VALÈNCIA. Más de 2.000 negocios devastados por la Dana de 2024 siguen cerrados a día de hoy, según cálculos de la Cámara de Comercio de Valencia. Muchos de esos autónomos (además de aquellos que sí han conseguido reabrir sus puertas) han estado esperando durante los últimos diez meses que el Gobierno cumpliera su palabra de aprobar la extensión del cese de actividad con carácter excepcional para que pudieran seguir recibiendo una prestación más allá de los primeros tres meses que contempla la normativa.

Para muchos de los autónomos, la aprobación de esta medida llega tarde. La Asociación de Trabajadores Autónomos de la Comunitat Valenciana (ATA-CV) destaca que eran 5.000 los profesionales que necesitaban que el Gobierno aprobara la extensión del conocido paro de los autónomos. "Ahora son muchos menos, bien por los negocios que han cerrado o por los que ya no lo necesitan", explican desde la asociación a Valencia Plaza.

Las dificultades se reflejan en testimonios concretos. Nany, propietaria de un comercio de moda en Picanya, relata cómo tuvo que sostener su negocio con donaciones privadas y parte de la indemnización del Consorcio. "Estuvimos sólo tres meses con la prestación por cese de actividad y no ha sido hasta hace un mes cuando he reabierto la tienda", explica la profesional, que durante estos últimos meses tuvo que pagar la cuota de autónomos con ahorros que le dieron sus padres.

"Yo he estado pagando autónomo durante once meses sin facturar. Con las donaciones privadas, como la de Roig y Cáritas, que fueron 15.000 euros en total, he hecho frente a los gastos. El Consorcio tardó seis meses y aún no he cobrado la ayuda de Delegación de Gobierno ni la de la Generalitat", explica Nany, quien dedicará todo el importe que reciba ahora de manera retroactiva a cubrir parte de las deudas que ha contraído para poder reabrir las puertas de su tienda de ropa.

Nany destaca que las cantidades recibidas por los daños han sido insuficientes para cubrir los gastos acumulados y las obras necesarias para volver a la actividad. "Me concedieron la ayuda de Ara Empresas, de 50.000 euros, y mi lista de daños era de 160.000. El Consorcio me dio 123.000 y se suponía que el Estado lo complementaría, pero esa parte no me llegó. Además, como el Consorcio no paga el IVA, necesité 33.000 euros más para afrontar todo el coste de la reforma", señala.

La emprendedora, que lleva once años al frente de su negocio, denuncia la complejidad y los costes asociados a la tramitación. "Hace tres semanas recibí una notificación de la delegación de Gobierno diciendo que empezarían a estudiar mi caso y que tendrían seis meses para dar una respuesta. Una de las cosas que me pedían era el permiso de obras, que fui a solicitar al ayuntamiento y me cobraron 2.200 euros. Salí del Ayuntaiento llorando, es todo tan injusto. Las instituciones nos han abandonado", lamenta.

Otros casos se asemejan al de Rafa, pastelero en Aldaia que todavía no ha podido reabrir. Según cuenta, la tardanza de las ayudas ha sido un lastre. "Hay muchos que necesitábamos que se aprobara la extensión de la prestación porque no hemos podido abrir. Que jueguen con eso como si no quisiéramos abrir, como si no hubiéramos vuelto a la actividad por elección propia, es un poco fuerte", indica.

Para Rafa, la aprobación de la prestación por cese de actividad con carácter retroactivo "puede ser una ayuda", pero, según indica, "hubiera venido mejor antes". "Imagínate los líos de obra y gestión que tenemos encima como para pensar que no nos van a prorrogar el cese de actividad", añade.

Un cese de actividad que se prometió para el 1 de febrero

El presidente nacional de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Loenzo Amor, celebró este martes que el Gobierno, "aunque haya sido diez meses después de reclamarlo y que se comprometiera a ponerlo en marcha", haya anunciado que el Consejo de Ministros haya aprobado extender con carácter retroactivo el cese de actividad a los autónomos de la Dana.

"El problema es que ahora, después de diez meses, los autónomos han cerrado y prácticamente nadie se va a poder acoger a ese cese de actividad que se tenía que haber empleado desde el 1 de febrero", añadió Lorenzo Amor, que afirmó que "este no es el camino".

Los datos recabados por Cámara Valencia indican que cerca de la mitad de los negocios de los municipios de la zona cero ya ha recuperado el nivel de actividad previo a las inundaciones, aunque poco más del 40% todavía mantiene un nivel de actividad inferior al de antes de la riada. El dato más positivo en este punto es que el 9,7% de los locales afirman que su volumen de negocio ha aumentado tras las inundaciones. 

Respecto al impacto económico de los daños de la Dana en el sector servicios, los datos de Cámara Valencia revelan que más de la mitad de los negocios sufrió un impacto estimado de entre 30.000 y 100.000 euros. "El impacto financiero para las micropymes y autónomos ha sido severo, y ha puesto en riesgo la continuidad de muchos negocios", indica el informe. "Por término medio, los comercios afectados han permanecido doce semanas cerrados para realizar las reparaciones", añade el documento que cifra en 61.000 euros la media de daños por cada local, aunque la factura supera los 100.000 euros en uno de cada diez negocios.

El informe es especialmente crítico en la "saturación" administrativa y "los retrasos" en la gestión y el desembolso de las indemnizaciones de los seguros y las ayudas públicas. Un hecho que "estrangula" la capacidad de inversión de autónomos y empresas en un contexto de reactivación posdana. Ante ello, Cámara Valenciana reclama mayor "agilidad financiero-administrativa", inversión en infraestructuras y competitividad.