el cual "es básico, por lo tanto, que exista una buena sistemática de transmisión de la información entre los ayuntamientos de una misma cuenca fluvial, y que estos pongan en marcha su propio Plan de actuación municipal frente a inundaciones".

En estos casos, señala que la CHJ "no es quien realiza el seguimiento, sino quien, previa petición del centro de emergencias, contrasta la información que llega a éste". Ese es el motivo por el cual, insiste elinforme elaborado por el organismo, en algunos barrancos hay puntos de control, que no son estaciones de aforo, sino sensores de nivel que "son muy vulnerables en una crecida de gran magnitud". Así, destaca que el centro de emergencias ha de realizar el seguimiento "con la información que recabe de todos los agentes implicados, no sólo la CHJ", entre ellos los propios municipios o los bomberos.

Cabe recordar que el último informe remitido por la Generalitat Valenciana a la jueza de la Dana señala de una forma poco velada que la mayoría de los municipios no constituyeron sus centros de coordinación de emergencia (Cecopal) pese a que tenían la obligación de hacerlo. La Conselleria de Emergencias, en su informe, contesta sobre los requerimientos que hizo a los ayuntamientos para que constituyeran sus Cecopal, puesto que aquel día sólo se reunieron los de tres localidades: València, Algemesí y Aldaia.

Al respecto, la Conselleria señala que el día 28 recomendó a los municipios mantener "la necesaria atención y seguimiento de todos los avisos que emita durante esos días el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat con la finalidad de activar con antelación los planes municipales ante el riesgo de inundaciones y los planes territoriales y establecer las pertinentes medidas preventivas en sus respectivos ámbitos".

Además, recuerda que según el Plan de Inundaciones, la constitución del Cecopal es "potestativa del alcalde" en los casos de preemergencia y emergencia de nivel 0, pero en la emergencia 1 y 2 como se llegó aquel día, la constitución es "obligatoria". De esta manera, todos los municipos en esta situación deberían haberlo constituído y no lo hicieron. Cabe recordar que, por el momento, la jueza de la Dana no ha visto responsabilidad penal en la actuación de los ayuntamientos, si bien ha citado como testigos a los numerosos alcaldes y alcaldesas.

En el procedimiento judicial, un informe pericial presentado por la Asociación de Damnificados Horta Sud señalaba a todas las administraciones por diferentes incumplimientos, también a los ayuntamientos. Sobre ellos, apuntaba a la responsabilidad municipal porque los ayuntamientos afectados de más de 20.000 habitantes "incumplen sus obligaciones legales" al no disponer de servicios de Protección Civil. "Muchos de ellos disponen de planes de emergencia paupérrimos, desactualizados, y no hemos tenido acceso a los planes municipales de prevención de avenidas e inundaciones", reflejaba el informe, que insistía en que "todos los municipios" participaron de una "clara y evidente negligencia por pura desidia" antes y durante la emergencia, pues "no disponen de las estructuras mínimas que permitan la anticipación y aplicación de un nivel de preemergencia municipal en la protección eficaz de sus ciudadanos".

Por el momento, están citados a declarar en la instrucción que sigue el juzgado 3 de Catarroja una veintena de alcaldes y alcaldesas, todos ellos como testigos. La jueza que instruye la causa ha dejado claro por el momento que no ve responsabilidad penal en la actuación de los ayuntamientos al centrar exclusivamente el tiro en el aviso "tardío y erróneo" que remitió la Generalitat Valenciana a la ciudadanía, un aviso que llegó a las 20.11h, cuando ya decenas de personas habían fallecido por la riada.